Por más de diez años, una empresa de la familia Baillères ha evitado el pago de una deuda millonaria surgida luego de que un tribunal agrario la encontrara culpable de ocupar tierras ejidales sin autorización y explotar en su interior toneladas de minerales preciosos. La forma que ha tomado la controversia y la relación de dicha familia con el poder político exponen uno de los métodos neoliberales del despojo.

Fotografías: Alberto Duarte, Heriberto Paredes y Giuliano Salvatore

Sonora, México.- A mediados de mayo del presente año, la empresa Penmont, filial de Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères, la cuarta más rica de México, fue notificada sobre la obligación de pagar una deuda millonaria a la comunidad del ejido El Bajío, ubicada al norte de Sonora, México. La notificación emanó del Tribunal Unitario Agrario (TUA) N.°28, con sede en Hermosillo, Sonora, a cargo de la magistrada Alejandrina Gámez Rey, en conformidad con las sesenta y siete sentencias firmes que, hace más de diez años, el 08 de diciembre de 2014, este mismo tribunal había dictado a favor de ejidatarios y ejidatarias de El Bajío.

Poco más de un mes después de notificar, la magistrada presentó su renuncia en medio de un clima de presiones y amenazas que, según Ceiba pudo conocer, tienen como objetivo defender los intereses de la corporación transnacional.

Como sustituto de la magistrada, de acuerdo con información extraoficial de los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario, del que dependen todos los TUA del país, determinó trasladar a un magistrado que actualmente labora en Guadalajara, pero este se habría negado a tomar el puesto. Así, queda vacía la silla de la persona responsable de encaminar la ejecución de las sesenta y siete sentencias.

La remoción de magistrados en el Tribunal Agrario N.º 28 no es novedosa. Manuel Loya Valverde fue el magistrado que emitió las sentencias, las cuales estipulan la salida de la empresa minera de las tierras ejidales, la restitución de las tierras a su estado natural y la devolución de todos los minerales extraídos de forma ilegal. No fue ratificado en su cargo por parte del Senado de la República y, según declaraciones del mismo abogado, esto se debió a la presión ejercida por Alberto Baillères en el órgano legislativo.

A lo largo de diez años, entre la remoción de Loya Valverde y la renuncia de Gámez Rey, la comunidad de El Bajío ha denunciado ampliamente la excesiva rotación de magistrados en el TUA N.º 28. La comunidad ejidataria considera que los cambios hacen imposible el progreso hacia la ejecución de las sesenta y siete sentencias y que esto es, justamente, lo que la familia Baillères ha buscado.

Los modos del capital

Fuentes de los tribunales, que pidieron anonimato por temor a represalias, informaron a Ceiba que, lejos de tratarse de coincidencias o casualidades, las presiones ante este y otros tribunales agrarios constituyen una forma de operar, por parte de los grandes capitales, para evadir la rendición de cuentas. Esto es lo que sucede, con respecto a la demanda del ejido El Bajío, en el TUA N.º 28, el cual ha operado con dificultades dadas las presiones ejercidas por la empresa minera Fresnillo PLC.

También es el caso del ejido Tanque de Emergencia, al sur de Saltillo en el estado de Coahuila. La comunidad introdujo una controversia agraria en el TUA N.º 20, en contra de Aguas de Saltillo, empresa creada por Aguas de Barcelona con la participación del priista Óscar Pimentel González, entonces alcalde municipal de Saltillo y hoy secretario de gobierno de Coahuila. El ejido exigía indemnización por la ocupación y explotación ilegal a través de pozos de agua ubicados en parcelas del ejido.

Además de las controversias en Coahuila, la empresa europea, según documentó el Business & Human Rights Resource Centre, también ha sido señalada de violar derechos de comunidades en el proceso de privatización del agua, en el estado de Veracruz. A partir de que el congreso local decretara la quiebra del organismo operador con el que contaba la ciudad, el servicio del agua pasó a ser administrado por Aguas de Barcelona en mancuerna con una empresa de Marcelo Odebrecht, personaje ligado al expresidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos.

La presión ejercida por la empresa Aguas de Barcelona implica violación del derecho al agua de las comunidades. En el caso de Fresnillo PLC, a través de su filial Penmont, se suprime el derecho de tenencia de la tierra, lo cual se ha extendido a violación al derecho fundamental a la vida, a través de asesinatos y privaciones de la libertad.

En ambos casos, las denuncias de las partes afectadas señalan la corrupción como un ingrediente que propicia y permite las injusticias en cuestión. Esto da señas de un entramado de relaciones entre el poder económico y el poder político, al lado del uso de la violencia como medio para la apropiación de los recursos pertenecientes a comunidades y pueblos.

La construcción del neoliberalismo en México

La familia Baillères ha tenido un rol principal en la edificación e imposición del modelo económico neoliberal en México, a lo largo de muchos años. En 1946, Raúl Baillères, padre de Alberto Baillères, junto a un grupo de banqueros, industriales y comerciantes, funda el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El proyecto educativo, como el de muchas de las instituciones de educación superior privadas de Latinoamérica sostenidas por grupos empresariales, se enfoca en la productividad y el rendimiento de acuerdo con el mercado, por encima de la investigación y la formación intelectual.

Del ITAM han egresado personajes como Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, quien intervino la compañía Luz y Fuerza, organismo público que se encargaba de la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el centro del país, y privatizó el servicio de energía eléctrica en la zona. Otra egresada alineada con apuestas del liberalismo económico es María Asunción Aramburuzabala, empresaria del sector financiero que actualmente comparte la cuarta posición, al lado de Alejandro Baillères, como poseedora de una de las mayores fortunas del país. También es graduado de la ITAM Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación, quien promovió la reforma educativa cónsona con las líneas del Gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto.

La privatización de los servicios públicos es una de las tendencias definitorias del modelo económico neoliberal, asumida por la familia Baillères. Evidencia de esto es Profuturo, una administradora de fondos para el retiro (Afore) de la cual es propietaria. Es decir, la familia forma parte del grupo de actores que fueron señalados por la Comisión Federal de Competencia Económica por lucrar con las Afores a partir de prácticas monopólicas o, dicho de manera más sencilla, por lucrar con la privatización de las pensiones.

Otra muestra contundente de la relación de la familia Baillères con el neoliberalismo económico mexicano consiste en el reconocimiento otorgado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, apenas un año después de la no ratificación como magistrado del abogado Manuel Loya Valverde. El 12 de noviembre de 2015 el empresario Alberto Baillères recibió la medalla Belisario Domínguez, condecoración ofrecida por el Senado de la República a personas que destacan por su vida en beneficio de la nación.

La ceremonia se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, sitio donde el empresario pronunció un discurso de corte nacionalista surgido, según afirmó, del amor y “del goce interior que nace de la tranquilidad del alma y de la satisfacción del deber cumplido”. Semanas antes, Andrés Manuel López Obrador, quien más tarde sería presidente de México, nombró como una “afrenta histórica” la decisión de otorgar semejante honor a quien “se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder, contaminando el entorno ecológico con sus empresas mineras, explotando a los trabajadores y saqueando el país”.

A pesar de las palabras de quien gobernaría México de 2018 a 2024, la cercanía entre el poder político y el poder económico moduló las transformaciones de las regulaciones prometidas de cara a la industria minera. Esto ha sido expuesto desde la academia por la economista mexicana Aideé Tassinari Azcuaga:

“El presidente López Obrador quedó atrapado entre un discurso de promesas y la continuidad del modelo de negocios globales que garantiza la acumulación incesante de ganancias a los monopolios extractivistas. Recurrió a la descalificación de las personas defensoras de los territorios y la vida contra los consorcios mineros y otros megaproyectos, como el «Tren Maya», la termoeléctrica de Huexca en el estado de Morelos y la refinería de «Dos Bocas» en Tabasco”.

El origen de la controversia y el escenario actual

El origen de la controversia agraria entre la comunidad ejidal de El Bajío y la empresa transnacional Fresnillo PLC de la familia Baillères se remonta al año 2007. En ese momento, la compañía inició los trabajos de exploración en el ejido, específicamente en el tajo llamado Soledad-Dipolos.

Los ejidatarios narran cómo la empresa minera los despreció desde un inicio, ya que decidió no negociar con la comunidad para llegar a una compensación justa por el acceso a las tierras. Las actividades de la minera más tarde generarían ganancias millonarias a Fresnillo PLC y colocarían al grupo minero como el más importante de México, siendo que solo le habían ofrecido un pago insignificante de dieciséis mil pesos a cada persona ejidataria.

En ese año comenzaron a explorar con permisos del Gobierno mexicano, pero iniciaron la explotación de manera irregular, ya que nunca acreditaron concesión para explotar. Dos años más tarde, a través de una serie de métodos igualmente irregulares, la empresa se hizo de un título de propiedad sobre una porción de las tierras ejidales, emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezada en ese entonces por Rosario Robles Berlanga.

La Secretaría de Economía era la responsable de lo relacionado con la explotación minera durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Años más tarde, Robles Berlanga se vería envuelta en polémicas de corrupción relacionadas con el caso “Estafa Maestra”, una operación que involucró el desvío de más de siete mil millones de pesos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió a la señalada en octubre del año pasado.

Fue en este clima que la asamblea ejidal determinó exigir mediante recursos legales el reconocimiento de su propiedad sobre las tierras de El Bajío, ocupadas y explotadas por Fresnillo PLC. El resultado fue el dictamen de las sesenta y siete sentencias en el 2014: desalojo definitivo de la empresa, restitución de las tierras a su estado original, trabajos de remediación, devolución de los metales preciosos extraídos de manera irregular o pago del costo equivalente.

En enero de 2020, los ejidatarios y ejidatarias de El Bajío consiguieron que se detuvieran las operaciones de Fresnillo PLC dentro de su territorio. En enero de 2022 obtuvieron sentencia firme en donde se demostraba que el título de propiedad sobre las tierras ejidales, emitido por Rosario Robles Berlanga en 2017 a nombre de la empresa minera Penmont, no tenía validez.

Desde el mismo 2022, representantes ejidales han asistido a las asambleas anuales de Fresnillo PLC que se realizan en Londres, Inglaterra, para denunciar, ante los accionistas ingleses de la empresa, las violaciones a los derechos humanos, el empeño en evadir la justicia mexicana y la no transparencia en la presentación de los informes anuales de la minera.

Así, desde hace más de diez años las sentencias se encuentran en su etapa de ejecución. La magistrada del TUA N.º 28 había iniciado el camino para su concreción y estipuló, en enero de 2025, después de la realización de peritajes, que Fresnillo PLC debe pagar a la comunidad ejidal un monto cercano a los setecientos millones de dólares por extracción ilegal de oro. Es ahí cuando las presiones de la empresa minera hacen que la magistrada Evangelina Gámez Rey renuncie y la ejecución de las sentencias se vuelve a detener. Mientras, la defensa de la familia Baillères solicita un amparo.

La acción conservacionista ante el despojo minero

Pese a todo los obstáculos, incumplimientos y oscuras jugas de la minera Fresnillo PLC, la comunidad ejidal inició un plan de trabajo para recuperar la flora y la fauna local de la zona. Así, lograron que la actividad minera de Soledad–Dipolos se detuviera y se impidiera a la mina retomar su producción.

El ejido El Bajío está ubicado en el Gran Desierto de Altar, que es una parte del Desierto de Sonora. Destaca, entre otras cosas, por una gran biodiversidad cuyo aspecto más notorio es la presencia del Berrendo Sonorense: el único antílope del continente americano que, además, se encuentra en peligro de extinción.

Expertos medioambientales, como Federico Godínez Leal, quien fue director de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, y es responsable de buscar la reproducción del Berrendo Sonorense, afirma que la zona delimitada por las tierras ejidales de El Bajío coincide con la porción de tierra preferida por las poblaciones de la especie.

En ese sentido, la asamblea ejidal determinó convertir sus tierras en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, lo que establece en lo legal que no está permitida la actividad minera por los siguientes quince años, en beneficio de la flora y fauna local. Sin embargo, la familia Baillères no ha escatimado esfuerzos en sabotear la consolidación de dicha Área; intentó interponer un amparo para revertir su creación y al no ser este procedente, firmó un convenio con la Gobernación de Sonora para la protección del Berrendo Sonorense, generando así una falsa imagen de empresa interesada en la protección ambiental.

En diciembre de este año, la comunidad del ejido El Bajío tendrá once años esperando la ejecución de las sesenta y siete sentencias existentes a su favor. En el pasado mes de agosto los ejidatarios han vuelto a ratificar ante los tribunales agrarios de Hermosillo y Mexicali su decisión de convertir sus tierras en un territorio de vida en contraposición a la devastación que supone la minería a cielo abierto.

El ejido El Bajío se encuentra ubicado en el Gran Desierto de Altar. Fotografías: Heriberto Paredes