Uno de los países con mayor concentración de la propiedad privada de la tierra en pocas manos es Brasil. Se trata de una realidad que afecta diariamente a millones de personas que ven restringido el acceso a la tierra para construir una vida mejor. A través de una revisión histórica de los orígenes de esta terrible desigualdad y de las luchas de resistencia nos encaminamos a la demanda de una verdadera reforma agraria que incluya prácticas agroecológicas y una comprensión integral del territorio.

Fotografías: Alice Lima Nin y Heriberto Paredes

Río de Janeiro, Brasil.- En la historia de Brasil, y de América Latina en general, el acceso a la tierra es un factor determinante de la situación de desigualdad de los diferentes grupos sociales en la sociedad y en la estructura político-económica regional. Brasil es uno de los países del mundo con mayor concentración de la propiedad privada de la tierra. En el territorio brasileño existen grandes latifundios con raíces históricas que se remontan al período de la colonización portuguesa, caracterizados por el monocultivo para la exportación y la esclavitud.

Los censos agropecuarios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) evidencian la continuidad de esta condición de concentración en la propiedad de la tierra, la cual se mantuvo prácticamente inalterada entre 1985 y 2006, con un ligero aumento en el último censo, en 2017. La región que reveló una mayor concentración de la propiedad de la tierra es la del centro-oeste brasileño, donde casi la mitad de la superficie de establecimientos agropecuarios está ocupada por establecimientos de más de 2500 hectáreas. Estos se destacan por la producción de soja y maíz, basada en un modelo de agricultura vinculado al agronegocio brasileño, con una fuerte inserción en el mercado global.

Lo que vemos en el modelo agroindustrial del país, extremadamente concentrado y orientado a la exportación de cereales, tiene su origen en la ocupación territorial brasileña. Esta se produjo de manera desordenada, marcada por fronteras difusas entre la legalidad y la ilegalidad, la apropiación ilegal y la ocupación de tierras, las superposiciones de títulos de propiedad y una relación promiscua entre lo público y lo privado. Además, hubo una gran concentración de la propiedad de la tierra, combinada con monocultivos para la exportación y mano de obra sustentada por la esclavitud.

Las transformaciones políticas y económicas emprendidas para el desarrollo del capitalismo en el país no abordaron la cuestión de la concentración de la tierra; por el contrario, tras quinientos largos años de latifundios, la reforma agraria popular sigue siendo un horizonte lejano. Hasta hoy existen muchas propiedades rurales en situación irregular, extensiones de tierra donde no se sabe con certeza quién posee los derechos de propiedad y municipios con registros de propiedad que superan con creces su propia extensión territorial.

Junto con los problemas de la propiedad de la tierra surge una serie de impactos que trascienden el ámbito legal y estatal. Este patrón de territorialización genera un conjunto de cuestiones sociales y ambientales más amplias, que afectan de manera transversal al Brasil actual. Ante este panorama, actúa una fuerte red de resistencia a las formas de territorialización del capitalismo extractivista en el país, que construye y defiende alternativas al modelo de ocupación territorial emprendido por el agronegocio. Disputa desde dentro y desde fuera del Estado otras formas de organizar la vida rural, el cultivo y el uso de la tierra.

Sin duda, el ejemplo principal y más conocido de esta red es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, uno de los mayores movimientos por el derecho a la tierra en América Latina.  Aborda la cuestión agraria brasileña desde diversos frentes de acción en la lucha por la tierra, la reforma agraria, la agroecología, la educación en el campo y la soberanía alimentaria. Además del MST, también forman parte de esta red otros varios movimientos fuertemente vinculados a la lucha campesina, como el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) o el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) que actúa en la lucha por el derecho a una vivienda digna en las grandes ciudades.

Se suman a la resistencia las diversas luchas territoriales de los indígenas, los quilombolas y las poblaciones tradicionales que luchan por la recuperación y demarcación de sus tierras y en defensa de sus ríos. Quizás el episodio reciente con mayor repercusión nacional de estos últimos haya sido la ocupación victoriosa, por parte del movimiento indígena del Bajo Tapajós, de las instalaciones de la gigante multinacional de granos Cargill, en el puerto de la ciudad de Santarém (estado de Pará), en contra de un decreto de privatización del río Tapajós.

Por lo tanto, comenzar por la tierra a analizar Brasil significa comenzar a analizar dinámicas desiguales y conflictivas, creando una cartografía compleja y multifacética, con diferentes formas de antagonismo y diferentes maneras de habitar y concebir la relación de interdependencia con la tierra.

La constante actualización de las formas de conflicto en el campo brasileño perfila la actualidad de la cuestión agraria en Brasil. Es la articulación entre diversidad de marcadores históricos y sociales la que ofrece el esbozo de un posible mapa crítico de la situación, en medio de una profunda crisis de las estructuras de poder internacionales y de un colapso ecosocial general aún poco reconocido en el país.

Breve historia de los derechos de propiedad de la tierra en Brasil

El derecho a la propiedad de la tierra en Brasil cuenta con cuatro hitos legales principales: el régimen de sesmarias (de 1500 a 1822), el régimen de posesión (de 1822 a 1850), el régimen de la Ley de Tierras de 1850 y el régimen republicano (de 1889 hasta la actualidad). Cada régimen marca un conjunto de políticas agrarias.

En el período colonial, la adquisición de tierras (las sesmarias) se concedía únicamente a los “amigos del rey”. La ley de las sesmarias tiene su origen en el contexto de la crisis agrícola portuguesa, relacionada con el abandono de tierras; buscaba obligar a los propietarios a cultivar la tierra o a transmitirla. La Corona portuguesa, entonces, intentó trasladar este sistema a las tierras brasileñas, mediante la concesión de tierras a particulares con la condición de que las cultivaran durante un período de cinco años.

Según la legislación, las sesmarias debían tener un límite de tamaño acorde con la capacidad de cultivo. En la práctica, nunca se logró fiscalizar las concesiones de tierras, lo que desembocó en la formación de grandes latifundios improductivos.

La economía colonial se caracterizaba por un modelo de monocultivo esclavista orientado a la exportación de materias primas (como el café y la caña de azúcar); por lo tanto, dependía en gran medida del cultivo en grandes propiedades. Al mismo tiempo, dado que estas tierras solo correspondían a quienes tenían los medios para solicitar una sesmaria, a la población rural solo le quedaba la simple ocupación de la tierra. Así, la posesión representaba, para el pequeño agricultor, una práctica común. 

Durante el régimen de posesión, la simple ocupación de tierras se convirtió también en la principal forma de adquisición de tierras, esta vez por parte de los grandes propietarios. En medio de un panorama latifundista caótico y desordenado, y ante la falta de un marco legal que regulase la propiedad de las tierras brasileñas, la posesión funcionaba como la principal forma de adquisición de tierras en la colonia brasileña. La independencia de Brasil, en 1822, se produce en medio de este contexto.

En 1850 se promulga la primera ley destinada a regularizar la caótica situación de la gran propiedad. La Ley de Tierras establece la compraventa como única forma de adquisición de tierras públicas, consolidando así las desigualdades existentes hasta entonces en el acceso a la tierra. Fue, en la práctica, la primera iniciativa legal que buscó regularizar la propiedad privada en Brasil.

La Ley de Tierras llega en un momento de crisis en la forma de organizar la producción agrícola, la posesión y el uso de la tierra, y en un período de transición hacia un nuevo sistema, con la prohibición del tráfico de esclavos en 1850. Se trata de un período conflictivo, con multiplicación de fugas y organización en quilombos por parte de la población negra. Se desorganizó la producción agrícola colonial esclavista, mientras que en Europa el trabajo asalariado se consolidaba como nueva forma de explotación capitalista.

Además, la ley autorizó la venta de tierras a extranjeros, lo que dificultó el acceso a la tierra de gran parte de la población indígena, africana y afrobrasileña, y contribuyó aún más a las desigualdades que hoy perviven en el campo brasileño.

En 1964, año del golpe militar en el país, se instituyó el Estatuto de la Tierra, un nuevo régimen jurídico sobre la propiedad privada. Tenía en cuenta la función social de la propiedad y establecía dos instrumentos para promover la reforma agraria: la expropiación de los latifundios improductivos y la tributación progresiva de la tierra. Según el estatuto, el Estado brasileño pasaba a garantizar el derecho a la tierra a quienes la trabajaban, lo que dio lugar a una variedad de leyes que intentaban regular la reforma agraria.

En la década de 1970, bajo el lema “Integrar para no entregar”, el régimen militar lanzó un nuevo ciclo de expansión territorial al promover la ocupación de la Amazonía como proyecto de integración nacional, a través de planes de colonización, como si ya no hubiera gente en la región. En ese contexto se creó el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), lo que marcó la institucionalización de una política orientada al asentamiento de trabajadores sin tierra y a la reorganización del espacio agrario.

Con el fin del régimen militar, se promulgó una nueva constitución, la Constitución Federal de 1988, vigente hasta hoy. Conocida en Brasil como Constitución Ciudadana, establece una serie de garantías sociales y orienta el sistema jurídico brasileño que regula los derechos territoriales de los indígenas y otras poblaciones tradicionales, además de las políticas agrícolas y de la propiedad de la tierra.

Al disponer sobre la función social de la propiedad, el texto constitucional también afirma el derecho originario de los pueblos indígenas a las tierras que ocupan tradicionalmente, prevé el reconocimiento de los territorios quilombolas y atribuye al Estado la responsabilidad de delimitar y proteger áreas territoriales específicas. Aunque representa un avance significativo, la aplicación efectiva de estas directrices sigue estando lejos de la realidad brasileña.

En la actualidad, la situación de la propiedad de la tierra en Brasil se caracteriza por un conjunto de categorías de tenencia de la tierra. Incluye, además de la propiedad privada, otras formas de demarcación de tierras, como las tierras indígenas, los territorios quilombolas, las unidades de conservación, los asentamientos de la reforma agraria y la tenencia de pequeños agricultores y comunidades tradicionales.

Dentro de estas categorías, la propiedad privada de la tierra es la forma más consolidada. La tenencia colectiva y la de los pequeños agricultores siguen estando poco establecidas, con derechos territoriales aún frágiles, a menudo marcados por largos y complejos procesos burocráticos, conflictos y las más diversas formas de presiones políticas y económicas.

Además, la inexistencia de un registro único que integre información geográfica y jurídica sobre propiedades y posesiones en Brasil hace que las políticas de propiedad de la tierra se implementen sin un conocimiento preciso del territorio, lo que termina generando frecuentes superposiciones de áreas. Actualmente, la estructura de la propiedad de la tierra en el país se configura como un mosaico de categorías distintas, cada una regulada por conjuntos de leyes específicas, administradas por organismos diferentes.

La lucha por la tierra y el territorio

Al lado de todos los cambios en los regímenes de posesión de la tierra en Brasil, hasta la actualidad, ha habido mucha lucha y resistencia popular y territorial. La lucha campesina se manifestaba a través de diferentes prácticas y lenguajes de acción colectiva. La resistencia de los pueblos indígenas y quilombolas, ante el proceso de mercantilización de sus tierras y en defensa de sus modos de vida, tenía formas multifacéticas de defender lo común como base para la reproducción de la vida cotidiana de sus territorios.

El MST surge en parte debido a este contexto de lucha diversa, justo después de un período de recrudecimiento de las desigualdades, debido al modelo agrario de la dictadura militar, aún más concentrador y excluyente, con las marcas de la violencia de Estado del régimen.

Las ocupaciones de tierras resurgen, en este contexto, también como una forma de presionar y resistir a la dictadura militar. En 1984 se funda el MST como un movimiento campesino nacional, con tres frentes principales: la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria y la lucha por cambios sociales en el país.

Durante los años noventa, el MST se consolidó como un movimiento popular nacional. A principios de la primera década de 2000, el movimiento estaba presente en veintitrés estados brasileños.  a través de asociaciones de producción, comercialización y servicios, cooperativas y escuelas públicas en los asentamientos, con un proyecto pedagógico específico para el contexto rural.

Fue en los años noventa cuando ocurrieron las masacres más emblemáticas de la historia de la lucha por la tierra en Brasil, como la masacre de Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará, donde murieron veintiún trabajadores sin tierra y otras cincuenta y seis personas resultaron heridas o mutiladas. En la masacre participaron 155 policías, sin identificación en el uniforme, y con armas y municiones no enlistadas en los registros oficiales.

Desde principios del siglo XXI, el espacio rural brasileño ha pasado a estar dominado de forma más intensa por el agronegocio, estructurado sobre todo en torno a las exportaciones, el sistema financiero y las grandes corporaciones.

Con el fortalecimiento de este modelo, el debate sobre la cuestión agraria se ha vuelto más complejo. Se exige a los movimientos sociales, como los trabajadores sin tierra, que transformen su actuación ante la creciente presencia del capital extranjero, las empresas transnacionales y los grandes grupos económicos dedicados a la producción de materias primas, celulosa y energía para sostener los patrones globales de consumo.

La necesidad de una reforma agraria se intensifica, no solo en el sentido de descentralizar la propiedad de la tierra, sino también de cambiar las formas de producción, lo que pone de manifiesto una disputa más amplia entre dos proyectos para el país: por un lado, la agricultura de base familiar, orientada al abastecimiento interno de alimentos; por otro, el agronegocio, centrado en el monocultivo y la exportación.

Ante este escenario, los trabajadores sin tierra formulan un nuevo programa para la reforma agraria, basado en la agroecología. La propuesta articula la democratización del acceso a la tierra con la necesidad de un modelo productivo que priorice alimentos saludables destinados al mercado interno, aliado a la distribución de la renta y a la cuestión ambiental.

Junto con el giro agroecológico del MST existe una importante asociación entre la tierra y el territorio. Se comprende cada vez más que la lucha por la tierra va de la mano de la lucha por amplios vínculos territoriales, los cuales articulan aspectos culturales y sociales complejos, además de diversos. Esto es esencial para la resistencia popular frente a las ofensivas extractivistas.

La tierra, por lo tanto, se vuelve indisociable del territorio, el cual, a su vez, es indisociable del cuerpo y de las formas de vínculo entre humanos y seres más que humanos que mantienen a diario las más diversas poblaciones tradicionales, indígenas y quilombolas, con el protagonismo de las mujeres.

No se trata de una lucha por un pedazo de tierra cualquiera, sino de la lucha por un territorio específico y por todas las relaciones que entrelazan el modo de vida de estas poblaciones en esos lugares. Esta perspectiva se aleja de las narrativas que conciben lo común como un bien o un recurso, tratando de entenderlo siempre a partir de sus vínculos y relaciones, necesarios para la reproducción de la vida humana y no humana.

Cuando leemos sobre los principales hitos legales de la legislación agraria brasileña, puede parecer que estamos hablando de tierras vacías, de una apropiación de tierras disponibles como si antes no viviera gente ahí. Sin embargo, detrás de todo este relato legal que sitúa la historia estatal de la apropiación de tierras en Brasil, hay otra historia, con herencias mucho más antiguas en el territorio que hoy llamamos Brasil.

Con las separaciones y mediaciones características de la organización de la vida capitalista, olvidamos que siempre han existido otros caminos y encajes posibles para una vida interdependiente con la tierra, trayectorias de larga duración que dan cuenta de otros mundos de vida. Al hablar de esos otros mundos, algunas luchas territoriales en Brasil han reiterado la necesidad de teñir el debate sobre la democratización de la tierra con perspectivas que no la conciban como mercancía, propiedad para ser vendida, comprada o concedida.

Existe, pues, un giro en las luchas por la tierra en Brasil, en gran parte sobre la base de la experiencia de las luchas indígenas y quilombolas. También hay una alianza creciente con la interdependencia ecológica como horizonte político y base para la vida en los territorios, enfatizando la construcción y el cuidado de los diferentes vínculos relacionales que entrelazan tierra, río, personas, animales, plantas, etc.

Los sistemas agroforestales y la producción agroecológica cobran fuerza desde esta perspectiva integral. A menudo protagonizan el debate de movimientos, como el MST, y de iniciativas de carácter más autonomista, como la Teia dos Povos (Tela de los Pueblos). Consiste esta iniciativa en una articulación de comunidades, territorios, pueblos y organizaciones políticas, rurales y urbanas que buscan caminos de emancipación colectiva a partir de la construcción de una red solidaria, una alianza negra, indígena y popular.

Una de las principales características distintivas de redes como la Teia dos Povos es la apuesta por una alianza de lucha desvinculada de la política electoral y de las políticas centradas en el Estado. Es una agenda particularmente importante para un país como Brasil, marcado por una historia de movimientos sociales de masas, para los cuales el debate sobre la autonomía respecto al Estado enfrenta muchos desafíos, sin asumir mucha centralidad, sobre todo ahora, en medio del auge del fascismo y en un país cada vez más polarizado.

Una mirada desde la perspectiva de los conflictos

La conflictividad en el campo es clave para comprender el contexto rural del país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), que lleva un registro de las masacres en el campo brasileño, entre 1985 y 2021 se registraron cincuenta y seis masacres, en las que murieron 293 personas en once estados brasileños.

Estos conflictos involucran disputas por la tierra, el agua, los derechos y las condiciones de trabajo y producción. Ponen de manifiesto la continuidad de la violencia contra los defensores del campo, las aguas y los bosques en Brasil.

Una de las conclusiones del cuaderno Conflitos no campo, Brasil 2024, publicado por la CPT, es que no hubo una reducción significativa de la violencia en el campo entre el período correspondiente a los Gobiernos de Temer y Bolsonaro y el del Gobierno de Lula, excepto en las cifras relativas a los asesinatos.

Esto debe interpretarse a la luz del hecho de que el tercer Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) llega al poder tras un período de gran desmantelamiento y retroceso en las políticas agrarias debido a los gobiernos anteriores. De cualquier manera, es evidente que la violencia en el campo es una constante, independientemente de los gobiernos que van y vienen.

Según el informe de la CPT, los conflictos están relacionados con al menos dos grandes factores desencadenantes: por un lado, la especulación y la sobreexplotación de la tierra, debido al boom de las materias primas, que no deja de renovarse; por otro, la sobreexplotación y la mercantilización del agua, convertida en materia prima o contaminada por los procesos productivos. Ambos están profundamente relacionados, entre otros, con el modelo del agronegocio como principal proyecto y fuerza hegemónica en la política agraria brasileña.

En el siglo XXI, la economía agrícola del país se ha orientado progresivamente hacia un único horizonte: la especialización en la exportación de materias primas, sobre todo cereales y carnes, cuya producción crece de manera vertiginosa e impulsa un salto significativo en las exportaciones. Este movimiento, sin embargo, no ocurre sin costos: se basa en la expansión continua del mercado de tierras, a menudo sustentada por la apropiación ilegal de áreas públicas y el avance sobre tierras indígenas y reservas forestales. Son procesos que, tras la ocupación, buscan legitimación institucional ante los órganos del Estado bajo la influencia de sectores organizados del agronegocio en el Congreso brasileño.

Sin embargo, contrariamente a lo que sugiere su discurso de fuerza, hay indicios de agotamiento del pacto que sustenta la economía política del agronegocio, lo que apunta a la necesidad de una transición ecosocial que aún no se refleja en las políticas del Estado brasileño.

En la práctica, el sector sigue dependiendo de sólidos incentivos fiscales y financieros, respaldado por su desempeño exportador y por una política económica favorable. Además, la creciente integración de los circuitos de capital más allá de las fronteras nacionales ha reconfigurado las dinámicas económicas y sociales del agronegocio, desplazando el eje de la acumulación hacia redes transnacionales que articulan grandes corporaciones a escala global.

En este contexto, el agronegocio brasileño no se inserta como expresión de un capital estrictamente nacional, tal como suele presentarse, sino como parte de un engranaje más amplio de capital transnacional, respaldado por un Estado que actúa en la expansión de los mercados y en la promoción de las exportaciones de materias primas.

Así, aunque beneficie a las élites económicas locales, este sector opera profundamente conectado a intereses y estructuras de inversión globales. De tal modo, las exportaciones agrícolas de Brasil se configuran, en la práctica, como una expresión de los flujos de capital transnacional.

En 2024, además de la violencia recurrente en el campo, se destacaron eventos extremos como inundaciones, sequías, incendios y contaminaciones por agrotóxicos. Al mismo tiempo, avanzaron propuestas legislativas que buscan legitimar los intereses del agronegocio articulados con fuerzas de la extrema derecha.

Por eso, hablar hoy de la tierra y de la cuestión agraria brasileña es hablar también de una tierra devastada por cambios ecológicos irreversibles e imprevisibles en medio de un contexto político desfavorable, lo que introduce una variable más en el debate: la crisis climática, como una realidad incierta que está reconfigurando las estructuras de poder en el campo brasileño y latinoamericano en su conjunto.

En medio de la hegemonía del agronegocio, la persistencia de los latifundios, la intensificación de los conflictos en el campo y la participación de Brasil en los circuitos transnacionales de capital, se acelera el colapso climático. Ante todo esto siguen movilizadas múltiples formas de resistencia que, a lo largo del tiempo, han estado disputando otros términos de relación con la tierra.

Desde el surgimiento y la consolidación del MST hasta las luchas indígenas, quilombolas y de comunidades tradicionales, pasando por articulaciones como la Teja dos Povos, observamos una reconfiguración de la propia idea de reforma agraria, ahora con el protagonismo de las prácticas agroecológicas y una comprensión ampliada del territorio como espacio de vida, relación e interdependencia.