En medio de los anuncios oficiales de reactivación de la industria petrolera, Venezuela enfrenta una tensión profunda: la necesidad de recuperar ingresos en un contexto de sanciones versus los históricos impactos ambientales de la actividad extractiva. Marhylda Rivero, investigadora del IVIC, propone una mirada que evita tanto el catastrofismo como la complacencia, y pone el foco en las herramientas con las que el país cuenta para enfrentar este desafío.

Fotografías: Edgar Jiménez, Ricardo Pose y Archivo PDVSA

Caracas, Venezuela.– La agenda petrolera venezolana ha vuelto al centro del debate público. Tras años de caída de la producción, agravada por las sanciones internacionales, el Gobierno ha anunciado un nuevo impulso a la explotación de crudo. La promesa es clara: recuperar ingresos, normalizar la vida económica y satisfacer las necesidades básicas de la población. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del planeta, aspira a pasar de ser un país con reservas a convertirse en un gran productor. Pero la historia reciente también siembra preguntas incómodas: ¿qué pasará con los territorios? ¿Qué ocurrirá con las comunidades que durante décadas han vivido la cara más dura de la industria petrolera?

Para abordar estas preguntas, Ceiba conversó con Marhylda Victoria Rivero Corona, científica miembro del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y del Laboratorio de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Rivero, quien recientemente coordinó, junto a Raúl Olmedo y Adriana Gómez, el estudio Prefigurar el futuro. Dinámicas extractivistas y energéticas en clave latinoamericana, no se ubica en la vereda de la catástrofe anunciada ni en la del optimismo acrítico. Desde su doble condición de madre venezolana que ha padecido la crisis y de investigadora especializada en conflictos socioambientales, propone una lectura matizada: el nuevo impulso petrolero es inevitable dadas las circunstancias, pero Venezuela cuenta con fortalezas legales, comunitarias y científicas que podrían marcar la diferencia.

Esta entrevista recorre esa tensión, desde el impacto de las sanciones sobre la infraestructura y el ambiente, pasando por el doloroso historial de daños a comunidades petroleras, hasta llegar al núcleo de su argumento: la existencia de un marco legal que pone la naturaleza en el centro y un Poder Popular organizado que ha conquistado derechos y no está dispuesto a cederlos. El nuevo impulso petrolero, advierte Rivero, no encontrará un territorio vacío ni desarmado. En ese cruce, identifica experiencias concretas de articulación entre ciencia y saberes populares que podrían servir de modelo para los nuevos desafíos.

Dices que quieres posicionarte desde los escenarios de esperanza, desde lo que se está construyendo. Para entender eso, necesitamos saber desde dónde hablas cuando piensas en esa construcción.

Lo primero que debo decir es desde dónde voy a hablar, y eso tiene dos partes.

La primera: soy venezolana, soy madre. Desde ese lugar, he vivido lo que ha significado ser venezolana en este tiempo, sentir la crisis producto de las sanciones, tener que sortear diversos trabajos para poder sobrevivir y sostener parte de la familia. Desde ese punto de vista tengo algunas demandas particulares.

Pero también, como investigadora interesada en conflictos socioambientales, tengo una mirada crítica que se confronta con esa otra visión en la que entiendo y veo claramente el peso que tiene la reactivación, la recuperación, el reimpulso de una actividad como la petrolera, y el peso que eso tiene sobre los cuerpos y los territorios.

Ese peso sobre cuerpos y territorios no puede entenderse sin el contexto geopolítico. ¿Qué significó el 3 de enero para esa ecuación?

No podemos negar lo ocurrido, el escenario, las condiciones en las que este planteamiento se está realizando. Hablo de un escenario post 3 de enero, de haber sido atacados por una potencia extranjera en medio de una guerra mundial, donde lo que también está en juego es la obtención de petróleo para movilizar toda esa industria armamentista, toda esa industria bélica.

Dicho esto, creo que para el caso de Venezuela el tema ambiental se confronta con una gran demanda de la población: querer normalizar la vida, poder satisfacer las necesidades cotidianas, tener mejor capacidad adquisitiva, solventar los problemas de los servicios básicos.

Ahora, ¿cómo llegamos? No me quiero situar desde el punto de vista de la catástrofe −que ya está bien documentada y de la que muchos colegas han hablado−, quiero posicionarme desde la pregunta por los escenarios que existen frente a eso, los escenarios de esperanza, las posibilidades que hay para construir a partir de lo que se está haciendo.

Desde esa mirada crítica que mencionabas, ¿cómo analizas este nuevo impulso petrolero en el contexto global?

Desde el tema de los conflictos socioambientales, creo que no podemos negar que la reactivación petrolera está asociada a una conflictividad mucho más amplia que ocurre a nivel global.

Vemos las tensiones cada vez más intensas por la obtención de recursos naturales, vemos confrontaciones entre quienes plantean transitar energéticamente hacia un modelo societal pensado desde Europa principalmente, sin contemplar cómo eso va a calar en países como los nuestros.

Lo que está detrás del discurso de la transición energética es generar tecnologías limpias, lo que requiere extracción de altos volúmenes de minerales. Eso se confronta con lo que sería la descarbonización de la sociedad y con lo que representa para países como Venezuela, cuya base material está principalmente en la producción de petróleo. En esa dimensión, la naturaleza queda atrapada, el tema ambiental queda atrapado, la sociedad queda atrapada.

Ese no es un escenario nuevo para Venezuela. ¿Qué antecedentes tenemos?

Si analizamos los planteamientos de años anteriores, incluso antes de las sanciones, podemos ver que tuvimos entre las metas la producción de cerca de seis millones de barriles diarios de petróleo. Fue una meta que no pudimos alcanzar, aunque llegamos a producir cerca de 3,7 millones. La Revolución Bolivariana tuvo como propuesta saldar la deuda social a partir de la distribución de la renta petrolera. Es decir, este escenario ya había estado planteado antes, pero las condiciones que hoy tenemos no son las mismas. ¿Qué significó dejar de producir esa cantidad y llegar a picos de 300 000 barriles diarios? Por un lado, contribuyó a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hay otros impactos ambientales que no han sido calificados.

Las sanciones, entonces, ¿agravaron esos impactos?

Las sanciones impidieron que invirtiéramos en infraestructura petrolera. Al no haber inversión tecnológica, hay una pérdida de capacidades, no están ya al máximo. Las tecnologías funcionan mal; por ejemplo, al estar detenidas por años, las tuberías por donde se cuela el petróleo sufrieron daño. Además, las sanciones impactaron no solo en infraestructura y tecnología, sino en la posibilidad de que personas pudieran mantenerse en puestos de trabajo. Muchas con años de experiencia y capacidades tuvieron que emigrar.

Sí tuvo un impacto en el medio ambiente, en los procesos de refinación, en cómo se quema el combustible. Incluso, en términos de capacidades, Venezuela había avanzado en tecnologías propias para biorremediar suelos impactados por crudos. La posibilidad de dar continuidad a esos proyectos se ve mermada cuando no hay inversión en el desarrollo científico y tecnológico del país.

Sin embargo, mantienes la idea de que hay fortalezas. ¿Cuáles son?

Yo diría que las condiciones no son exactamente las mismas. Podemos ver qué oportunidades hemos construido durante los últimos años para atender y contrarrestar parte de esos efectos. Lo primero es el marco legal. Hemos dado pasos en la revisión de marcos legales, y no solo en el tema ambiental. Una de las cosas importantes que ocurrió fue colocar la naturaleza en el centro de las decisiones políticas, con la creación de un ministerio, con normativa.

Otro punto es el avance del Poder Popular. Tenemos leyes que favorecen que las comunidades tengan decisiones sobre su territorio, que puedan participar en consultas. Hay un marco legal que favorece que las personas participen en las decisiones que las afectan. Eso hay que colocarlo sobre el tapete, porque si hablamos de justicia, hablamos de justicia social, ambiental y cognitiva.

Desde el punto de vista simbólico, está el reconocimiento de las diversas identidades en los territorios, la posibilidad de que la gente se reconozca con orgullo, que un pescador pueda decir «soy pescador y lo digo con orgullo», «soy indígena y lo digo con orgullo». Esa identidad de orgullo es otra fortaleza que le permite a la gente defender derechos conquistados alineados con las prácticas y saberes de los territorios.

Has mencionado el caso de Punta Cardón como ejemplo de los impactos históricos de la industria petrolera. Pero también has usado ese mismo caso para hablar de algo más: del conocimiento de las comunidades y de cómo fue subestimado. Cuéntanos esa historia completa.

Cuando participé en la investigación sobre la conflictividad socioambiental asociada a la industria petrolera en zonas aledañas a la refinería de Punta Cardón, pude ver de cerca lo que ha significado vivir al lado de esa industria durante décadas.

Ahí, si siguesla historia, desde que se asientan las petroleras hasta que se construyen las refinerías, ves distintos impactos ambientales: contaminación del agua, del suelo y del aire. Cuando aguas contaminadas llegan al consumo humano, cuando la gente come alimentos contaminados hay consecuencias como malformaciones congénitas, incremento de cáncer, enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, entre otras. En las personas hay un incremento de intoxicación por presencia de metales pesados.

Por otro lado, está lo que significa tener que vivir al lado de grandes mechurrios toda la vida. Cuando se construyó esa infraestructura, la comunidad se tuvo que desplazar, eso generó una desestructuración, una ruptura del tejido social. Muchos tuvieron que emigrar. Los que lograron quedarse, en una comunidad que vivía de la pesca, vieron afectada su forma de sustento, no solo porque se reconfiguró una economía alrededor de la industria petrolera, sino porque hubo una pérdida de especies. La gente no pescaba igual, tenía que movilizarse a otras zonas y eso chocaba con otros pescadores.

Pero hay algo más que aprendí de los pescadores, y es quizá la lección más importante. Ellos nos relatan en entrevistas su historia en torno al período en que se construyó la refinería. Los ingenieros decían cómo iban a hacer las tuberías y los pescadores, por su experiencia, daban unas recomendaciones: hacerlo de una manera determinada, porque conocían el comportamiento del mar, de los peces, de las corrientes. Pero los propios pescadores no valoraron sus conocimientos en ese momento. Pensaban: «Ellos son técnicos, son ingenieros, ellos saben lo que hacen».

Ese conocimiento experto subestimó los conocimientos populares. Construyeron las tuberías de una forma que generaba un ruido que espantaba a los peces, les hacía sombra e impedía que llegaran a esa parte del Golfete [de Coro]. La pesca se acabó.

Hoy, con una valoración distinta, con comunidades que reconocen su conocimiento, que se sienten orgullosas y saben que pueden aportar, y con un conocimiento técnico que empieza a decir «vamos a sentarnos», las cosas podrían ser diferentes. Aun cuando haya espacios de resistencia, creo que hay un ambiente mucho más propicio para esas articulaciones.

En concreto, respecto a las empresas extranjeras que puedan venir a explotar el petróleo, ¿hay condiciones para exigirles una suerte de carta medioambiental?

Evidentemente cualquier empresa que venga a nuestro país tiene que saber que tenemos un marco legal. Tenemos dos aspectos: el político, en medio de lo que ha significado el escenario post 3 de enero, pero también tenemos unos derechos conquistados en el territorio. La gente no está dispuesta a perderlos, va a pelear por defenderlos. Principalmente pasa por la participación, por exigirles a las empresas que respeten las normativas y las leyes venezolanas.

En esa articulación entre conocimiento popular y decisiones técnicas, ¿qué espacio ocupa hoy la comunidad científica?

Hoy la ciencia y la tecnología han tenido más fuerza, con la fortaleza que se les ha dado a instituciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el IVIC, el IDEA.

Durante los últimos años se han instalado muchas mesas técnicas en las que se han combinado capacidades expertas y no expertas; han dado experiencias como la Alianza Científico Campesina o la Cayapa Heroica. Allí se combinan saberes no solo científicos, sino populares. Para trabajar el tema de la papa, las comunidades plantearon actividades agroecológicas y se combinaron capacidades para producir semillas. Del mismo modo en la Cayapa Heroica, para la reparación de equipos en hospitales. Son muestras de que sí se puede.

En la experiencia de la Comunicación Nacional para el Cambio Climático del Ministerio de Ecosocialismo, se reunieron diversas capacidades científico-técnicas, instituciones, personas incluso con diversas posturas, para trabajar en una comunicación nacional. Es decir, tenemos experiencia que nos da indicios de que podemos articular, de que cada vez más se toma en cuenta no solo el conocimiento científico, sino los conocimientos de las comunidades.

Eso también va a depender de qué tanto la sociedad puje por participar…

Exactamente. Eso va a depender de qué tanto nosotros pujemos para participar en esas discusiones, porque el marco político está dado para que eso suceda. Todavía tenemos un proyecto político que aboga por la democracia participativa y protagónica, por las consultas a las comunidades. Si tenemos eso, entonces queda de nosotros decir: vamos a armar estos espacios, nosotros también tenemos cosas que decir y podemos demostrarlo. No desde la confrontación, que no dudo que esté, pero vamos a encontrarnos a ver cuáles son los puntos en común sobre los cuales podemos construir propuestas.