Aunque el Gobierno de los Estados Unidos reporta récords en decomisos de fentanilo y control migratorio, los cárteles se adaptan: la droga es ahora más pura y letal, mientras el coyotaje aumenta sus precios y recluta menores. El epicentro del negocio está en la frontera con México, donde la adicción va en aumento.

Fotografías: Heriberto Paredes

Sonora, México. − Mientras el gobierno de Donald Trump celebra cifras récord en la reducción del tráfico de fentanilo y la disminución de cruces migratorios ilegales, los datos revelan una paradoja peligrosa: los cárteles no pierden, se adaptan.

¿Cómo logran mantener sus ganancias pese al operativo fronterizo más agresivo en décadas? 

La respuesta está en un fentanilo cada vez más puro y letal, capaz de multiplicar sus dosis, y en un coyotaje migratorio que ahora opera con niños y tarifas exorbitantes.

Cifras espectaculares, pocos resultados

La cantidad de fentanilo decomisado en los Estados Unidos cayó cerca de 70% de 2023 a 2025. Las cifras las dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), después de que asegurara –o confiscara– 1.57 toneladas de la droga sintética entre enero y mayo de este año, mientras que en el mismo lapso de 2023 los operativos sacaron del mercado 4.77 toneladas.

Sin embargo, estos números están lejos de reflejar un golpe contundente al mercado ilícito controlado por el crimen organizado, según estimaciones oficiales sobre el valor de la droga en ambos períodos. Ciertamente, el tonelaje de droga decomisado comenzó a descender, pero, al mismo tiempo, el valor de la droga se duplicó.

La autoridad fronteriza de Estados Unidos anunció que de enero a mayo de este año 2025 se decomisaron 1 mil 566.68 kilogramos de fentanilo, mientras que un año atrás fueron 3 mil 497.72 y, previo a ello, en el 2023, 4 mil 773.63.

Período	Kilogramos decomisados
Enero-mayo 2023	4 773.63
Enero-mayo 2024	3 497.72
Enero-mayo 2025	1 566.68

En estos tres años, el valor estimado por cada kilogramo de fentanilo sacado de circulación pasó de ser de 7 mil 204.74 dólares en 2023, a 14 mil 400.99 en 2025.

Período	Valor de la droga por kilogramo
Enero-mayo 2023	$ 7 204.74
Enero-mayo 2025	$ 14 400.99

Por otro lado, el valor de los decomisos estimado por el Gobierno estadounidense indica que el golpe económico para los cárteles sumó hasta mayo 22.56 millones de dólares, mientras que en 2024 eran 26.91 millones y en 2023, 34.39 millones.

Período	Golpe económico a los cárteles
Enero-mayo 2023	$ 34 390 000
Enero-mayo 2024	$ 26 910 000
Enero-mayo 2025	$ 22 560 000

Se observa claramente que la reducción del tráfico de fentanilo y la consecuente menor cantidad de droga decomisada no significó, al mismo tiempo, la disminución del impacto económico a los cárteles. ¿Cómo se explica este fenómeno?

Políticas públicas empujan cambios en la pureza de la droga

La explicación se encuentra en la dinámica de la economía ilegal. De acuerdo con Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, los datos sugieren una hipótesis:

Ante mayores dificultades para enviar el producto a través de la frontera de manera clandestina, los grupos criminales responsables de su fabricación, tal como el Cártel de Sinaloa, particularmente Los Chapitos, este año habrían sintetizado fentanilo cada vez más puro. Ello permitiría obtener las mismas ganancias a través de cargas ilegales que ocupan mucho menos espacio y que generan una mayor cantidad de dosis, lo que representa una alternativa criminal a la crisis de frontera.

Los registros del Gobierno de Donald Trump fortalecen dicha hipótesis al observar el número de dosis sacadas de circulación. Teniendo en cuenta que en el 2025 los kilogramos decomisados han estado cerca de su mínimo histórico, los operativos evitaron la venta de 370.21 millones de dosis, mientras que doce meses antes la cifra era de 320.22 millones.

Lo anterior señala que cada kilogramo de fentanilo decomisado en 2024 equivalía a 91 mil 550.89 dosis, pero tras los primeros meses del Gobierno de Donald Trump este indicador pasó a 236 mil 301.99 dosis por cada kilogramo. Un avance de 158.11 puntos porcentuales.

Período	Dosis por kilogramo decomisado	Dosis fuera de circulación
Enero-mayo 2024	91 550.89	320 000 000.22
Enero-mayo 2025	236 301.99	370 000 000.21

Esta dinámica respecto a los kilogramos y las dosis sugiere que cada kilogramo es más puro y, por lo tanto, es posible “cortarlo” más para ofrecerlo al consumidor. Es decir, se vuelve más viable mezclarlo con otras sustancias para hacerlo rendir.

Observar lo sucedido en estos términos entre 2023 y 2024 refuerza la hipótesis de Paz Pellat, pues en ese lapso los datos refieren que las dosis por kilogramo cayeron 22.48 % al tiempo que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que, en dicho año, 2024, la pureza del fentanilo detectado fue menor que el año previo.

“La pureza del fentanilo disminuyó a lo largo de 2024, en consonancia con los indicadores de que muchos productores de fentanilo con sede en México tienen dificultades para obtener algunos precursores químicos clave”, concluye el reporte no clasificado hecho público a finales de mayo.

Al hablar de una disminución de la pureza del opioide, se entra en el campo del fentanilo “adulterado”, lo que vuelve la sustancia todavía más riesgosa para sus consumidores, según hizo público la Casa Blanca en junio de 2024. Una de las sustancias más detectadas en el fentanilo adulterado es la xilacina.

“La xilacina es un tranquilizante veterinario cuyo uso no está aprobado en humanos. Este fármaco no está regulado por la Ley Federal de Sustancias Controladas e, históricamente, se ha considerado asociado con un bajo riesgo de uso ilícito.

“Sin embargo, al consumirse en combinación con fentanilo, las personas pueden sufrir consecuencias graves, como sedación extrema y lesiones profundas en la piel y los tejidos blandos”, establece el reporte titulado La creciente amenaza de la xilacina y su mezcla con drogas ilícitas.

Los riesgos de este tipo de dosis no son exclusivos de Estados Unidos, que históricamente ha sido el consumidor predilecto de esta droga. En México, la demanda de fentanilo también está creciendo, aun cuando el Gobierno federal se esfuerce por negar que aquí se consume la droga.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), publicadas el año pasado con base en informes de centros de tratamientos para adictos, en México hay un comportamiento exponencial en la demanda de tratamiento por fentanilo, principalmente en Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, estados que conforman la ruta de trasiego.

Según los datos de la Comisión, las solicitudes de tratamiento por fentanilo en México aumentaron un 4 200 % entre 2018 y 2023. Esto significa que la demanda se multiplicó por cuarenta y tres veces en ese período.

No obstante, aunque el consumo de fentanilo existe en México y las cifras oficiales apuntan a que va en aumento, nuestro país aún está lejos de alcanzar las dimensiones de la crisis de salud pública del otro lado de la frontera, donde solo durante 2022, cuando se alcanzó el pico de la “epidemia de fentanilo”, se registraron más de cien mil muertes por sobredosis relacionada a dicha sustancia.

Los datos son contundentes: la política estadounidense se ha centrado en la militarización y securitización de la frontera con México, y no en la prevención del consumo ni en el tratamiento de la adicción mediante un enfoque sanitario.

El riesgo se traslada a las personas usuarias de sustancias

Una de las implicaciones de las políticas de securitización en la frontera es el traslado de los riesgos a las zonas donde pulula el consumo de sustancias inyectadas; en el caso de México, esas zonas se encuentran en la frontera.

Esto no es casualidad, según Lourdes Ángulo, directora de Integración Social Verter (Verter AC), una organización de atención a personas usuarias de sustancias que se encuentra en Tijuana, México.

“Si hay consumo (en México), esto es porque tradicionalmente, desde hace muchos años, el consumo de sustancias inyectadas se da principalmente en ciudades fronterizas. (…) Seguramente tiene que ver, se ha demostrado, que hay una relación directa con personas deportadas que se van quedando aquí, que tal vez tuvieron una experiencia viviendo en Estados Unidos, y que allá iniciaron”, dijo la especialista, cuyo centro atiende a sesenta personas diarias.

En estas zonas, presentes en Baja California, Sonora y Chihuahua, principalmente, la volatilidad de la pureza de las sustancias inyectadas expone a quienes las consumen a riesgos de sobredosis que resultan relativamente impredecibles. En el caso del fentanilo, esto puede causar la muerte a través de paros respiratorios.

“Estamos en un mercado no regulado de sustancias, entonces la sustancia que se vende en la calle, en todas partes, es lo que se consume. En el caso de la heroína o el fentanilo, o heroína con fentanilo, en un lugar donde vendan un día [la droga] puede llegar un poco más fuerte. Entonces, aunque las personas ya tengan tolerancia al fentanilo, que es lo que pasa en estas ciudades (el fentanilo lo empezamos a detectar las organizaciones desde el 2018 en la heroína), pueden tener una sobredosis”, afirmó la directora de Verter AC.

Este riesgo, además, se eleva al considerar factores como la contaminación cruzada al momento en el que los grupos criminales producen la droga para su venta, o cuando una persona usuaria entra a un centro de tratamiento y su tolerancia ante las sustancias cambia sin el control adecuado, de tal modo que al salir y consumir los efectos pueden ser indeseados.

Rebeca Calzada, colaboradora de organizaciones como Barbies Testeadoras del Bajío, La Testería y Youth Rise, mismas que critican las políticas públicas antidrogas que se basan en la securitización, y que promueven un enfoque de solución desde salud pública, considera que es necesario el reconocimiento del fracaso del modelo promovido por los Estados Unidos.

“Lo que se debería hacer es tener una respuesta diferente a partir de un enfoque de salud pública, como es la reducción de riesgos y daños. Consiste, como lo dice su nombre, en mitigar aquellos riesgos y daños asociados al consumo de sustancias. Pero no solo eso: al proveer un espacio en donde se deje de perseguir la sustancia y a las personas que usan sustancias, no solamente quienes las venden o las producen, estás promoviendo mejores prácticas de cuidado.

“Estás promoviendo que se acerquen a los centros de salud, estás promoviendo otras prácticas que van a mejorar tanto a la persona como a la comunidad, porque entonces el enfoque ya deja de estar en reducir la oferta a partir de un aparato estatal violento”, afirmó la especialista.

No obstante, la situación no escapa a la política mexicana, particularmente a la de la “Cuarta Transformación”.

Para Rebeca Calzada esto es claro al observar la posición que Andrés Manuel López Obrador sostuvo frente a la disyuntiva sobre el control gubernamental de la Naloxona, antídoto ante sobredosis de drogas como el fentanilo. Este problema cobró relevancia debido a que la inacción de las autoridades llevó a múltiples organizaciones de la sociedad civil a actuar como primeros respondientes ante una sobredosis.

“En el sexenio pasado vimos que incluso López Obrador hizo declaraciones muy fuertes cuando discutía el acceso a la Naloxona, con personas que no necesariamente son profesionales de la salud.  Ante eso hizo declaraciones como ‘bueno, pero para qué queremos hacer eso si solo es alargar el sufrimiento de las personas’. Cuando haces ese tipo de declaraciones básicamente lo que estás diciendo es ‘me vale madres que las personas que usan sustancias se mueran’”.

La declaración referida por la especialista fue realizada por el expresidente durante su conferencia matutina del 11 de abril de 2023. “Entonces en vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto ¿vamos a paliativos? Algunos pueden decir, ‘es que así no van a haber fallecimientos’, pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que no haya la adicción?, ¿o es nada más prolongar la agonía?, ¿y quién hace ese fármaco?, ¿por qué no atender las causas?”, dijo.

Previo a ello criticó que “una agencia de salud en Estados Unidos ya permite que, sin receta, sin autorización, se use un medicamento para enfrentar los excesos del fentanilo”, cosa que el exmandatario relacionó con intereses económicos y no de salud.

Fentanilo: una mercancía que se rige por la ley de oferta y demanda

Otra hipótesis que la academia propone para explicar por qué se mantienen las ganancias de los grupos criminales, aun con el endurecimiento de las políticas norteamericanas ante el tráfico de fentanilo, es que la droga, incluso tratándose de una mercancía ilícita, no escapa de la ley de la oferta y demanda.

Es así que el impacto del recrudecimiento de la seguridad fronteriza en América del Norte se observa en los circuitos económicos ilícitos constituidos a través de la frontera, con todas las actividades delictivas que toman lugar allí. Tendría la naturaleza del fenómeno observado durante la prohibición del alcohol en la década de los 20, hace ya casi un siglo, con la ley Volstead.

“En los años de la llamada depresión estadounidense, en los años 20, con la prohibición del alcohol, fue cuando comenzaron a emerger los grupos delictivos o cárteles. Se estaba aprovechando la coyuntura de prohibición de aquel lado para aprovechar que había demanda, a pesar de la prohibición, y aquí se ofertaba y sacaban buenos réditos. Comienza la circulación de economías ilegales”, señaló Óscar Misael Hernández Hernández, investigador especializado del Colegio de la Frontera Norte.

Mientras el gramaje de fentanilo que cruza la frontera rumbo a los Estados Unidos se reduce, el valor monetario de los decomisos se mantendría debido a un alza de los precios relacionada con un mayor riesgo, independientemente de la composición del narcótico.

Este endurecimiento de la política de seguridad también aumentaría las ganancias de otras actividades ilegales controladas por el crimen organizado mexicano: el coyotaje a costa de la seguridad y vida de las personas migrantes.

Coyotaje y migración, el otro negocio en la frontera

La securitización de la frontera México-Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump tiene principalmente dos ejes: el control migratorio y la contención del flujo de fentanilo ilegal.

Los arrestos de migrantes también alcanzaron mínimos históricos en los últimos meses, según datos de la autoridad migratoria del país vecino.

“En junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró el menor número de arrestos migratorios a nivel nacional en su historia, con 25 mil 243. Esto representa una disminución del 12 % respecto al récord anterior establecido por el presidente Trump en febrero de 2025.

“Esto representa una disminución del 89 % respecto al promedio mensual de los años 2021-2024”, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el pasado 2 de julio.

Pero estos resultados, relacionados por el actual Gobierno de los Estados Unidos con la intensificación de operativos de seguridad fronteriza, se encuentran lejos de ser los únicos efectos del endurecimiento de la seguridad nacional frente al límite con México. Más aún, existe evidencia de que propician cambios capaces de favorecer la economía criminal de la región.

Al interior del mismo circuito ilícito, la baja migratoria supondría una reducción de las ganancias del crimen organizado. Esto, sin embargo, no es un hecho, debido a que condiciones más estrechas para cruzar la frontera también se han manifestado en otros momentos como un encarecimiento del servicio de coyotaje.

“La pandemia fue una gran coyuntura para algunos grupos delictivos, para quienes la migración indocumentada es un negocio. Tal vez podrían disminuir los clientes, pero los costos se incrementaron drásticamente.

“Todavía hasta el 2015–2016 el cruce costaba cinco mil, diez mil dólares, aunque esto variaba según el trayecto y también según el tipo de viaje. Después de la pandemia por Covid-9 ya estábamos registrando un precio promedio de quince mil dólares”, apuntó el investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Hablar del “tipo de viaje” requiere considerar que el “coyotaje” del crimen organizado es cada vez más complejo: el precio varía si el trayecto se hace a pie o en algún vehículo, si se viaja desde Sonora, Chiapas, El Salvador o, incluso, de algunos países de África.

El último de estos casos se remonta un par de años atrás, pues en 2023 las detenciones migratorias de personas originarias de África se elevaron en Sonora por arriba de las seis mil, según la Unidad de Política Migratoria, mientras que un año atrás la cifra se encontraba por debajo de las cuatrocientas personas.

Los obstáculos particulares que estos grupos migratorios tuvieron que sortear para llegar a los Estados Unidos ejemplifican los factores que elevan el precio del coyotaje ilegal.

En Sonora gran parte de las líneas comerciales de autobuses con destino a Nogales, frontera con Arizona, dejaron de transportar a la población africana por decisiones corporativas dialogadas con las autoridades migratorias, cosa que fue documentada por medios locales entre 2023 y 2024.

En ese contexto, el personal de algunas compañías de transporte manifestó que solo podían venderle pasajes a los extranjeros que contaran con documentos probatorios de que tenían una cita pactada con la CBP: la alternativa ilícita, en el resto de los casos, se convirtió en la única opción.

Los “niños de circuito”

El tamaño de la crisis migratoria y de condiciones cada vez más estrechas en materia de seguridad fronteriza, sin embargo, trasciende a sus víctimas directas. Entre los victimarios se encuentra otra de las claves que sirven para dimensionar el problema: los “niños de circuito”.

“Las propias dinámicas del tráfico ilícito de personas migrantes, en los últimos años, han incorporado nuevos actores en el proceso, (…) pues a diferencia de décadas anteriores −cuando predominaba la figura del coyote o pollero−, en años recientes se ha observado la participación de agrupaciones del crimen organizado.

“También se ha registrado la incorporación de niñas, niños y adolescentes en estas dinámicas, pues en caso de ser detenidos(as) son susceptibles de sanciones menos severas en comparación con las personas adultas”, establece la Unidad de Política Migratoria de México en su último estudio sobre el tema, publicado en 2023.

Hace poco más de un mes, las autoridades estadounidenses informaron de la detención de dos adolescentes estadounidenses, tres guatemaltecos y un mexicano que fueron ubicados mientras participaban “en un evento de contrabando de personas”.

“Las organizaciones de contrabando frecuentemente reclutan a conductores juveniles y adultos jóvenes de Phoenix para recoger cargas de contrabando de personas y narcóticos a lo largo de la frontera”, afirmó la CBP ante los hechos.

Investigadores como Antonio Barragán, sociólogo del Colegio de Sonora especializado en el tratamiento de menores de edad envueltos en la criminalidad, señala que la actividad de los menores de edad inmersos en la migración ilegal los arroja a un ecosistema criminal más profundo.

En concreto, el investigador mencionó a este medio que durante la realización de múltiples entrevistas con menores de edad, en centros de tratamiento para infractores, fue posible constatar que muchos desempeñaban la función de coyote, pero también eran utilizados como “mulas”.

Es decir, eran mandados a cruzar la frontera con dosis de droga, por lo general pequeñas, que fungían como distractor de cara a las autoridades estadounidenses.

En estas y otras situaciones, las infancias sujetas a los circuitos de la economía ilegal suelen portar armas de grueso calibre, cosa que además facilita su transición a aguas más profundas de la actividad delictiva.

La movilidad social en este caso, explicó el académico, se puede ejemplificar como el paso de ser coyote a ser sicario.