En los últimos años, la ciudad capital del estado de Yucatán, en México, se ha expandido, alcanzando a las comunidades mayas que viven en la periferia y desatando ventas irregulares de tierras que eran ejidales, a costa de los derechos y modos de vida de los pueblos.

Texto y fotografías: Lilia Balam

Yucatán, México.− La expansión urbana en Mérida, capital de Yucatán, alcanzó a las comunidades mayas que viven en la periferia, desatando ventas irregulares de tierras que eran ejidales, a costa de los derechos y modos de vida de los pueblos, que no solo pierden sus tierras: también se ven forzados a cambiar sus costumbres y modo de vida.

De acuerdo con Alberto Velázquez, investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (CIHS-UACAM), a partir del 2000 se comenzó a documentar casos de despojo frecuentes en la zona metropolitana meridana, a raíz de la expansión urbana de la capital yucateca.

Por ejemplo, parte de lo que antaño era el pueblo Caucel, localizado al poniente de la ciudad, fue “absorbido” por la mancha urbana para crear fraccionamientos. Entre 2000 y 2006 las y los pobladores denunciaron despojos y ventas fraudulentas, llegando a vincular incluso al exgobernador panista Patricio Patrón Laviada con la intención de construir un aeropuerto que, finalmente, no fue edificado.

Otros casos se dieron en las localidades meridanas Santa Gertrudis Copó, San José Tzal, la subcomisaría Temozón Norte y, como se informó en Ceiba, en Chablekal, donde empresarios pusieron el ojo para construir el Country Club y erigir otros proyectos inmobiliarios. También en los municipios Kanasín y Umán, ubicados en la zona oriente y sur aledaña a Mérida, se reportaron despojos de tierras.

Especialistas, organizaciones y medios locales detectaron un patrón en esos casos, acuñando el término “mafia agraria” para referirse a la red de empresarios, despachos jurídicos y dependencias gubernamentales que mediante corrupción, violencia y fraudes, hacen trámites oficiales agrarios o catastrales, así como juicios y peritajes. Todo esto para la obtención de tierras de propiedad colectiva a bajo precio, con el objetivo de realizar transacciones comerciales posteriormente, en su mayoría en el ámbito de los bienes raíces.

“Diferentes organizaciones de derechos humanos registraron casos en los que los ejidos vendieron tierras y ni sabían que habían vendido”, explicó el investigador.

De ser pueblo a ser una fracción de la ciudad: perder la identidad y el poder

La principal consecuencia del despojo de tierras por la expansión urbana es la pérdida de la identidad de los pueblos mayas: pierden sus formas de organización y su modo de vida. Por ejemplo, en Santa Gertrudis Copó, las y los pobladores originarios ya no pueden hacer sus fiestas tradicionales en los horarios que acostumbraban, pues quienes viven en las nuevas urbanizaciones, sobre todo en las privadas o residenciales, se quejan.

Además, los servicios se encarecen y su calidad disminuye, situación que desemboca en el desplazamiento de población maya. Las comunidades pierden la capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones, pues prácticamente dejan de ser pueblo y se convierten en una parte de la ciudad. Con estos cambios también se visualiza el racismo institucional, ya que es frecuente que se prioricen las necesidades de las zonas residenciales y fraccionamientos mientras la comunidad originaria pasa a segundo plano.

“Vemos residenciales con sus avenidas muy bonitas, pero las calles del pueblo maya están todas dadas en la torre. Se hace un contraste muy grande entre las zonas residenciales y lo que queda del pueblo”, indicó Velázquez.

Esto también se ha visto en Santa Gertrudis Copó, donde la zona residencial que rodea los sitios donde vive la población maya utiliza los cárcamos de agua de la comunidad en vez de crear el propio.

“A la zona residencial sí le llega el agua potable y a la comunidad originaria ya no le llega. Y esto se ha visto en otros puntos, donde por ejemplo no pagaban recolección de basura y ahora deben generar un pago porque entra una empresa a recolectar basura. Parecen cosas sencillas, pero se suman al encarecimiento de la vida y al empobrecimiento de la calidad de vida”, describió el especialista.

Se comienzan a establecer comercios de cadena en las residenciales, desplazando la economía local y generando que los negocios del lugar poco a poco desaparezcan. Las consecuencias también son visibles a nivel ambiental, pues la creación de nuevos fraccionamientos implica cambios de uso de suelo, deforestación del monte y otras modificaciones del ecosistema.

Tensiones, resistencias y posibles soluciones

Las tensiones poco a poco rompen el tejido social de los pueblos mayas. “Este crecimiento urbano acelerado está generando fragmentación en las comunidades, en donde a veces, incluso, hay división entre ejidatarios y pobladores”, agregó Velázquez.

Sin embargo, también se han generado movimientos de resistencia. Las y los pobladores de Santa Gertrudis Copó se organizaron para denunciar los despojos y los problemas que han tenido con servicios básicos a raíz de la construcción de residenciales en su territorio. En Chablekal, como documentó Ceiba, surgió la Unión de Pobladoras y Pobladores que lucha contra el ejido, integrado por sus propias familias, para combatir la venta de tierras.

Desafortunadamente, la población organizada usualmente enfrenta un sistema de justicia lento, con el que un juicio agrario puede alargarse hasta diez años sin ser resuelto. Esto genera agotamiento en la misma comunidad.

“No hay una justicia pronta y expedita, sino todo lo contrario, y el crecimiento urbano viene por todos lados. La presión y la fragmentación de la comunidad van generando aún más desgaste en quienes están defendiendo el territorio”, recalcó Velázquez.

En la opinión del investigador, la mejor solución es generar políticas públicas que blinden los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades mayas. También sería urgente que las autoridades no autoricen más megaproyectos, de ninguna naturaleza, en Yucatán.

El año pasado, diversos colectivos, asesorados por la organización Utsil Kuxtal, emitieron una declaratoria de emergencia socioambiental en la península de Yucatán. Exigían precisamente una solución a la problemática del despojo de tierras a poblaciones mayas, al crecimiento inmobiliario desmedido y no planeado, a la deforestación y a las violaciones de derechos de los pueblos indígenas.

Yucatán fue la entidad que acumuló mayor número de inscripciones al cambio de destino de tierras ejidales en el país de 1993 a 2023: 359, de acuerdo con el Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El documento indica que estos cambios son “derivados del potencial comercial y turístico de la zona”. En su mayoría, el cambio implicaba pasar de uso común a parcelas con la intención de transferirlas a dominio pleno, y que, a su vez, se pudieran comercializar sin ninguna restricción.

De hecho, Yucatán es uno de los estados que concentran el mayor número de cambios de uso común a asentamiento humano. También, junto con Chihuahua, encabeza los cambios de uso común a zona urbana: ambos acumulan noventa solicitudes de esa naturaleza.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), entre 1993 y 2018, en Yucatán se parceló un total de 103 mil 575 hectáreas de tierras. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (entre 2012 y 2018), un total de 68 mil hectáreas dejaron de ser ejidales y pasaron a dominio pleno, es decir, se privatizaron.

Es urgente impedir que la mancha urbana siga creciendo, apuntó Velázquez, pero también diseñar las medidas para reparar los daños causados en los territorios de los pueblos mayas.

“Lo principal sería poner un candado al crecimiento, pero ya tendríamos que pensar en posibilidades de reparación, de poner en funcionamiento lo que se dañó, pues en un periodo de entre diez y veinte años Mérida duplicó su tamaño, pasó de los 400 y 800 mil habitantes al millón. Es un crecimiento excesivo. Y seguimos invitando a todo el mundo a que venga a vivir a Mérida, a costa del reconocimiento de los pueblos indígenas, del despojo de su territorio, de afectaciones ambientales y de violaciones a los derechos indígenas. Hay que empezar a prevenir ese proceso”, concluyó.