A pesar de las amenazas y las agresiones que se siguen registrando en contra de miembros de la prensa en Michoacán, un grupo de periodistas ha decidido enfrentar a sus agresores directamente, denunciando a quienes intentan impedir la libertad de expresión, como una forma de combatir la impunidad y cobrar caro el precio de la censura.

Fotografías: Félix Madrigal y Rodrigo Caballero

Michoacán, México.- Derivado del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, una serie de protestas inundaron las calles de todo México, mostrando el hartazgo de la población ante la ola de violencia que sigue afectando a todos los mexicanos.

Durante varias semanas, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, en marchas convocadas a través de redes sociales que, por primera vez, lograron aglutinar diversos movimientos en contra de la política de seguridad del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego del homicidio –ocurrido el 1 de noviembre de 2025– diversas organizaciones, partidos, colectivos y público en general se sumaron a las protestas que llegaron a su pico el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Alrededor de 17 mil manifestantes abarrotaron la plaza, en la que se registraron enfrentamientos con la policía dejando un saldo oficial de ciento veinte heridos, entre oficiales y civiles, así como veinte detenidos.

Los enfrentamientos con las fuerzas policiacas caracterizaron las protestas en diversos lugares del país, pero también los casos de abuso de autoridad y represión por parte de fuerzas del orden. Las embestidas han sido calificadas por testigos de las manifestaciones como innecesarias, caóticas, indiscriminadas e incluso premeditadas.

Entre ellos están los periodistas, quienes no solamente presenciaron los sucesos de primera mano, sino que también fueron víctimas de la policía, que no diferenció entre la prensa y las personas manifestantes. Arremetió en contra de todos los que estaban en la calle, inclusive quienes solamente iban pasando por ahí, sin pertenecer a ningún grupo.

Del mismo modo se comportaron los elementos de la Guardia Civil, la corporación policiaca en el estado de Michoacán, quien se encargó de la contención de los manifestantes a través de su Agrupamiento para el Restablecimiento del Orden Público (AROP).

A lo largo de tres semanas, en las protestas consecutivas que se suscitaron en la ciudad de Morelia, los miembros de AROP se caracterizaron por el nivel de violencia con el que respondieron a las marchas. Terminaron arrestando a civiles inocentes y agrediendo directamente a miembros de la prensa sin motivo alguno.

El asedio del palacio

Todo comenzó con una serie de protestas el domingo 2 de noviembre de 2025. Los manifestantes se dieron cita en la avenida Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia. La marcha pacífica se convirtió en una batalla campal que se extendió hasta el interior del Palacio de Gobierno del estado de Michoacán.

Una docena de manifestantes traspasaron las puertas del palacio e ingresaron al recinto rompiendo lo que encontraron a su paso. Fueron alcanzados y sometidos por miembros del AROP, quienes arremetieron con macanas, gas pimienta, marcadores de gotcha e, incluso, pedazos de madera de muebles rotos.

Hasta ahí ingresó la periodista del portal Quadratín y el portal Contramuro, Dalia Villegas Moreno, quien grabó las detenciones con su celular y documentó la forma en que los policías se desquitaron con los manifestantes, una vez que ya se habían rendido.

“Si ya se rindieron, si ya están sometidos, ¿por qué los siguen golpeando en el suelo? Eso es lo que a mí me motivaba a seguir ahí, pensar que era necesario difundir esas imágenes, para que se supiera lo que les estaba pasando a esos jóvenes, luego de que fueron detenidos”, detalló la reportera.

Con esa duda se acercó al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, quien inmediatamente le arrebató su celular y ordenó su detención, a pesar de que Dalia se había identificado como periodista desde el primer momento.

“No daba crédito de lo que estaba pasando. Me sometieron, me torcieron mi brazo izquierdo, me lastimaron, hubo varios momentos con agresiones por parte de los policías, y luego la retención por más de 15 minutos en los que me obligaron a borrar el material, afortunadamente gracias a una compañera lo puede recuperar”, narró Villegas Moreno.

La periodista aseguró que doce oficiales la rodearon y exigieron que eliminara todos los videos y fotografías que había tomado, de lo contrario no la iban a dejar ir y la iban a golpear de la misma forma que a los manifestantes que estaban ya tirados en el patio principal del recinto.

Luego de la agresión, Dalia pudo salir tras eliminar el material de video, aunque momentos más tarde pudo recuperarlo con ayuda de un software y difundirlo. En el video de un minuto con cuatro segundos se ven varias detenciones y el momento en que le quitan su equipo de trabajo, así como las primeras amenazas mientras tapan la cámara del celular.

“Un servidor público no se puede ir impune, después de agredir a un periodista de esa manera. Tenemos que cambiar esa estructura de impunidad, porque no me ofendió solo a mí, ofendió a nuestro gremio y violentó los derechos de la sociedad en general, que tenía derecho a ver qué les estaba pasando a los detenidos”, dijo.

La agresión fue encabezada por Carlos Oseguera, quien irónicamente tiene una maestría en Derecho Civil con enfoque en Derechos Humanos y ahora enfrenta un proceso judicial por los delitos de abuso de autoridad, robo e intimidación. Fue separado de su cargo por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El proceso contra el exfuncionario está a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual absorbió el caso un día después de la toma de palacio.

“No me arrepiento de haber entrado a Palacio de Gobierno, porque yo no ingresé a causar ningún daño, no violenténinguna norma, porque pasé a un edificio público a documentar las detenciones y el abuso de autoridad flagrante que estaban cometiendo los policías. Y al final de cuenta ese es nuestro trabajo, estar en el lugar y ser los ojos de la sociedad”, detalló Dalia Villegas.

La embestida fue directa

Las marchas continuaron durante varias semanas y para el 15 de noviembre de 2025 ya habían alcanzado fama internacional al entremezclarse con las protestas de jóvenes en Nepal, que derivaron en la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, mejor conocidas como las protestas de la Generación Z, caracterizadas por el uso de la bandera del anime One Piece.

En Morelia las protestas fueron casi diarias, con la participación de estudiantes, jóvenes y militantes de diversos grupos políticos, así como miembros de la sociedad en general e integrantes del Movimiento del Sombrero, el grupo político independiente que había creado el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo.

Aquel sábado 15 de noviembre los oficiales de policía resguardaban metros de vallas metálicas que fueron colocadas con el temor de una nueva irrupción dentro de Palacio de Gobierno. Pero, según periodistas que habían estado cubriendo las manifestaciones, eran cada vez más violentos con la prensa y las personas en general.

“Los policías estaban cansados, eso lo entiendo, son seres humanos, de tiro por viaje los estuvieron llevando a las manifestaciones diariamente y al gobernador, al secretario de seguridad no les importaba. Entiendo, pero no los justifico, porque para eso están entrenados y para eso deben tener una certificación”, aseguró la reportera Liliana Jiménez Nieto.

Liliana, mejor conocida entre sus compañeros como “La Sujeta”, tiene más de treinta y cinco años de carrera en el periodismo y trabaja para más de treinta medios de comunicación a los que alimenta con la llamada nota roja, donde se narran los hechos violentos que suceden en el estado.

“Yo casi no cubro marchas, pero por lo que se había dado del asesinato de Carlos Manzo, era necesario cubrir, por ser un tema de mucho interés tanto nacional como internacional. Michoacán era otra vez el ojo del huracán y diariamente la gente salía a expresar su hartazgo por la violencia”, relató “La Sujeta”.

Sin embargo, notó que las agresiones contra la prensa durante las manifestaciones eran directas y que los policías del frente tomaban la iniciativa de realizar detenciones arbitrarias ante la falta de mandos medios y altos en el lugar de las protestas.

“Ya había habido agresiones contra nosotros. Un día antes los policías nos dispararon con balas de goma sabiendo que éramos de prensa, porque éramos los únicos que estábamos del lado donde abrieron fuego, todos los demás estaban en otro lado y no les importó, nos dieron directamente. Desde ahí vimos que ya había algo contra la prensa”, recordó la reportera.

“Los antimotines se iban en contra de nosotros, directamente se iban sobre nosotros. Eso definitivamente no se había visto. Como que nos estaban cazando a los de la prensa para ver cómo nos pegaban, era con alevosía y ventaja, entonces nos tenían bien identificados y nos iban a chingar en pocas palabras”.

El sábado 15 por la tarde, los oficiales sin mandos a la vista comenzaron a detener jóvenes en la calle principal de la ciudad, luego de que un grupo de muchachos los había incitado. Sin embargo, entre la gente era imposible saber quiénes habían agredido a los policías y quiénes eran manifestantes pacíficos, así como quiénes solamente iban circulando por la avenida Madero.

“Unos diez o quince muchachos llegaron a la valla a amedrentar y los policías fueron los que les aventaron cosas, se lanzaron a perseguirlos, pero yo creo que no alcanzaron a ninguno, detuvieron a quienes pudieron y cuando quisimos tomar fotos fue cuando nos empezaron a aventar con los escudos”, relató.

“Los policías nos avientan con los escudos y entonces yo lo que hago es aventarlo a uno, le digo que se espere, que vea que somos prensa y en eso es cuando él me golpea con el escudo a mí, avienta mis lentes y mi teléfono, entonces empiezo a sangrar y no puedo ver directamente quien fue el que me había agredido”.

“Cuando estás cubriendo un asunto puede pasar cualquier cosa si es accidental, pero en este caso fue una agresión vil, de manera directa. No debería de ser y no culpo tanto al policía, culpo a los mandos porque no había una cabeza y cuando no hay una cabeza realmente hacen lo que quieren, es un desorden total”, aseguró “La Sujeta”.

Luego de la agresión se trasladó al hospital donde recibió tres puntos de sutura en la ceja izquierda. Además de las lesiones, su teléfono quedó destruido y, aunque pudo reponerlo, decidió proceder con la denuncia en contra de quien resulte responsable por el delito de lesiones.

“Esto no fue un incidente, fue una agresión directa, fue una situación muy desafortunada en la que se notó que los policías no tienen idea del trabajo que hacen los medios y a mí me tocó estar ahí desafortunadamente, pero pudo ser peor”, dijo Liliana, quien aseguró que está buscando que su denuncia vaya directamente en contra de los mandos del Agrupamiento para el Restablecimiento del Orden Público por no haber estado ahí junto a los oficiales.

“Ojalá que no se tome únicamente como un hecho aislado, que no se recuerde nada más como una anécdota y así nos sigan agrediendo y nadie haga nada. Si al Gobierno no le interesa la prensa, a nosotros como gremio sí nos debe interesar protegernos, es tiempo de que nos unamos sin cuestiones políticas para que se protejan nuestros derechos”, aseveró.

Hasta las últimas consecuencias

El lunes 3 de noviembre de 2025, un día después de la agresión contra Dalia Villegas y la irrupción en Palacio de Gobierno, el director del portal PCM Noticias, Rodrigo Sandoval Fernández, se encontraba con su hermano cubriendo la segunda marcha en protesta por el homicidio de Carlos Manzo.

Sandoval estaba entrevistando a jóvenes que participaban en las protestas y eran cada vez más visibles por sus consignas y sus exigencias de falta de seguridad y acceso a una vida libre de violencia, que eran la piedra angular de las manifestaciones.

“Había tiempos en los que los policías parecían tener autorización de realizar detenciones aleatorias y arbitrarias. Entonces cada 45 minutos o una hora u hora y media, los policías se lanzaban a detener jóvenes, sobre todo”, detalló Rodrigo Sandoval, quien tiene casi ocho años como periodista en Michoacán.

Los reporteros habían entrevistado a una muchacha que había denunciado la insensibilidad del Gobierno de Michoacán ante el asesinato de Carlos Manzo, lo que la puso en la mira de los oficiales del Agrupamiento para el Restablecimiento del Orden Público (AROP).

A la siguiente embestida, tres mujeres del AROP se lanzaron contra la muchacha y la sometieron agarrándola del cabello para llevársela al interior de Palacio de Gobierno, donde la SSP resguardaba a todos los jóvenes que habían detenido.

“Cuando veíamos que detenían personas lo que hacíamos era documentarlo, les preguntábamos su nombre y su edad para que sus familiares pudieran ver los videos y saber que los habían detenido, porque algunos los estaban metiendo a Palacio de Gobierno y otros los sacaban por otras calles”, relató Rodrigo Sandoval.

En eso estaba cuando se le acercó por detrás el titular del Agrupamiento de Mandamientos Judiciales, un funcionario administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de nombre Luis Martiniano Pedraza Salazar.

“Me agarró por detrás, tomándome por el cuello para intentar derribarme, pero en ese momento mis compañeros le empezaron a decir que era prensa, que no era parte de las manifestaciones”, narró Sandoval Fernández.

Aunque el funcionario se retiró, Rodrigo Sandoval lo alcanzó para exigirle su nombre y su cargo, a fin de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de abuso de autoridad.

“Me entero de que tiene un cargo administrativo, no tendría que estar haciendo nada en la calle como operativo, es un trabajo de escritorio dentro de la SSP, que es otra de las irregularidades que encontramos con esta persona”, detalló el periodista. “Los policías no son los profesionales que esperaríamos, ellos se apasionan y responden a las provocaciones de los manifestantes, entonces ahí ya eres tú contra la autoridad y tengan o no la razón pues el ciudadano tiene todas las de perder”.

En enero de 2026, su caso fue absorbido por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de las gestiones de su abogado, por el nulo avance que había tenido su caso tras meses de investigación dentro de la Fiscalía de Michoacán.

El periodista aseguró que siente más confianza de que su caso se judicialice a nivel federal, ya que así se evitan las relaciones de “compadrazgo” que tuvieran las autoridades locales entre la SSP y la FGE, además de que envía el mensaje de que va a llevar su caso hasta las últimas consecuencias.

“Si claudico voy a dejar que gane él, y al dejar que gane él va a pensar que lo va a poder seguir haciendo –aseguró Sandoval Fernández–, lo que me impulsa a dejarle una lección o un escarmiento para que no siga pisoteando nuestros derechos como comunicadores”.

Así fue como estos periodistas decidieron ignorar la vieja regla no escrita de que las agresiones contra la prensa son un simple “gaje del oficio” y lograron que dos de sus denuncias llegaran hasta la Fiscalía de la República y otro más a la Fiscalía del Estado.

“Llevar estos casos legales es cansado y muchas veces nuestra misma dinámica de trabajo no nos permite darnos ese tiempo de darle seguimiento. Pero de verdad que hay que seguir adelante, es importante dejar precedentes y yo lo que pido a los compañeros es que no claudiquen, es necesario mantener el dedo en el renglón”, concluyó Rodrigo Sandoval.