Alrededor de cinco hectáreas del monte de Misnebalam, considerado el último pulmón verde de Chablekal, comisaría de Mérida, fueron deforestadas a pesar de que la zona estaba protegida por orden del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, bajo el cuidado de la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal, la cual exige a las autoridades ejercer acciones contundentes para detener los megaproyectos y el racismo que amenazan su territorio.

Fotografías: cortesía de la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal

Yucatán, México.− Unas personas lo descubrieron casi por casualidad. Pasaron por el monte conocido como Misnebalam, al norte de Chablekal, localidad de Mérida. Pese a que esa zona estaba restringida, observaron el ingreso de maquinaria pesada. Avisaron a quienes se encargaban de cuidar el monte. Y esas guardianas lo confirmaron: cerca del trascabo y demás vehículos, vieron las ceibas y los chakás demolidos, arrancados de raíz. Escucharon el silencio que dominaba los chillidos de los insectos y los cantos de las aves. Vieron aplanados los cerritos, donde se sospechaba que había vestigios arqueológicos.

A Misnebalam lo han amenazado varias veces, pero nunca habían concretado daños tan visibles como el ecocidio que tuvo lugar en ese territorio el pasado 26 de junio. Para sus guardianas y guardianes, habitantes mayas que conformaron la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal hace once años como una estrategia para protegerse de los despojos y la invasión de los megaproyectos, esta es la gota que colma un vaso lleno de racismo, omisiones, corrupción y colusión entre autoridades municipales, estatales y federales y empresarios acaparadores de la tierra.

“Nos llena de mucho coraje ver cómo después de tanta advertencia han permitido que se lleve a cabo este desmonte, esta tala ilegal. Queremos pensar que las autoridades estarían haciendo su trabajo para no pensar que están coludidas ante el poder que estamos viendo de las inmobiliarias o empresas particulares. Pero vemos cómo esta acción vulnera el derecho de un pueblo a decidir cómo quiere vivir y qué espacios quiere preservar y conservar”, comentó Silvia Chalé, integrante de la Unión, durante un recorrido casi forense en la zona destruida.

El ecocidio anunciado

A principios de abril de este año se realizó una asamblea en la comisaría ejidal de Chablekal para firmar un contrato de usufructo con José Palma Pool, con el fin de iniciar un proyecto de extracción de piedra dentro de la zona de Misnebalam. Aunque 99 % de los integrantes rechazaron la medida, a principios de mayo se detectó en el territorio la presencia de maquinaria que barría la selva de Misnebalam.

El 12 de junio se realizó una asamblea para hacer exactamente lo mismo: conceder un contrato de usufructo para la extracción de piedra, pero ahora no a una persona física sino a una persona moral, la empresa Coradime. De acuerdo con lo que compartieron algunos ejidatarios a Miguel Anguas, abogado de la asociación civil que acompaña el caso, Kanan Derechos Humanos, el comisario ejidal Manuel Abán dijo que se extraería material para proyectos relacionados con la ampliación del Tren Maya. En una rápida consulta de la página web de la empresa, en efecto se enlista el megaproyecto como parte de su currículum.

El 26 de junio se descubrió la deforestación de aproximadamente cinco hectáreas de Misnebalam. Ante el ecocidio y la violación a la medida cautelar, la Unión presentó denuncias en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la destrucción de la selva, ya que cualquier modificación al monte debe contar con permiso previo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y, de acuerdo con la información recabada hasta ahora, el proyecto de Coradime no contaba con esa autorización.

También se notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se presentó un incidente de violación a la medida precautoria con la que contaba el polígono de Misnebalam por orden del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 (TUA). Tanto la Profepa como el INAH ya clausuraron las obras. La maquinaria ya no se encuentra en el sitio.

La Unión espera que el TUA, que no se ha pronunciado respecto al caso, intervenga. También exige al INAH y a la Profepa continuar con el proceso de investigación, no limitarse  a clausurar las obras, sino identificar y sancionar a las personas responsables del ecocidio y la violación a los derechos del pueblo maya de Chablekal. Y lo más importante: condiciones para que esto no se repita y se repare todo el daño causado al monte, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

“Somos un pueblo, somos parte de Chablekal. Queremos resguardar los pocos espacios que nos quedan, como sus montes, que son el pulmón con el que respiramos, de donde sacamos la madera y la leña, lo último que nos queda ante la creciente urbanización sin ordenamiento, un desarrollo que está llevándose a los pueblos cercanos a la periferia de Mérida. Estamos viviendo el avasallamiento de las inmobiliarias que despojan tierras a los pueblos para hacer privadas que no solo cambian nuestra vida: nos cambian a dejar de ser un pueblo para ser una colonia. Nos preocupa lo vulnerable que queda un pueblo porque no se aplican las leyes”, sentenció Silvia.

La defensa del último pulmón verde de Chablekal

Si bien la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal surgió oficialmente el 28 de agosto de 2014, su lucha comenzó antes, cuando habitantes de esa localidad perteneciente al municipio de Mérida comenzaron a atestiguar la venta masiva de tierras que anteriormente eran ejidales.

“Ese año fue cuando más tierra se entregó. Nosotros decimos que fue despojo porque al final de cuentas ni el pueblo ni el propio ejido recibieron un pago justo por la tierra que entregaron”, recordó Silvia.

Por ejemplo, hubo una operación que quedó grabada en la memoria de la Unión, cuando en ese año se aprobó la venta de ochocientas hectáreas de un polígono conocido como “El Pinocho” al empresario Carlos Abraham Mafud, socio de diversas empresas inmobiliarias, a quien al final le entregaron mil doscientas hectáreas.

Las y los habitantes sospecharon que las asambleas eran amañadas o se engañaba a los ejidatarios para firmar las actas. Ya que solamente el ejido tenía el control de las tierras, algunas personas intentaron incorporarse, con el objetivo de participar en las asambleas ejidales para verificar que los procesos se hicieran correctamente y, a la vez, crear un contrapeso para evitar las ventas masivas de territorio, pero sus solicitudes fueron rechazadas en varias ocasiones. Cuando supieron que, por el contrario, el comisariado ejidal admitió a empresarios que nunca formaron parte del pueblo (por ejemplo, Antonino Almazán, señalado como acaparador de tierras en varias partes de México), con la clara intención de amañar las asambleas ejidales, decidieron conformarse como Unión y tomar acciones contundentes para defender su territorio.

El primer paso consistió en demandar al ejido ante el TUA, para exigir el alto a la venta de tierras, el reconocimiento del derecho a la tenencia de la tierra y los recursos naturales de la Unión como colectivo de habitantes mayas, así como su posesión de Misnebalam, un polígono de tierras de uso común con una extensión de alrededor de doscientas ochenta hectáreas.

De acuerdo con Kanan, este juicio es el primero en su tipo en Yucatán; resulta novedoso, ya que frecuentemente se considera que solo los ejidatarios tienen poder de decisión sobre la tierra del ejido. Sin embargo, el argumento de la Unión es que el territorio no solo lo viven, gestionan y cuidan los ejidatarios, sino toda la comunidad.

Tomó alrededor de dos años que el TUA aceptara la demanda, pero eso no detuvo que el comisariado ejidal intentara en varias ocasiones comercializar tierras de Misnebalam. La Unión solicitó una medida precautoria al TUA, para impedir cualquier movimiento de venta o renta en lo que termina el juicio. Esta fue otorgada en 2016 y desde entonces el ejido ha intentado vulnerarla al menos en tres ocasiones, generando usufructos ilegales de esos terrenos. A la par, algunas asambleas ejidales se llevan a cabo sin transparencia y mediante engaños, ciertos ejidatarios firman documentos sin saber qué contienen. Ha sido así como han brindado su consentimiento para realizar usufructos sin saberlo.

Integrantes de la Unión también han sido blanco de intimidación por parte de ejidatarios, pero la violencia no se limita a ellos: sus padres y abuelos, que sí forman parte del ejido, también han sufrido represalias. Por ejemplo, se les ha condicionado la entrega de constancias de terreno a cambio de que sus hijas, hijos, nietas o nietos abandonen la Unión.

Aunque el colectivo ha reportado todo esto al TUA y al Registro Agrario Nacional (RAN), e incluso ha presentado amparos contra los usufructos ilegales, hasta ahora la Procuraduría Agraria no ha sancionado al comisariado ejidal.

“Un pueblo sin monte no tiene nada”

Mientras tanto, la Unión ha realizado labores de salvaguarda y protección en Misnebalam: con la colaboración de universidades y especialistas, exploró y estudió el terreno y encontró algunos “muul”, montículos o cerritos que son asentamientos prehispánicos. Ya fueron, incluso, registrados en el Atlas Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como una zona con presencia de vestigios que no ha sido explorada.

También realizaron un dictamen y corroboraron que el territorio es una selva baja caducifolia. Han intentado en varias ocasiones que la Semarnat admita ese documento para que el polígono cuente con una protección extra, ya que no se pueden parcelar ni vender tierras en selvas, de acuerdo con la Ley Agraria.

Además, en colaboración con la Universidad Chapingo hicieron un catálogo de plantas maderables y medicinales que se encuentran en el territorio. En un trabajo conjunto con estudiantes de arquitectura especialistas en topografía, comenzaron a planear proyectos de aprovechamiento forestal y ecoturismo para preservar el territorio de Misnebalam, así como conservar a los animales que ahí habitan, como las chachalacas, pavos del monte, víboras, tigrillos, entre otros.

“Lo que nosotros hoy en día estamos peleando, que llevamos casi once años con esta lucha, es exactamente para preservar un pueblo, conservar sus espacios para conservar su monte, para que tengan también un espacio los animales que ahí habitan, salvaguardar esos asentamientos prehispánicos, nuestros muules, nuestros animales, nuestra vegetación y maderas, todo lo que en él habita. Un pueblo sin monte no tiene nada. Y nosotros no queremos ser una colonia de Mérida, queremos ser un pueblo con memorias, con historia, con todo lo que hace un pueblo”, explicó Silvia.