La “nueva relación del Estado mexicano” que se pretende construir a partir de los Planes de Justicia deja grandes dudas en Sonora, la tierra donde comenzaron: en algunos casos, se denuncia una completa falta de legitimidad, en otros el panorama se observa optimista a pesar de los tropiezos. Las “deudas históricas” están lejos de quedar saldadas, mientras tanto el Gobierno mexicano se enfoca en obras industriales que no necesariamente responden a las necesidades de los pueblos.

Fotografías: Myrna Valencia Banda, Heriberto Paredes y archivos del Gobierno de Sonora

Sonora, México.− Prometido como un histórico acto de justicia, el Plan para el Pueblo Yaqui enfrenta acusaciones de ser una herramienta de neocolonialismo moderno. Lejos de saldar la deuda histórica, críticos señalan que las acciones del gobierno priorizan una visión industrial del desarrollo que beneficia intereses ajenos a los pueblos originarios.

A la postre, esta forma de liquidar las “deudas históricas” del Estado mexicano se convirtió en un modelo del Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. A grandes rasgos, se expresa como una inversión en infraestructura mediada por un proceso burocrático diseñado para encontrar un punto de encuentro entre las leyes mexicanas y las leyes de los pueblos originarios focalizados.

No obstante, en la actualidad existen diecisiete Planes de Justicia en todo el país y, según se informó durante la gira de despedida de López Obrador, y de transición al periodo de Claudia Sheinbaum Pardo, se pretende llegar a sesenta y ocho.

La entrega de tierras no cultivables y la imposición de megaproyectos como parques solares y gasoductos contrastan con las promesas de autonomía y reparación. Comunidades como Loma de Bácum denuncian haber sido marginadas de las mesas de diálogo, mientras el plan fractura internamente a la nación Yoreme-Mayo.

Mientras tanto, la nación Comca’ac se muestra optimista ante la entrega de herramientas para la pesca, aunque sus proyectos también enfrentan retrasos. Este caso muestra la heterogeneidad de resultados y expectativas que han generado estas políticas.

Lo que se vendió como el inicio de una nueva era de dignidad para los pueblos indígenas de Sonora se debate entre el fracaso, la esperanza y la acusación de ser una metamorfosis del mismo modelo de gestión colonial del Estado.

¿Plan de Justicia o neocolonialismo moderno?

Pótam, Sonora, fue el lugar donde, el 26 de octubre de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a implementar un “plan de justicia” para “atender las legítimas reivindicaciones del pueblo Yaqui”. Según el documento oficial, elaborado por una comisión especial, se estaba ante “una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas”. El documento oficial del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui (PJPY) habla de reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público con capacidad de tomar decisiones y de suscribir acuerdos con los diversos órdenes del gobierno”.

“Con el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui se empieza a cambiar la historia de confrontación, violencia y opresión por una nueva era donde se reconocen su dignidad y derechos en toda la extensión de la palabra. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, hacer justicia al Pueblo Yaqui y a los pueblos indígenas, es una tarea impostergable y necesaria en la construcción de una Nación pluricultural”, se afirma en el texto, publicado en 2021 por la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui.

La realidad, sin embargo, no resultó del todo así y la intervención del Gobierno mexicano ha recibido críticas por parte de los pueblos. Las inversiones no en todos los casos atienden la “deuda histórica”, sino que impulsan una productividad hermanada con una visión industrial del desarrollo que responde a intereses mexicanos.

El Plan Sonora es expresión de esta tendencia, ya que implica la implementación de diversos proyectos que buscan reestructurar territorialmente el estado al servicio de la política interior de Estados Unidos. Por ejemplo, la promoción de cinco parques solares adicionales al ya inaugurado en Puerto Peñasco; la extracción de litio, con el yacimiento más relevante del país en Sonora bajo el control de la empresa estatal LitioMx; y la intensificación de la minería de otros minerales críticos como el cobre.

En cuanto a infraestructura, el plan incluye la remodelación del puerto de Guaymas para convertirlo en un centro de distribución de mercancías de gran escala, además de la administración de este puerto y de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas por la Secretaría de Marina. Se proyecta también la ampliación y construcción de carreteras para vincular el estado de Arizona con ciudades y puertos de Sonora, facilitando el transporte de mercancías. Finalmente, se planea la construcción de terminales de Gas Natural Licuado (GNL) para exportación, como Saguaro Energía en Puerto Libertad y AMIGO LNG en Guaymas, que requerirán nuevos gasoductos para transportar gas metano importado de Estados Unidos para su reexportación.

No obstante, el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui asegura que con las acciones que expone “se logrará recuperar la productividad que el Pueblo Yaqui perdió en las últimas décadas, lo que les permitirá generar empleos y autosuficiencia alimentaria, impulsando un esquema de economía circular adecuada a su cultura mediante cadenas de valor rentables”.

Sin embargo, la situación se ha visto obstaculizada por vicios en la elaboración de acuerdos entre autoridades tradicionales y mexicanas, debido a que se han presentado casos en los que las discusiones no llegan a las bases de la población originaria, lo que tendría que suceder de acuerdo con sus formas organizativas.

Los resultados muestran hoy una irregularidad que lleva a una “pérdida de la esperanza” en la población que había recibido de buena manera la iniciativa, comentó a Ceiba Jano Valenzuela, sociólogo y parte de la cooperativa familiar Caricias del Monte, que elabora miel de abeja artesanal en el sur de Sonora.

El sociólogo observa que los resultados tangibles están lejos de lo prometido. Un caso es el de la productividad de las tierras. A lo largo de su historia, gobiernos españoles y mexicanos han intentado exterminar a los yoemes, como se nombran a sí mismos las y los pobladores de la nación Yaqui. A pesar de la resistencia, se desarticularon sus formas de vida y, en consecuencia, se vieron obligados a rentar sus tierras dada la incapacidad de hacerlas productivas. Ante esta “deuda histórica”, el Estado mexicano “devuelve” terrenos a la nación Yaqui.

En abril de este año, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, gracias al PJPY, cuatro mil hectáreas de tierras del pueblo Yaqui recuperaron su autonomía, es decir, fueron sembradas de nuevo por sus propietarios, sin la necesidad de rentar. No obstante, de acuerdo con el sociólogo Valenzuela, esta cantidad de tierras entregadas es mínima y, en general, la calidad resulta cuestionable.

“El 90 % de las tierras siguen rentadas. Las tierras que devolvieron con los planes de justicia no fueron cultivables. Están en los márgenes del territorio, en zonas rocosas y resultan intrabajables. Desde mi interpretación, la Cuarta Transformación es como una metamorfosis del modo de gestión neocolonial del Estado mexicano (como el del porfirismo) ahora con un rostro más progresista y humano, que dice que trae justicia, pero que realmente solo gestiona colonialmente el territorio”, dijo Valenzuela.

Uno de los ocho pueblos que conforman dicha nación es Loma de Bácum, cuya población mantiene un historial de crítica contra los gobiernos mexicanos. Precisamente, fue dejada al margen de las mesas de trabajo y otras actividades realizadas en el marco del PJPY.

El fracaso del Plan Yoreme-Mayo

La nación Yoreme-Mayo es hermana de la Yaqui, sus territorios ancestrales colindan y sus lenguas comparten raíces. Pero la civilización moderna causó estragos con efectos muy profundos en sus formas de vida, lo que a su vez se tradujo en distinciones que se observan en la actualidad. 

Los Yaquis se han distinguido a lo largo de su historia por su belicosidad ante los extranjeros, incluyendo mexicanos, lo que da cuenta de una defensa de su territorio desarrollada para responder a una política de exterminio y a un imaginario específico. Esto llevó a la revista Mérida a tildarlos como “irredentos parias”, expresión que recogió la investigadora Raquel Padilla Ramos en su libro Los irredentos parias. Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911. La frase fue escrita cuando cientos de yaquis fueron llevados a la fuerza de Sonora a Yucatán para desarticular su resistencia y emplearlos, en condiciones esclavas, en el henequén. A pesar de todo, se mantuvo un núcleo territorial de la Nación.

Los mayos, por su parte, también tienen una historia de guerra, pero enfrentan la actualidad a partir de una relación con su territorio más dispersa ante la ley que en el caso de los yaquis. Esto se desprende, según el gobernador de Cohuirimpo, de que los originarios no estaban obligados a registrar sus terrenos ante el Registro Público de Propiedad, a raíz de un decreto de Benito Juárez generado tras firmar acuerdos de paz. De acuerdo con ello, no lo hicieron y confiaron hasta cierto punto en el Gobierno mexicano, pero el despojo se mantuvo y más tarde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano comenzó a declarar terrenos nacionales a todas aquellas parcelas. Esto último lo denunció el gobernador tradicional durante las reuniones para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

El último informe de avances del Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo (PJPYM), publicado en septiembre de 2024, menciona que “para el caso de los yoremes de Sonora la virtual inexistencia de una estructura propia de gobierno ha favorecido el despojo del que han sido objeto desde hace largo tiempo, siendo en la estructura religiosa y la organización de las fiestas tradicionales donde se expresa su unión y organización”.

Debido a esta complejidad, se explica que los pretendidos acuerdos entre el Gobierno mexicano y la nación Yoreme-Mayo no han sucedido como tal, al grado de que, a más de mil días de que iniciaron los trabajos, las mesas, asambleas y eventos carecen de legitimidad.

Pero más allá de un punto de partida complejo, el Gobierno mexicano ha operado de maneras cuestionables desde antes del comienzo del PJPYM, según ha denunciado el gobernador de Cohuirimpo, Remedios Severo Aguilar Osuna.

El gobernador señala al Gobierno mexicano de impulsar “gobiernos duales” y generar con ello una veintena de interlocutores de los cuales muchos son señalados por su dudosa legitimidad. Es decir, se acusa al Gobierno de México de reconocer autoridades tradicionales que no fueron nombradas de acuerdo con los modos propios de la nación y de crear, con ello, un contexto de conflicto al interior del territorio Mayo.

Las consecuencias, según afirma el gobernador tradicional, se traducen en que las obras contempladas en la medida resarcitoria no responden a las necesidades de la nación originaria. En este sentido, se habla de la pavimentación de caminos y carreteras, la construcción de puentes vehiculares y la instalación de infraestructura de drenaje.

En contraposición con la realización de estas obras, el Gobierno de Cohuirimpo ha insistido en puntos clave, como la necesidad de replantear la comisión encargada del territorio para resarcir el despojo a manos de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la cual en múltiples momentos de la historia ha calificado como terrenos nacionales a hectáreas de territorio que originalmente pertenecían a los pueblos Yoreme-Mayo.

También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Estado mexicano confiera recursos directamente al gobierno tradicional para construir escuelas propias y robustecer su guardia tradicional, en aras de asegurar la autonomía territorial y cultural. Esto último debido a que en tiempos recientes los grupos del crimen organizado han “ganado” terreno al interior de la nación originaria con el uso de la violencia, mientras que las fuerzas públicas mexicanas no ofrecen solución.

El optimismo de Comca’ac

Otro caso que muestra la heterogeneidad de los resultados y las expectativas ante los Planes de Justicia se encuentra en la nación Comca’ac, a cuya gente se le conoce como Seris, que en lengua yaqui significa “gente de arena”.

A pesar de los vínculos históricos entre estos pueblos, el caso de la nación Yaqui contrasta con el optimismo de la nación Comca’ac, cuyas expectativas van acordes con la decisión de la presidenta de buscar ampliar cuantitativamente los Planes de Justicia.

Jesús Félix, actual gobernador tradicional de los Comca’ac dijo a Ceiba que “previo a esto [el Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca’ac] no se tenían posibilidades de hacer industria alrededor de la pesca”. En este caso, el plan, solicitado a López Obrador en el territorio Comca’ac en febrero de 2022, incluyó la entrega de pangas y motores.

Con ello, el Canal del Infiernillo, una zona de gran biodiversidad, se encontraría cerca de retornar a su situación decretada por Lázaro Cárdenas: solo los Comca’ac podían pescar allí, ventaja que se perdió debido a que los originarios dejaron de estar en condiciones materiales de hacerlo, lo que pronto trajo pescadores externos.

El acueducto que se construyó en el territorio Comca’ac también se ve con buenos ojos, afirmó el gobernador, porque se pretende que pueda satisfacer la necesidad de agua potable por cerca de cincuenta años para las trescientas cincuenta familias que comprenden la nación originaria.

No obstante, el proyecto del acueducto se encuentra actualmente detenido y la pesca local no termina de activarse, a pesar de que ya se cuenta con pangas, motores y una cooperativa destinada a ello. Desde Punta Chueca y Desemboque, los dos territorios Comca’ac, se interpreta esto como un impasse producido en la transición del Gobierno de López Obrador al de Sheinbaum Pardo, por lo que se espera que se retome la actividad a la brevedad.

Aunado a esto, fuentes confirmaron a Ceiba que los impedimentos más significativos que han encontrado para la implementación del Plan de Justicia son de carácter interno: una serie de cambios al interior de la nación lo habrían retrasado. Entre estos se encuentran la destitución de Enrique Robles como presidente del Consejo de Ancianos y el nombramiento en su lugar de María Luisa Astorga Flores.

Entre los asuntos que dieron paso a estos cambios de organización interna se encuentra que en marzo de este año se desmanteló un invernadero con cerca de ochocientas plantas de mariguana en Punta Chueca.

En resumen, el gobernador Jesús Félix considera que “la deuda histórica es tan grande que no se puede pagar de un solo golpe”, pero celebra que se terminó con el “olvido en el que los tuvieron los gobiernos”.