La industrialización agrícola en el norte de México prioriza la producción sobre el desarrollo humano, dejando a comunidades jornaleras migrantes sin servicios básicos, con escuelas abandonadas y transporte riesgoso, en un ciclo de precariedad y desplazamiento forzado. Este es el rostro de la agroindustria más allá de los cultivos.

Fotografías: Alberto Duarte

Sonora, México.- A mitad del siglo XX la producción agrícola en los linderos de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, al noroeste de México, ya rondaba las 25 000 toneladas. Según los registros históricos, esta fue la manera en que comenzó la modernización de la región y, con ello, la fundación del poblado Miguel Alemán, también conocido como La Doce.

Desde su inicio, el asentamiento se constituyó para hacer posible el crecimiento de la actividad agrícola, que se expandía con la producción de granos como el trigo, el frijol y el maíz, a lo que se uniría el algodón.

En diciembre de 1948, el gobierno del estado anunció la pavimentación del camino que va de Hermosillo a la zona costera, principalmente con el objeto de agilizar el transporte de la cosecha y de los productos de la pesca realizada en Bahía de Kino.

Semejante industrialización dejó de lado a las personas, de tal suerte que setenta y cinco años después los servicios básicos son inexistentes para gran parte de la población que decidió quedarse en el lugar, muchas veces tras migrar desde el sur del país en busca de trabajo.

La producción se prioriza frente a la educación

El abandono que maniata a la población se constata en una de las zonas de mayor marginación de la región, Las Palmitas. Este asentamiento irregular, ubicado en la periferia de La Doce, está compuesto en su mayoría por viviendas hechas de materiales reutilizados. Los niños y las niñas caminan largos tramos –muchas veces en soledad– para llegar a la escuela. Pero, la planta docente se ausenta cuando llueve, pues sin la pavimentación anunciada el camino que une la carretera con la escuela se vuelve intransitable.

La alternativa inmediata para este problema sería pavimentar el tramo, contaron a Ceiba profesores de la escuela. La institución está ubicada al interior de Villas del Papa Francisco, una serie de terrenos y construcciones de origen privado que inicialmente constituyeron un proyecto de centro cultural, pero que más tarde fueron donados a la Universidad Estatal de Sonora y a la Secretaría de Educación y Cultura. La obra no se ha llevado a cabo porque el camino es propiedad de un campo agrícola que se ubica más allá del recinto educativo, y el gobierno no tiene jurisdicción.

La escuela cuenta con 282 estudiantes inscritos. La planta docente sabe que la cifra cambiará a lo largo del año debido a tres situaciones relacionadas con la movilidad de los miembros adultos de las familias que trabajan, en su mayoría, como jornaleros y jornaleras agrícolas.

En primer lugar, los hermanos o hermanas mayores se ausentan de la escuela para cuidar a los integrantes más pequeños del hogar en la ausencia de sus padres, quienes dejan la casa a las cuatro de la madrugada para tomar el transporte a alguno de los campos agrícolas de los alrededores. “Yo me levanto a las tres y media para poder hacer mi lonche”, dijo Aleida Contreras, mujer de sesenta y un años, vecina de la zona, madre y jornalera agrícola. En general, las familias tienen más de cuatro hijos e hijas, según estimaciones de la gente del lugar, entrevistada por Ceiba.

La segunda situación, explica Aleida, se encuentra en el camino, debido a que “hay mucha delincuencia”, al grado de que “ya se han querido robar niños en esa escuela y las mamás que trabajan dejan a los niños a que se vayan solos”. Esto significa que, en el peor de los casos, las infancias pueden ser víctimas de algún crimen. También es recurrente “que los niños y niñas se vayan a otros lugares, a la vagancia, y abandonen la escuela ante la falta de supervisión”, añade.

La tercera situación que explica la irregularidad en cuanto a la asistencia a la escuela es de un tono más estructural. La Doce y, por consiguiente, Las Palmitas, son asentamientos poblados por personas jornaleras agrícolas que dejaron su hogar, por lo general procedentes de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, y que construyeron otra casa en el noroeste del país. La precariedad de las prestaciones laborales en el rubro y sus interrupciones periódicas –que siguen el ritmo de la agricultura intensiva, es decir, como un ciclo y no un trabajo estable en el tiempo–, les arrojan de nueva cuenta a los circuitos migratorios internos del país.

En México, la población jornalera agrícola migrante se encuentra constreñida a los tiempos de las agroempresas que explotan las tierras de la región por temporadas. La temporada “alta” en la costa de Hermosillo sucede en dos momentos. El primero comienza aproximadamente a partir de septiembre y termina a inicios de diciembre; el segundo inicia con el mes de febrero y cierra normalmente cuando se acerca junio.

La consecuencia es que durante las temporadas altas la demanda de mano de obra se eleva, se contrata a campesinos para emplearlos de manera temporal. Cuando terminan los lapsos comentados, la mayoría de estas personas se va, sea a otras zonas del país donde los cultivos van a un ritmo desfasado o a su hogar.

Se trata de una dinámica que trunca cualquier intento de las familias por alcanzar la estabilidad. Niños y niñas abandonan la escuela debido a que sus familias enteras se mudan a Caborca, Baja California u otros destinos donde los cultivos alcanzan su punto más alto de producción, al igual que la oferta de trabajo y los pagos por destajo, más cuando las actividades se detienen en la costa de Hermosillo.

La planta docente –la mayoría mujeres de municipios del sur de Sonora– tiene dos opciones: rentar una habitación en Las Palmitas y vivir allí, al menos durante el ciclo escolar, o vivir en Hermosillo, donde las condiciones de vida son mejores, pero donde también está implícito el pago de una renta y el de un viaje diario de sesenta y ocho kilómetros a su centro de trabajo.

Desde mayo de 2019, fecha en que la Secretaría de Educación y Cultura abrió las puertas de la primaria pública Villas del Papa Francisco, solo una persona logró mantenerse en el cargo de director o directora por más de un año.

El objetivo de las familias de la región con relación a la escolaridad de sus hijos es fácil de entender: mejorar la movilidad social para otorgar mejores condiciones de vida a su descendencia, en comparación con las que tuvieron a su alcance. En el entorno de La Doce, afirmó a Ceiba el director de la escuela, quien prefiere guardar su nombre, “la esperanza de las familias por lo común se relaciona con aprender a leer, escribir y hablar el español, para lo cual obtener un grado, al terminar la primaria o la secundaria, no es menester”.

La clase trabajadora viaja al oriente

Villas del Papa Francisco se ubica en el extremo poniente de La Doce. Las infancias de la zona de mayor marginación de la capital sonorense caminan con ese rumbo para asistir a la escuela. Sus padres, madres y familiares mayores, por lo general, caminan en el sentido opuesto para ir al trabajo.

En Las Palmitas abundan las camionetas tipo van que trabajan como taxis para jornaleros y jornaleras. Pero este transporte especializado no llega al primer asentamiento por las malas condiciones de la vialidad. Al ser caminos en ocasiones arenosos, sin pavimentar y con encharcamientos producidos por fugas o por lluvias, los taxistas se niegan a entrar. Entonces, quienes trabajan en el campo, tienen que caminar al oriente de La Doce. Este camino significa cubrir una distancia de unos seis kilómetros en dirección poniente hasta el punto donde son recogidos para ser llevados a distintos campos agrícolas.

Los vecinos de Las Palmitas describen este tramo como inseguro. Sin embargo, el peligro palidece ante los riesgos a bordo de las camionetas. “Nos vamos y no sabemos si regresamos, dejamos seres queridos aquí y quién sabe si los volvemos a ver. A mí me da miedo subirme porque hay accidentes a cada rato, y ¿sabes por qué es?, porque los taxistas cobran por persona y retacan las vans”, lamenta Aleida, quien se describe a sí misma como trabajadora campesina desde que tiene memoria.

El temor de Aleida se ejemplifica con frecuencia en las notas de medios locales: el pasado 4 de octubre se registró un volcamiento que culminó con tres personas lesionadas; el 2 de septiembre, un accidente similar cobró la vida de un jornalero agrícola, mientras que otros doce resultaron con lesiones.

A raíz de estos y otros siniestros, el Departamento de Tránsito Municipal, a través de su director, Sergio Valdez López, afirmó que llevarían a cabo una revisión de los transportes debido a que detectaron que circulan, por lo general, con exceso de pasajeros y de velocidad.

Las violaciones generalizadas de los derechos de la población jornalera agrícola

Las condiciones en las que se encuentra la población de Las Palmitas ejemplifican la violencia institucional ante la que vive la población jornalera agrícola migrante del país.

Según el primer informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México, publicado en 2019, las condiciones de vida en las regiones expulsoras de mano de obra son instrumentalizadas por un mecanismo de enganche o reclutamiento irregular. Esto arroja a las personas a situaciones de incertidumbre, como las de la costa de Hermosillo.

“En el caso mexicano es común el proceso de contratación de personas trabajadoras migrantes jornaleras agrícolas que no deriva en una relación laboral, debido a que la relación trabajador del campo-jornalero o jornalera con el patrón, productor agrícola, ranchero, empresario agrícola o empleador es indirecta (informal), dado que se ejerce a través de intermediarios, identificados con el nombre de ‘contratistas’, ‘enganchadores’, ‘reclutadores’, ‘jefes de cuadrilla’, ‘mayordomos’, ‘cabos’, ‘caporales’, entre otras denominaciones”, indica el Capítulo III del informe, titulado “Contratación, reclutamiento y enganche: Principales problemáticas detectadas que enfrentan las personas jornaleras migrantes en su movilidad laboral agrícola interna en México”.

Las personas campesinas abordan autobuses que llegan hasta sus comunidades de origen. Recorren miles de kilómetros, por lo general sin apoyo para alimentación. Y solo son contratados una vez que llegan al campo agrícola, como los que existen en Sonora.

Si en el camino ocurre algún siniestro, la empresa que mandó al enganchador no se hace responsable, pues no tiene ningún tipo de relación laboral formal con la persona en cuestión. Si la persona campesina, además, llega al campo agrícola y es rechazada para su contratación, por motivos de salud u otros, la situación es similar: no existe relación que obligue a los dueños de los campos agrícolas a responder.

“En una investigación realizada en el 2001 se identificaron cinco mecanismos de reclutamiento de jornaleros/as para los campos agrícolas en México: 1) el que realizan personas contratadas por las empresas como enganchadores, 2) el enganche de parte de agentes independientes o caciques locales, 3) el que efectúan los mayordomos o capataces, 4) el de autoridades locales, y 5) el que realizan representantes de sindicatos agrícolas. De acuerdo con estudios más recientes, actualmente es más común que los reclutadores estén vinculados a algún sindicato de jornaleros/as, y que cobren la cuota sindical por cada trabajador/a”, afirma, además, el informe.

Mientras los supermercados del norte del país y las exportaciones hacia el exterior se abastecen de los frutos cosechados en la costa de Hermosillo, los niños de Las Palmitas caminan sobre tierra polvorienta o lodazales, cargando mochilas que a menudo quedarán vacías ante la inasistencia forzada. La agroindustria, eficiente en su lógica de producción y ganancia, cosecha así una paradoja amarga: su abundancia se construye sobre un sistema que erosiona el futuro mismo de quienes la hacen posible. La pregunta que queda flotando entre los surcos, tan incómoda como necesaria, es cuánto más podrá una sociedad permitir que el precio de su alimento sea la renuncia a la educación, la estabilidad y la dignidad de una generación entera.