La lucha por la tierra en Venezuela resume siglos de violencia, despojo y desigualdad. Desde el latifundio construido sobre el exterminio indígena hasta la Ley de Tierras de 2001, y su reforma en 2010, el campo ha sido escenario de conflicto. Hoy, experiencias como la Comuna Pancha Vásquez muestran una transformación aún abierta entre propiedad, poder y autogobierno.

Fotografía: MIPPCI, Archivo El Nacional, Mincomunas, YVKE Mundial Radio, Prensa MinAgricultura y Prensa Presidencial

Caracas, Venezuela.- La cuestión de la propiedad de la tierra en Venezuela es una larga historia de poder, violencia y disputa. Antes del chavismo, el campo venezolano estaba atravesado por una estructura latifundista que concentraba grandes extensiones en pocas manos y dejaba a campesinos y comunidades indígenas en condiciones de subordinación. Como resume Juan Fernández, militante de la Unión Comunera y miembro de la Comuna Pancha Vásquez, antes de la Ley de Tierras aprobada e implementada en la Revolución Bolivariana, existía “una estructura desigual, marcada principalmente por el latifundio”, donde la tierra quedaba concentrada en manos de terratenientes, mientras el trabajo recaía sobre campesinos y trabajadores de la tierra en condiciones muy precarias.

Latifundio y violencia estructural

El orden latifundista no surgió en el vacío. Antes de la llegada española, el territorio estaba habitado por pueblos indígenas que, con la colonización, fueron desplazados desde las zonas costeras hacia el interior del país. Luego, la independencia de Venezuela no trajo consigo la inmediata abolición de la esclavitud ni la redistribución de tierras para la clase trabajadora ni el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, sino al contrario: algunos generales se convirtieron en terratenientes, en la nueva burguesía nacional. Cuarenta años después de la muerte de El Libertador Simón Bolívar, se libró en Venezuela la Guerra Federal. Fue una confrontación de clases entre la oligarquía criolla y el campesinado liderado por el “General del Pueblo Soberano” Ezequiel Zamora, encarnación de la lucha por la tierra en Venezuela y de la dignidad de un pueblo que reafirmaba su rebeldía ante la injusticia, su vocación por la justicia social y su libertad plena. La distribución de la tierra históricamente ha traído consigo violencia, que no pertenece a un pasado lejano, sino que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX.

El caso del Hato La Rubiera permite ponerle rostro y crudeza a esa historia de despojo. El 26 de diciembre de 1967, tras remontar durante cuarenta y ocho horas el río Capanaparo, dieciséis integrantes de una familia del pueblo Cuiva fueron asesinados en una emboscada en ese hato apureño, en el llano venezolano. Habían sido invitados desde Elorza por el dueño de la finca bajo la promesa de acordar un trabajo y compartir un almuerzo. Cuando la familia desembarcó y los niños comenzaron a comer, hombres armados salieron de los cuartos y ejecutaron la masacre. Solo tres lograron sobrevivir porque se habían quedado rezagados asegurando las curiaras, y fueron quienes después pudieron relatar lo ocurrido.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, esta matanza formaba parte de una práctica sistemática conocida en la región como “salir a guajibear”: expediciones de exterminio organizadas por terratenientes para expulsar o eliminar a comunidades indígenas y así consolidar el control sobre la tierra. Apenas unos meses antes, en agosto de ese mismo año, cerca de quinientos indígenas habían sido asesinados bajo esta misma lógica; sus cuerpos fueron quemados en grandes piras y los sobrevivientes sometidos a condiciones de esclavitud hasta morir. En pleno siglo XX, las llanuras de Venezuela y Colombia fueron escenario de un proceso sostenido de exterminio contra pueblos como los cuiva, yaruro, chiracoa o salivas, mediante violencia directa, desplazamiento forzado y destrucción de sus formas de vida.

Recordar La Rubiera es fundamental para entender que el latifundio en los llanos no solo se construyó sobre la acumulación de tierras, sino sobre un proceso sistemático de violencia y exterminio. La concentración de la propiedad implicó la eliminación de los verdaderos habitantes históricos del territorio. En ese sentido, el latifundio fue más que una estructura económica: fue una forma de dominación territorial y cultural que se montó sobre siglos de expulsión y silenciamiento.

Reforma agraria como ruptura política

En ese contexto, la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001 no fue una medida técnica, sino una ruptura política. No se trataba únicamente de “democratizar” el acceso a la tierra, sino de algo más profundo: redistribuirla. Juan Fernández lo plantea con claridad: “democratizar sin redistribuir dejaba intacta la desigualdad material, porque el acceso formal a la tierra no bastaba si no cambiaban las condiciones reales de propiedad y uso. Cuando hablamos de latifundio −explica− son personas que tienen 20 000, 30 000 hectáreas, grandes cantidades de tierra, la mayoría sin producción”.

La ley partía de una premisa clara: la tierra debía cumplir una función social, y no podía seguir siendo un activo ocioso en manos de unos pocos. Chávez insistió en ese punto porque el problema no era solo la gran extensión en pocas manos, sino también las extensiones improductivas o subutilizadas. Al lado de estas coexistían minifundios, fundos, fincas y parcelas en manos de pequeños productores que, aunque eran muchos más, no tenían asegurado el reconocimiento jurídico, la regularización de la tenencia, el sostenimiento de la producción, la comercialización de sus cosechas, ni la permanencia en el campo. Para Juan Fernández, en Apure, el problema se veía con una nitidez extrema: “Hubo hatos expropiados de compañías transnacionales, con dueños que ni siquiera vivían en Venezuela y que explotaban mano de obra local como obreros de hato”.

Ese principio se tradujo en una política concreta: el rescate de tierras. A través del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Estado comenzó a intervenir latifundios, ya fuera por improductividad o por irregularidades en la tenencia. El procedimiento combinaba decisiones de oficio, cuando el propio Estado identificaba tierras a recuperar, con denuncias campesinas. Tras inspecciones técnicas, se podía declarar el rescate y abrir el proceso de adjudicación.

La idea expresada en el Artículo 1 de la Ley, reformada en 2010, es una declaración de intenciones, ya que su objeto es “establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones”.

Pero esa adjudicación no implicaba una simple transferencia de propiedad en términos clásicos. En muchos casos, la tierra no pasaba a ser propiedad privada individual, sino que se entregaba bajo formas colectivas: cooperativas, Fundos Zamoranos y más adelante consejos campesinos y comunas. Lo que se otorgaba era el derecho al uso y al trabajo, no a la especulación. La tierra, en términos legales, es patrimonio de la nación. La ley también creó tribunales agrarios especializados para tratar los conflictos de tenencia y priorizar el derecho del campesino frente al título de propiedad cuando correspondía. Todo ello hizo que la política de tierras no se limitara a distribuir hectáreas, sino a abrir una nueva institucionalidad para pensar el campo.

Sin embargo, este proceso no fue lineal ni pacífico. La disputa por la tierra ya existía antes de la ley, pero con su implementación se intensificó. Durante décadas, los campesinos habían sido desplazados por terratenientes que ampliaban sus dominios mediante el poder económico y la connivencia institucional. En muchos casos, además, el trabajo recaía sobre mano de obra migrante, sobre todo colombiana, especialmente en zonas fronterizas y del Sur del Lago, donde se les sometía a jornadas durísimas y a veces a trabajos prácticamente forzosos, muchas veces pagados solo con comida, porque ni siquiera tenían documentos para exigir un empleo digno.

Con la ley, ese equilibrio comenzó a romperse. La disputa ya no era solo por la tierra, sino por el poder de decidir sobre ella. La reacción fue violenta. Los terratenientes no solo litigaron en tribunales o presionaron políticamente, algo hicieron formando parte, por ejemplo, del bloque que impulsó el golpe de Estado de 2002. En muchos territorios, la respuesta tomó la forma de sicariato, amenazas y asesinatos selectivos de líderes campesinos. La violencia, en numerosos casos, se recrudeció como mecanismo para frenar los procesos de recuperación.

Aun así, el proceso avanzó, no sin contradicciones. Hubo tierras que nunca llegaron a redistribuirse, casos donde el poder económico logró revertir decisiones y una burocracia estatal que en ocasiones ralentizó o bloqueó los procedimientos. El latifundio, de hecho, no desapareció, en algunos casos se reacomodó. Juan Fernández explica que siguió vivo por varias vías. Una de las más frecuentes fue la violencia territorial directa allí donde el Estado tenía una presencia débil o ineficiente. Otra fue la maniobra jurídica: terratenientes que, al saber que una finca había sido denunciada, alteraban rápidamente su nivel de productividad para que el INTI, al inspeccionarla, la encontrara “mejorable” o productiva. 

También operó la reconcentración de tierras por otra vía: la mercantilización de predios adjudicados a campesinos o cooperativas que no recibieron el apoyo técnico y material necesario para sostener la producción. Fernández insiste en que muchas de esas experiencias quedaron vulnerables por la falta de políticas agrarias eficaces y, posteriormente, por el bloqueo económico y por la escasez de insumos, semillas o maquinaria. El resultado fue que, en no pocos casos, las tierras terminaron siendo vendidas y recompradas por antiguos o nuevos latifundistas. No era solo un problema de repartir tierra: también hacían falta máquinas, infraestructura, formación o sostén técnico. “Puedes repartir la tierra y luego no la puedes trabajar”, resume.

Formas colectivas y Poder Popular

Con esos límites, la Ley de Tierras abrió un nuevo terreno político: reconoció al campesinado como sujeto, legitimó sus formas de organización y creó las condiciones para nuevas experiencias de producción y vida colectiva. Al principio, la figura central fueron las cooperativas, que sirvieron para iniciar la redistribución y la adjudicación. Pero con el tiempo esa forma organizativa empezó a ser cuestionada: en algunos casos funcionó más como una relación de socios que como una verdadera construcción colectiva, y en no pocos lugares incluso derivó en ventas parciales o fragmentación. “Algunas se crearon como para adquirir el recurso”, explica Juan, “al tiempo se separaba, ‘denme lo mío’, y cada quien agarraba por su lado”.

Luego aparecieron los Fundos Zamoranos, con apoyo técnico y la llegada de equipos cubanos de refuerzo, que acompañaron la organización productiva. También surgieron los comités de tierra, que permitieron titularidad colectiva. Y más adelante, con los Consejos Comunales desde 2006, la política de tierras pasó de hablar solo de siembra a hablar de territorio: planificación, autogestión, vivienda, electrificación, toma de decisiones y ejercicio político local. Juan lo explica así: “con los Consejos Comunales y luego con las Comunas, el territorio ya no se piensa solo como una parcela, sino como una estructura política completa, casi como si cada Consejo Comunal fuera un municipio y la Comuna un estado, con sus vocerías, su organización interna y su autogobierno”.

En ese proceso, el impulso no fue exclusivamente estatal ni exclusivamente popular. La lucha campesina viene de mucho antes, desde la Colonia, y fue parte de todos los intentos históricos de reforma agraria en Venezuela. Pero el Estado, encabezado por Chávez, puso la voluntad política, el marco legal y la legitimidad institucional para que la redistribución pudiera arrancar. Y fueron las bases campesinas las que pusieron el cuerpo, sostuvieron la presión y evitaron que la ley quedara convertida en letra muerta. Sin uno de los dos, el proceso difícilmente habría avanzado.

Juan Fernández insiste también en que Chávez entendió que la reforma agraria no se limitaba a la tierra, sino a un proyecto de país. Por eso habló de la “siembra de petróleo” y de la necesidad de romper con la economía de puertos. “Venezuela era un país rentista −dice−. Producía el petróleo, lo vendía y todo llegaba por barco”. La apuesta chavista fue diversificar la producción y dejar de depender de la importación. De allí la inversión en maquinaria, en convenios internacionales, en banca pública agrícola y en programas para impulsar la producción de carne, queso, café, cacao, maíz, arroz y otros rubros. Para él, si toda esa inversión se hubiera valorado y protegido, Venezuela no seguiría hoy tan dependiente del puerto.

En ese paisaje aparece la figura de Francisca Vásquez, conocida como Pancha Vásquez, una terrateniente apureña nacida en 1878 y fallecida en 1931, quien tomó el control de una gran hacienda ganadera heredada y llegó a morir con al menos 50 000 hectáreas a su nombre. Su historia, rodeada de mitos y leyendas, inspiró incluso a Rómulo Gallegos en la construcción de su novela Doña Bárbara. La propia memoria comunal la recuerda como una mujer fuerte, enérgica y combativa, pero también como símbolo de un orden agrario profundamente desigual.

La Comuna como sujeto político

La Comuna Pancha Vásquez surge precisamente sobre ese terreno histórico contradictorio. Se ubica en Elorza, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, y ocupa un territorio de 84 000 hectáreas. Está conformada por catorce consejos comunales, fue constituida en 2010 y registrada en 2014. La historia organizativa de la Comuna empezó antes de su registro formal: comenzó a organizarse en 2006, al formarse los consejos comunales. En 2010, cuando Chávez impulsó con fuerza la idea de la comuna, cinco consejos comunales fundaron lo que hoy es la Comuna Pancha Vásquez, y luego se sumaron nueve más. 

Juan Fernández cuenta que, en el territorio de la Comuna, el latifundio existió realmente. En las 84 000 hectáreas, dice, había tres familias que concentraban la tierra: los Araque, los Castillo y los Fuentes, además de la propia Pancha Vásquez. La elección del nombre no fue inocente ni cómoda. “Yo particularmente en principio no quería eso” admite, “porque Chávez nos hablaba de luchar contra el latifundio”. Pero la decisión fue por votación popular y quedó como un homenaje a una mujer enérgica y combativa. Se asumió esa denominación como parte de una resignificación política: tomar el nombre de una figura del viejo orden para construir, desde allí, un proyecto de Poder Popular.

Ese proyecto comunal se desarrolla en una sabana enorme, dispersa, donde la distancia geográfica ha condicionado durante mucho tiempo la vida colectiva. En la Comuna Pancha Vásquez, la mayoría de las tierras del vasto territorio están en manos de pequeños y medianos productores, aunque también existen cuatro hatos con 10 000 cabezas de ganado o más, lo que demuestra que el campo sigue siendo un espacio de coexistencia entre formas de producción desigual y concentraciones importantes de capital ganadero. Juan señala incluso que algunos de esos grandes hatos eran de compañías inglesas y fueron expropiados por el Estado; hoy son propiedades estatales, aunque para él eso no resuelve el problema por completo: “Me atrevería a decir ahora que el mismo Estado en parte se ha convertido también en un gran terrateniente”, afirma, porque tiene grandes extensiones improductivas y muchas veces no las entrega a los productores que las solicitan.

La Comuna Pancha Vásquez es, en su base, ganadera. Sin embargo, tres de sus Consejos Comunales, ubicados a orillas del río Arauca, tienen vocación agrícola y producen maíz, yuca y plátano. A eso se suman la pesca y la apicultura, lo que vuelve a la Comuna una estructura productiva diversificada, no reducida a un solo rubro. Juan describe un territorio con unos ochocientos productores, entre pequeños, medianos y grandes, y con una población de alrededor de 1360 familias y más de 4500 habitantes. “Es un territorio amplio, grande”, dice, en el que todavía quedan productores con mucha tierra, pero donde la producción se diversificó.

La referencia a Chávez atraviesa toda la experiencia de la Comuna. El propio territorio de Elorza tuvo un papel especial en su vida política: entre 1985 y 1988 el joven oficial Hugo Chávez estuvo destacado allí, donde afinó su visión política y aprendió de cerca la realidad llanera, las tradiciones culturales, los espíritus de la sabana y también la violencia ejercida contra los pueblos indígenas. Las comuneras y comuneros de Pancha Vásquez insisten en que él fue un pensador del futuro y que dejó sembrada la idea de que la Comuna debía convertirse en la base de una nueva sociedad. En la memoria local, Chávez no aparece solo como líder nacional, sino como figura íntimamente ligada al territorio, a su música, a sus leyendas, a su gente humilde y a la convicción de que la política debe organizar la vida colectiva.

La Ley de Tierras y el impulso comunal abrieron un horizonte distinto al del latifundio, pero el proceso aún no ha finalizado. En Pancha Vásquez, la tierra sigue siendo privada y no comunal o colectiva, lo que limita seriamente la capacidad de la Comuna para actuar como tal en plenitud. Allí nos explican que han solicitado al INTI la transferencia de tierras estatales subutilizadas ubicadas dentro o cerca del perímetro comunal, así como la cesión de una finca que hoy permanece en espera de decisión. También señalan que, dentro del Estado, hay sectores más favorables a la Comuna y otros más inclinados a las llamadas alianzas estratégicas con el sector privado. La conclusión de los comuneros es directa: trabajar para que la Comuna tenga tierra comunal es una de las tareas pendientes más importantes.

Juan Fernández lo dice sin rodeos: “la Comuna tiene poder, porque está en la ley y forma parte del proyecto político de Chávez, pero ese poder tiene que ejercerse y hacerse respetar. Si nosotros tenemos poder y no lo ejecutamos, no estamos haciendo nada”. Para él, la Comuna es el gobierno más cercano al territorio, y no puede quedar subordinada a alcaldes, gobernadores o estructuras partidistas que pretendan decidir por encima de la decisión colectiva. Esa tensión con la burocracia, dice, es uno de los grandes problemas de la Revolución: demasiados niveles, demasiada intermediación. “Cuando hay demasiada estructura, eso se convierte en burocracia”.

Tierra, poder y autogobierno

La dicotomía vieja propiedad privada y nueva propiedad social es central para entender la disputa actual en tantos lugares en Venezuela. Juan Fernández lo formula de forma directa: “ya no se trata solo de redistribuir la tierra, sino de ejercer poder político sobre ella. La Comuna no solo quiere administrar un territorio; quiere transformar la lógica misma de ese territorio”. Por eso su proyecto productivo se articula con una idea política más amplia, la de que la producción comunal y la propiedad no privada son claves para cambiar la sociedad. 

En ese proceso, la comuna se presenta como una escuela de autogobierno, un espacio donde la gente discute sus problemas, piensa soluciones y organiza una hoja de ruta colectiva. Y allí la asamblea es la máxima autoridad. La comuna no se idealiza como paraíso; se muestra como una forma concreta de poder popular que aprende en medio de errores, dificultades y crisis. Para los y las comuneras, el autogobierno emerge cuando las personas resuelven juntas sus problemas cotidianos y no dependen por completo de instituciones externas.

Juan Fernández explica, además, que el poder comunal no es una figura abstracta: está vinculado a la posibilidad real de decidir sobre proyectos. “Si una consulta popular aprueba un proyecto, ese proyecto debe ejecutarse. Cuando eso no pasa, la democracia queda vaciada”. Esto nos dice defendiendo la idea de que el pueblo debe poder decidir si quiere una cría de pollo, una máquina, un sistema de agua o una infraestructura. La comuna, insiste, no puede ser un ente burocrático intermedio. Tiene que resolver. Y la estructura política debe respetar esa decisión. “Si se empiezan a ver resultados positivos”, resume, “eso es lo que va a permitir que la gente se mantenga unida y salga a defender la Revolución”.

Visto en conjunto, el contraste entre latifundio, Ley de Tierras y comuna permite leer una transformación histórica todavía abierta. El latifundio representó concentración, exclusión y dominio de pocos sobre muchos; la Ley de Tierras abrió una grieta para cuestionar esa estructura; y la comuna aparece hoy como el intento más concreto de convertir la tierra en espacio de propiedad social, autogobierno y producción colectiva.

La historia no está resuelta. La persistencia de la propiedad privada, las tierras estatales subutilizadas que aún no han sido transferidas, la presión del capital, junto con las consecuencias derivadas del bloqueo y las sanciones, y las tensiones internas muestran que el viejo orden no ha desaparecido del todo. Aun así, la Comuna Pancha Vásquez demuestra que el campo venezolano también está lleno de voluntades organizadas que intentan construir una nueva relación con la tierra, con el trabajo y con la vida común. En ese sentido, acabar con el latifundio no es una consigna abstracta: es condición para que la comuna pueda desplegar plenamente el futuro que ya está ensayando.