La crisis hídrica latente en Sonora motivó la elaboración de un plan del Gobierno del estado para amortiguar sus efectos por los próximos treinta años. La estrategia, sin embargo, involucra la construcción de un sistema de presas que ha sido ampliamente rechazado por las poblaciones de los lugares que se verían afectados por las obras. En el intermedio, se ratificó la incapacidad del Gobierno del estado para dialogar y “convencer” a la gente inconforme, así como para buscar alternativas a las presas.

Fotografías: Alberto Duarte y especiales

Hermosillo, Sonora, México.− Pasaron cerca de dos años desde que Alfonso Durazo, gobernador del norteño estado de Sonora, presentó su Plan Hídrico (PH) 2023-2053 para asegurar el abastecimiento de agua durante los próximos treinta años, en el cual plantea una inversión en infraestructura de casi 50 mil millones de pesos (cerca de 2 682 millones de dólares). No obstante, la construcción de un sistema de tres presas –uno de los proyectos centrales de este plan– se encuentra detenida por la incapacidad de las autoridades para “convencer” a la población que se opone al proyecto por considerarlo contraproducente y falto de sustento.

“Si no los convencemos, no va a haber presas”, aseguró Durazo el pasado 6 de septiembre a un grupo de manifestantes que expresaban su rechazo a las mega obras, y aseguró que el proyecto no se encuentra todavía terminado. El grupo, organizado en el Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora (MDATVS), estaba compuesto por habitantes de las regiones que serían afectadas por la construcción de dichas presas.

La escena sucedió en el Centro de Usos Múltiples (CUM) ubicado en Hermosillo, la capital de Sonora, estado que forma parte de la región noreste de México, la más golpeada por la sequía, al menos desde 2023. El encuentro entre el mandatario y la población inconforme sucedió al término de la visita de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al estado, realizada para presentar un informe regional. Ahí, Durazo se comprometió a escuchar las inquietudes de la población el 8 de septiembre si estos permitían el evento de la presidenta. El encargado de esta interlocución sería su secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Ni la manera de aproximarse del mandatario sonorense ni el tono de la interacción representan una novedad: el 7 de febrero de este 2025, Durazo anunció con bombo y platillo, en un evento para el cual convocó a toda la prensa local y nacional, los avances del Plan Hídrico.

Durante la presentación informó que el proyecto de las tres presas, a ubicarse en los ríos Sonora y San Miguel, contaría con una inversión del orden cercano a los 7 mil millones de pesos (unos 376 millones de dólares). Menos de una semana antes, sin embargo, el gobernador se había reunido con un grupo de manifestantes, quienes también estuvieron presentes en el CUM, y les aseguró, como lo haría 211 días después, que el proyecto no estaba terminado y que no se llevaría a cabo sin la aprobación de las comunidades.

Durante esta última etapa, los 211 días que pasaron entre el 7 de febrero y el 6 de septiembre, el rechazo al sistema de presas incrementó y generó movilizaciones que cruzaron gran parte del estado. La última de ellas se trató de una caravana que salió el sábado 30 de agosto desde el municipio de Bacoachi, donde nace el Río Sonora, hasta llegar a Hermosillo, la capital.

Sin embargo, esta movilización de las comunidades ribereñas nuevamente fue desairada: el lunes 8 de septiembre, cerca de 1 500 pobladores se reunieron en una plaza pública para esperar a Adolfo Salazar Razo. El funcionario no llegó y más tarde la comunicación del estado, y sus comunicadores afines, publicaron la versión del morenista: que la cita no se hizo de manera formal, por lo que su ausencia no significó una desatención.

Ni fundamentos ni diálogo, denuncian comunidades

Hablar de comunidades opositoras al sistema de presas implica recorrer los últimos once años de la cuenca del río Sonora, uno de los sitios donde la mina Buenavista del Cobre derramó cerca de cuarenta mil metros cúbicos de metales pesados el 6 de agosto de 2014. A partir de entonces comenzó el deterioro de la salud de la población, situación irreversible hoy gracias a la indiferencia de los tres niveles de gobierno, además de la desintegración de las relaciones productivas locales.

Comunidades de ganaderos y agricultores, rancheros en general, dedicados a cosechas como el cacahuate, la calabaza, los nopales, el pepino, la alfalfa, la cebolla y las habas, por mencionar algunas, se vieron obligados a reducir sus cultivos debido a la alta contaminación del río.

El informe sobre la Estimación de las pérdidas económicas por los daños ocasionados a partir del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), cuantificó el impacto: mientras que en 2013 se registraron siete cultivos de calabaza, para el 2020 estos ya eran completamente inexistentes. Lo mismo sucedió con la cebada, y también con los cultivos de cebolla que pasaron de ser siete a tres. El haba también desapareció. “Asimismo, todos los municipios, con excepción de Cananea, vieron reducido el número de cultivos de 2014 y 2015, con respecto a los valores de 2013”, concluye el documento.

Esto es parte de lo que fundamenta la lucha de las comunidades y lo que da carácter de urgente al argumento central esgrimido desde la resistencia: las presas no generan agua y donde se han construido han ocasionado efectos indeseables y críticos como el deterioro de las actividades productivas, tanto por la sequía como por la contaminación. Esto último se expuso en el Colegio de Sonora a mediados de marzo de 2025, en voz del académico Nicolás Pineda Pablos, durante el panel ‘Voces Comunitarias de las Personas Afectadas por el Sistema de Presas’:

“Ha disminuido mucho la agricultura desde la presa El Molinito, ha habido cambio de uso de suelo. Ha habido un importante cambio en la vegetación, que se ha reducido, según estudios satelitales. La agricultura disminuyó de 9 mil 500 hectáreas, antes de la presa, a 2 mil 100 hectáreas en 2001 (después de la presa)”.

Ismael Limón, ejidatario del Molino de Camou, poblado a pocos kilómetros de la presa mencionada por el académico, además de expresidente del Comisariado Ejidal, de la Unidad de Riego y miembro del Consejo de la Cuenca del Alto Noroeste, ironiza la situación:

“Ellos siempre dicen que van a consultar a la población, pero se han estado reuniendo con grupitos y les platican maravillas de lo que va a ser la presa. Entonces, nosotros decimos, ‘Bueno, y esas maravillas, ¿por qué no se replican en donde ya hay una presa aquí en la comunidad, aguas abajo, de la presa del Molinito?’”.

Limón es una de las personas que ha intentado dialogar con las autoridades al expresar argumentos que devienen de la historia hídrica reciente. Lo hizo tanto en la primera reunión con el gobernador, celebrada los primeros días de febrero de este año, como en una subsecuente sostenida con diputados y diputadas responsables de comisiones relevantes para el tema. En ninguno de los casos los resultados fueron alentadores.

Mientras tanto, la información sobre el proyecto de las tres presas permanece velada. Durazo afirmó múltiples veces que el asunto está todavía en planeación, en función de las necesidades de las comunidades ribereñas y de Hermosillo. Al mismo tiempo, Héctor Gastón Rodríguez Galindo, alcalde de Ures, uno de los municipios del cauce del río Sonora, admitió en una reunión con manifestantes que el proyecto cuenta con la colaboración del Grupo México.

Esto acentuó la molestia de las comunidades, pues aseguran que el proyecto responde a los intereses de la misma compañía que en 2014 causó el peor desastre medioambiental de la historia regional con sus actividades mineras. La presidenta mexicana negó esto el pasado 6 de septiembre al afirmar que: “es para la gente (no para Grupo México). Les hacen caso a los rumores, no a la verdad”, dijo al ser cuestionada durante su visita a Hermosillo con motivo de presentar un informe regional.

La correspondencia ratifica los temores

Del mismo modo en que el reciente encontronazo entre la población inconforme y el gobernador de Sonora no fue el primer acercamiento, la presidenta Sheinbaum se había topado ya con protestas que se oponen al sistema de las tres presas. Estas interacciones, además de un intercambio de argumentos y demandas por correo con diversas instituciones, incrementaron las inquietudes de las personas que desaprueban las obras.

“Hay un grupo de especialistas que le mandaron una carta a la presidenta de la República pidiéndole específicamente dos estudios que son básicos para un diseño de una presa. Eso fue en mayo [de 2025], lo mandaron a diferentes instancias entre ellos al gobernador, a la delegación de CONAGUA [Comisión Nacional del Agua, el organismo mexicano responsable de administrar las aguas nacionales], a la CONAGUA federal, a la presidenta, y respondieron con doce puntos”, informó el ejidatario Limón.

A pesar de la respuesta, detalla el ejidatario, no se obtuvo claridad alguna, por el contrario: la impresión fue que, “no existía absolutamente nada de información. Se decía que el impacto ambiental correría por cuenta de la Comisión Estatal del Agua, que el estudio hidrológico estaba en proceso, que el caudal ecológico…lo único que anexaron ahí, al oficio fue un cálculo del caudal ecológico en el que ellos mismos concluyen que la escorrentía del río Sonora no es suficiente para conservar el equilibrio del medio ambiente”.

Los argumentos de las autoridades, a decir de los especialistas aglutinados en el Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, expusieron una carencia general de rigor científico. El pasado 3 de septiembre lo hicieron ver así a través de sus redes sociales.

“El 19 de agosto del presente recibimos vía correo electrónico el Oficio No. B00.803.08.-065 de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Después de su revisión, valoramos que el proyecto de las presas en el río Sonora y sus obras complementarias tiene una muy limitada información y carece de sustento analítico. Acerca del anexo 1, que presenta algunos datos del cálculo hidrológico sobre la propuesta de presa en la Puerta del Sol, se concluye que tiene una excesiva simplificación de los datos y métodos que lo hacen carecer de rigor técnico-científico y produce errores en la capacidad predictiva del modelo hidrológico”, indica el documento.

Grupo México, señor de las cuencas

Fundado en 1978 y con la minería como actividad económica principal, el Grupo México es actualmente la cuarta empresa más grande del país, con 27 316 millones de dólares de ganancia anuales, según cifras oficiales. Su director ejecutivo, Germán Larrea, catalogado como el segundo hombre mexicano más rico, se ha visto envuelto en varios escándalos al conducir un conglomerado que ha sido señalado por distintas comunidades como responsable de destrozos ambientales, como el derrame en el río Sonora.

La revelación, por parte del alcalde de Ures, sobre la participación de Grupo México en el PH hizo crecer la sospecha de que el proyecto no responde a las necesidades hídricas ni de los pueblos ribereños ni de la capital del estado. Esta situación era ya considerada por los colectivos y habitantes opositores.

Micaela Vera Vásquez, habitante de Cananea, tierra minera desde el siglo XIX, ubicada al norte de Bacoachi, considera que los argumentos de la autoridad sobre el origen de las inconformidades y su relación con la “falta de información” resultan superfluos dado que se trata de mentiras:

“Yo pongo mucho al tanto a la gente porque el gobierno miente y engaña”, dijo la habitante de Cananea, abogada, integrante del Grupo de Productores y Pobladores de Bacoachi y parte de los Comités de Cuenca del río Sonora.

Vera, además, mencionó como precedente un conflicto sucedido a mitad del año pasado en Bacoachi: la gente de la zona se percató de que el Grupo México estaba vaciando pozos de las comunidades a través de pipas, por lo que decidieron bloquear el paso. Para justificar esta acción el Gobierno del estado les presentó una serie de estudios que justificaban la extracción de agua y hablaban sobre la disponibilidad del líquido en la región. Los estudios fueron desmentidos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a través de un informe, al cual los habitantes que ejercieron el bloqueo de caminos tuvieron acceso antes de su publicación.

En dicha coyuntura, Grupo México dio a conocer un comunicado en el que aseguraba que no existe una relación directa entre la sequía y la actividad minera que desarrollan en Sonora, como señalaron las personas de las comunidades de Bacoachi y sus alrededores. Informó, además, que la empresa suspendió voluntariamente “el movimiento de pipas hacia sus operaciones, a pesar de no haber impedimento legal para ello”.

No obstante, dicha suspensión llegó después de que la población impidió el paso y de que se diera un intento de la policía estatal por desalojarles, aunque en la versión oficial se informó que los elementos estaban allí para resguardar la seguridad de los manifestantes.

La propia SEMARNAT concluyó en su informe, junto al IMTA, que era necesario revisar las prácticas de Grupo México debido a que “la estrategia de perforar pozos en la parte sur del acuífero y transportar el agua a través de acueductos hacia el norte para su aprovechamiento no es sustentable”, todo ello frente a los volúmenes de extracción de agua de la compañía.

Agua para las fugas de la capital

Otro de los puntos de discordia entre las autoridades y las comunidades alrededor del plan hídrico es que carece de sentido construir una obra para asegurar el abasto de agua para Hermosillo dado que la red de distribución de la ciudad mantiene una eficiencia física por debajo del 50 %. Es decir, el destino de más de la mitad del agua que se ingresa a las tuberías tiene un paradero incierto.

Algunos de los elementos que impactan en el abasto de agua a Hermosillo, y comprometen con ello la actividad agrícola, controlada generalmente por grandes empresas, es la explotación excesiva de pozos por bombeo durante el siglo XX, particularmente a partir de 1967, según establece la documentación oficial del PH. “Por otro lado, existe un proceso activo de intrusión salina, de ya varias decenas de kilómetros de ancho, que ha hecho abandonar grandes extensiones de terrenos de cultivo”, detalla un documento del proyecto.

Información del Ayuntamiento de Hermosillo obtenida por vía de la Ley de Transparencia detalla que, gracias a tomas de agua clandestinas o sin medidor y sin facturación, el abasto de agua potable para la ciudad se vio comprometida por un total de 223 mil 655 fugas durante los últimos diez años. Es decir, se reportaron al menos cincuenta y nueve fugas por día en promedio, entre enero de 2015 y abril de 2025.

Esto se habría generado a partir de una combinación de dos factores: la antigüedad de las tuberías junto a la incapacidad del organismo operador del municipio. Lo primero se verifica al observar que las colonias más afectadas por las fugas han sido las dos de mayor longevidad. Lo segundo al constatar que el ayuntamiento cuenta únicamente con dieciséis cuadrillas, de cuatro trabajadores cada una, para atender el problema. Es decir, se cuenta solo con sesenta y cuatro empleados destinados a resolver las fugas de agua de la red de distribución.

El propio Nicolás Pineda Pablos, coordinó la elaboración de un Diagnóstico ciudadano del servicio de agua potable en la ciudad de Hermosillo (2021-2024). La conclusión general habla de un contexto insostenible.

“El desempeño del organismo operador de Hermosillo entre 2021 y 2024 muestra una gestión técnicamente activa pero estructuralmente limitada, que ha logrado mantener el servicio funcionando, pero sin lograr avances significativos en eficiencia, equidad y sostenibilidad. El sistema actual es insostenible a mediano plazo si no se revisa el modelo de gobernanza y no se transita hacia esquemas que garanticen autonomía, profesionalización, participación social y visión de largo plazo. El desafío es urgente y de fondo: cambiar la lógica del poder por la lógica del servicio, para que el agua no solo fluya por las tuberías, sino también como derecho, como bien común y como base para un futuro digno y justo para Hermosillo”, indica el estudio publicado el pasado 4 de agosto de 2025.