No contar con una vivienda ni con los recursos para solventar un alquiler son dos condiciones que ponen en la indefensión a la población en Hermosillo, capital de Sonora, al noroeste de México. La violencia en contra de personas sin hogar, la mano dura contra asentamientos irregulares y la criminalización de la defensa de los espacios públicos forman parte del problema, todo mediado por una lógica que prioriza el lucro por sobre los derechos constitucionales.

Fotografías: Alberto Duarte y Mayra Paredes

Sonora, México.- El derecho a la vivienda en Hermosillo, capital de Sonora, al noroeste de México, fue uno de los temas de mayor discusión durante los primeros tres trimestres del año debido a una serie de acontecimientos que captaron la atención de la prensa y de las audiencias. Diversas son las situaciones problemáticas que se pueden observar, desde el origen de los asentamientos irregulares propiciados por la migración y por un urbanismo enfocado en el lucro y la especulación inmobiliaria, no en las necesidades de la población, hasta la criminalización de las personas sin techo por parte de las autoridades. En este texto esbozaré algunos de estos sucesos.

Viviendas de interés social que no caben en barrios acomodados

El último de estos casos, y uno de los de mayor foco, sucedió cuando el gobernador Alfonso Durazo encabezó la puesta en marcha de la construcción de mil cuatrocientas viviendas al poniente de la ciudad, en el marco del Programa Nacional de Vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con banderas y maquinaria pesada de fondo, los funcionarios se tomaron la fotografía oficial y minutos más tarde la zona quedó despejada, aunque no por mucho tiempo.

Aquello sucedió el 18 de agosto, pero dos días después, el miércoles 20, un grupo de vecinos se manifestó contra el proyecto. Esta zona es una de las de mayor plusvalía de la ciudad, donde hay múltiples desarrollos inmobiliarios que se levantan, junto al estadio Fernando Valenzuela, casa del equipo local de béisbol, en una parte de la ciudad, mayormente desértica y de apariencia árida.

En los carteles de quienes manifestaban aparecieron frases que evocaban algunas características del proyecto anunciado y de los modos de su implementación. Otras hicieron girar la opinión pública hacia el término “clasismo”, sobre todo por las declaraciones que las acompañaban y que se referían a la posibilidad de que el valor de sus viviendas descendiera a partir de la construcción de las viviendas del Programa Nacional.

“Este proyecto es una imposición”, se leyó en una manta de varios metros de ancho con impresión profesional, “las dependencias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano actúan sin consenso y sin consultar a vecinos, violando su propia misión de planeación y administración de suelo”, cerraba el mensaje en la lona. “No a las favelas del bienestar”, decía una más atrevida que aludía a que la construcción planteada originalmente como un espacio de cuatro pisos con mil cuatrocientas cincuenta viviendas, significaría un caldo de cultivo para el hacinamiento.

Lo último fue respaldado por el dirigente local de la Confederación de Trabajadores de México, la central obrera más grande del país y, por consecuencia, también una de las más polémicas por su relación con el poder. “El problema no es menor: convivencia, privacidad, clima y seguridad se ven afectados en estos complejos. Queremos soluciones de vivienda, no problemas”, dijo a medios locales el secretario general en Hermosillo, Óscar Ortiz, y aludió a que de construirse quedarían en el abandono.

El 21 de agosto la noticia llegó a los oídos de la presidenta de México, quien abordó el tema durante su conferencia mañanera y dijo que “no puede haber división social y territorial de ‘aquí viven los ricos y aquí viven los pobres’”. No obstante, para el día siguiente, el titular de la Secretaría del Bienestar del estado, Fernando Rojo de la Vega, quien además coordinó la campaña electoral de Sheinbaum Pardo en Sonora, anunció por redes sociales que el proyecto sería reubicado.

La decisión volcó nuevamente la discusión al clasismo con el que se habría manejado la situación, debido a la prontitud con la que los gobernantes atendieron los reclamos de la población de un sector alejado de la pobreza, mientras que otras exigencias, de corte medioambiental o relacionadas con el combate a la violencia o el acceso a los servicios llevan años ignoradas.

Esto puso de relieve otro asunto, la pregunta sobre quiénes serían posibles beneficiarios de la construcción de vivienda de interés social en Hermosillo. Esta interrogante apunta a la serie de requisitos establecidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Sin embargo, la respuesta más ingenua e inmediata lleva a otra problemática que cobró relevancia en la capital de Sonora este año: la situación de las personas sin hogar.

Las calles son destino de migrantes

No resulta fortuito que la migración tenga relación con la gente sin hogar que habita en Hermosillo, al encontrarse la ciudad en el camino de migrantes de gran parte de Centro y Suramérica hacia el suroeste de los Estados Unidos. Las probabilidades de acabar en semejante indefensión aumentan entre personas que son deportadas, entre aquellas que se integran a los circuitos de la agricultura intensiva y, especialmente, entre quienes utilizan la ruta como una escala en su camino al sueño americano.

“Estoy aquí trabajando en la calle porque me regresaron de Estados Unidos”, aseguró en entrevista con Ceiba Jesús Alfredo, joven de diecisiete años originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el tzotzil es su lengua materna. “Solo gasté mucho dinero”, añadió. El menor, comentó mientras sostenía una cartulina con un mensaje para pedir dinero a los automovilistas, se dedicaba en su tierra a los cultivos de maíz y frijol, lo mismo que a labores de corte y recolección de leña.

Era la segunda ocasión en la que Jesús Alfredo buscaba llegar a los Estados Unidos. El pago al coyote fue de doscientos cincuenta mil pesos, hecho que lo llevó a encontrarse en situación de calle. Actualmente, dijo, busca conseguir tres mil quinientos pesos para pagar un alquiler al norte de la ciudad y planear su regreso a Chiapas.

Dimensionar la historia de Jesús Alfredo implica echar un vistazo a las estadísticas generadas por la Unidad de Política Migratoria. Dicha oficina de la Secretaría de Gobernación informó que, solo entre enero y mayo de este año, 9141 personas nacidas en México fueron devueltas desde el país del norte a través de Sonora. Además, las autoridades migratorias detuvieron a dos mil diecinueve personas extranjeras dentro del perímetro estatal.

En el otro escenario de movilidad, el de jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social arrojan que el promedio de trabajadores eventuales en temporada baja, como el mes de enero, se encuentra cerca de las veinte mil personas en el periodo posterior a la pandemia. Esto sin considerar que existe un subregistro en el tema, debido a que el sector de jornaleros y jornaleras agrícolas es uno de los que más adolece de violaciones a sus derechos laborales en el país.

Violencia institucional contra personas en situación de calle

A finales del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento se encontraba organizando las Fiestas del Pitic, un evento cultural gratuito que se realiza todos los años para celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad. Fue en ese contexto que un grupo de policías municipales habrían recibido la orden de trasladar, aún contra su voluntad, a personas de “apariencia vagabunda”. Esto con el objeto de evitar una mala imagen durante las celebraciones, según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Se trata, en general, de personas cuyo derecho a una vivienda digna, según los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra lejos de cumplirse. Más aún, dicha situación de vulnerabilidad fue instrumentada por la Policía Municipal de Hermosillo.

Los oficiales, a la usanza del crimen organizado, “levantaron” cerca de cuarenta personas, las subieron en autobuses y las llevaron cientos de kilómetros al sur, en las cercanías del municipio de Navojoa. Allí fueron dejadas a su suerte, de tal forma que una de ellas murió tras complicaciones de salud luego de caminar horas por el desierto en busca de ayuda. Otras más permanecen desaparecidas, como el caso de Teresa Ramírez Enríquez, de sesenta años, vista por última vez en la víspera de los hechos, de acuerdo con sus familiares, quienes averiguaron por cuenta propia que habría sido una de las víctimas del operativo.

El caso fue judicializado a partir de que la fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación; posteriormente fueron detenidos dos agentes y el director de la corporación presentó su renuncia alegando persecución hacia el cuerpo policial. Mientras tanto, se hizo público que el operativo había tenido como víctimas a personas sin hogar, también a lavacarros y a un abogado que se encontraba descansando en una plaza pública.

Al momento del juicio para la vinculación a proceso del exdirector de la policía, Emilio Hoyos, el juez a cargo determinó dejarlo en libertad. Esto a pesar de que durante el proceso fueron filtradas pruebas, como el video de seguridad de uno de los autobuses utilizados. En las imágenes se observan algunos policías de Hermosillo sacando a rastras a una persona en medio de la carretera.

El costo humano de la política de vivienda en Hermosillo

El problema de la vivienda, ya no el derecho como tal, se extiende cuando las alternativas “irregulares” también son restringidas por los gobernantes. En el año 2011, cuando el alcalde era el panista Javier Gándara Magaña, una “invasión” llamada “el Guayacán”, ubicada al norte de la ciudad, fue desalojada con uso de maquinaria pesada.

El operativo se realizó de madrugada y dejó sin opciones a decenas de familias que habían poblado una serie de predios abandonados. Para el momento del desalojo, los habitantes, cuyos hogares fueron levantados mayormente con materiales reciclados como cartones, lonas y tarimas, ya habían sorteado el acceso a servicios básicos a través de conexiones irregulares, además de que el espacio contaba con numerosos jardines.

Entre los argumentos de la autoridad estaba que el asentamiento se encontraba sobre lo que antes fue un basurero. Sin embargo, este planteamiento perdió legitimidad cuando la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien ejerció el cargo de 2018 a 2021, les ofreció terrenos a las familias al norponiente, en las periferias del “Cerro Colorado”.

El camino más corto entre la nueva ubicación y el resto de la ciudad implicaba cruzar por un basurero privado cuyo dueño, según testimonios recogidos en el 2016, encañonó múltiples veces a quienes atravesaban su propiedad para cortar camino rumbo al trabajo o al supermercado. El basurero se conoce como El Tarín.

Aunque en los asentamientos irregulares habitan numerosas personas y familias que buscan la seguridad de un hogar, en realidad se encuentran con un entorno de violencia del que el crimen organizado forma parte y termina por orillar a la población a situaciones cada vez más extremas.

Entre estos asuntos, según testimonios, se encuentra la ejecución de personas en medio de rituales dedicados a la Santa Muerte, así como el temor de que las niñas se acerquen a la mayoría de edad y se vuelvan blanco de violaciones, asesinatos o que “las vendan a un congal”. Las corporaciones de seguridad, en este contexto, no representan una opción debido a que no tienen gran presencia, a pesar de que policías han “comprado” terrenos para utilizarlos como campestres.

La propiedad de las tierras, en los casos en que lograron regularizarse, fue determinada mediante una red de líderes como El Shaka y lideresas como doña Carmen, quienes primero iniciaron los asentamientos irregulares y más tarde mediaron entre la población sin hogar y el gobierno.

“El Shaka”, dijo en entrevista en el 2018, se considera a sí mismo como un luchador social. Cobraba, en aquel tiempo, doscientos pesos por posesión de lote, cosa que fue posible verificar con testimonios de pobladores de los asentamientos del Cerro Colorado. Su lucha, afirma, consiste en la utilización de la política social.

“Yo me gané el nombre de líder porque he formado muchas invasiones. Tengo como treinta años en esto y me considero un luchador social natural. Yo no uso la política, uso la política social. [Para acceder a un terreno] vienen y me dicen y yo les doy, pero eso era antes, ya no meto gente porque ese no es el negocio, yo no vivo de ellos”, aseguró.

Ángel Encinas, entrevistado en el Cerro Colorado en el 2016, mencionó que incluso al tratarse de la posesión de terrenos en asentamientos irregulares, la inseguridad juega un papel importante a la hora de poder hacer vida. “Tenía un terreno en otra invasión”, dijo, “pero lo dejé porque habitaba mucho malviviente. Se lo dejé al Shaka. El Shaka está bien, cobraba doscientos pesos, pero doña Carmen aquí cobra tres mil pesos”.

Con el paso de los años, las prácticas de desalojo y de abandono de los asentamientos irregulares por parte de las instituciones, se mantiene vigente: el 14 de marzo de este año un operativo entre policías municipales, estatales y agentes ministeriales desalojó a unas cien familias de la invasión Tres Reynas, ubicada al sur de la ciudad, luego de un par de semanas de su instalación.

El método fue similar. El desalojo comenzó cerca de las seis de la mañana, se realizó con maquinaria pesada y destruyó los inmuebles: algunos más improvisados y endebles, hechos con bolsas negras, cartones y lonas, pero otros más elaborados, con madera y una estructura sólida.

El operativo fue llamado “de restitución de propiedad” debido a que respondió a la orden de un juez que admitió la denuncia de los dueños del terreno, una familia inmersa en el negocio inmobiliario. Para el desalojo acudieron decenas de agentes estatales y municipales. No hubo personas heridas, aunque al menos cuatro casas fueron incendiadas por sus habitantes a manera de protesta. El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, afirmó entonces que se brindaría apoyo a la población.

Defensa y organización vecinal

La diferencia entre no contar con un techo sobre la cabeza y contar con uno improvisado sin la certeza de los títulos de propiedad, según lo acontecido en Hermosillo los últimos meses y años, puede desdibujarse de un momento a otro. Bastan un par de buldóceres y algunas patrullas. Pero estos dos elementos no son exclusivos de tales niveles de vulnerabilidad.

Lo último se hizo patente en la ciudad cuando Alejandro Valenzuela y Jano Valenzuela, padre e hijo, recibieron una notificación de que se inició un proceso penal en su contra. Quien demanda es un particular. Se les acusa de despojo, daños y otros presuntos delitos similares por impedir que el área verde de Sacramento, la residencial donde viven, sea convertida en un supermercado.

“Es una historia larga, inicia en los ochenta, cuando la constructora que se llama Dinámica del Pacífico, cuyos dueños son de las familias Noriega y Astiazarán (el mismo apellido del actual alcalde, Antonio Astiazarán), hacen la colonia. Por ley tenían la obligación de entregar el 12 % del área vendible para área verde y equipamiento urbano. En total eran siete mil metros cuadrados”, señaló Jano Valenzuela en entrevista.

La compañía, sin embargo, no entregó el área verde, por lo que más tarde los vecinos se organizaron y comenzaron a sembrar árboles en un predio en desuso al interior de la residencial. Dicho predio coincide en dimensiones con la obligación no asumida por la constructora, de modo que se convirtió en un bosque urbano gracias al trabajo vecinal.

Sin embargo, el particular comenzó a disputar el espacio al que supuestamente tenía derecho debido a que el ayuntamiento había vendido el terreno por quince mil pesos, mientras que el valor del predio era del orden de los millones. Desde entonces, pelear el derecho a una vivienda digna, lo que incluye espacios como áreas verdes, ha significado para la comunidad detener en múltiples ocasiones la maquinaria que busca entrar a derribar los más de doscientos cincuenta árboles que las familias han plantado y llevar el caso a la corte.

El proceso penal iniciado contra Alejandro y Jano es considerado por la organización vecinal como una manera de amedrentarles para hacerlos desistir y lucrar, cerca de cuarenta años más tarde, con el derecho de las familias a su bosque urbano.