En los últimos sexenios, los anuncios de megaproyectos en Yucatán han sido acompañados de discursos sobre su importancia como un paso firme hacia el desarrollo y el bienestar de la población. Sin embargo, especialistas en ciencias sociales aseguran que esto no se refleja en la mayoría de la población. ¿A quién beneficia ese desarrollo que tanto anuncia el Estado?

Fotografías: Patricio Eleisegui y Lilia Balam

Yucatán, México. – En los últimos sexenios, los anuncios de megaproyectos en Yucatán han sido acompañados de discursos que los justifican como un paso firme hacia el desarrollo y el bienestar de la población.

Uno de los ejemplos recientes de esto es la instalación de la nueva planta embotelladora de la cervecera Heineken que se construirá en el municipio de Kanasín (municipio de la zona metropolitana de Mérida que en los últimos años se ha convertido en el epicentro del desarrollo industrial del estado), para producir 400 millones de litros de cerveza anualmente.

La noticia la dio Joaquín “Huacho” Díaz, gobernador  de Yucatán, durante una conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí, el político ensalzó el proyecto diciendo que la cervecera traerá una inversión de 500 millones de dólares, así como la creación de 300 empleos directos.

Además, dijo que la llegada de la transnacional representa “un importante impulso al desarrollo económico del estado”, algo que han rebatido especialistas y activistas de la región, quienes se preguntan: ¿Desarrollo para quién?

¿Desarrollo para quién?

Los discursos de desarrollo actuales en Yucatán y México apuntan a la reducción de la pobreza, incrementada por el neoliberalismo. Pero el objetivo del modelo no es que se resuelva el problema, sino que el Estado lo “gestione” a través de programas o proyectos que operan como paliativos ante la difícil situación económica.

Elena Giraldo, investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (ENES), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica:

“Hay un discurso de que el sur es el rezagado: hay más pobreza, menos participación en el producto interno bruto. Entonces se busca equilibrar el atractivo que es Yucatán en términos de lo que se vende, de la seguridad, del bienestar, de las posibilidades turísticas que brinda la ecología, para captar recursos y movilizarlos en una región donde prácticamente no hay industria”.

Entre las políticas federales que se han implementado bajo esta visión se encuentran las relacionadas con megaproyectos, como el Tren Maya, que se concretó bajo la visión de “dinamizar la economía”. También el programa “Sembrando Vida”, que buscaba solventar económicamente a las familias de origen rural o que se dedicaban al campo.

Los proyectos inmobiliarios, las mega granjas porcícolas y los proyectos extractivos como las cerveceras se cobijan bajo argumentos similares: hay falta de empleo, pobreza, entonces se requiere atraer capitales, construir infraestructura y con eso, generar derrama económica. Todo esto, sin tomar en consideración una perspectiva crítica respecto al impacto económico, social y ambiental de esos proyectos.

Yassir Rodríguez, coordinador del departamento de Humanidades y Sistemas Sociales de la ENES de la UNAM, reflexiona sobre esto:

“Si viene una cervecera, ¿cuánta agua va a utilizar, de dónde va a salir? ¿Cómo va a afectar al manto freático? Preguntas de sentido común quedan fuera y todo se enmascara con la idea de que se ofrecerá empleo y eso va a permitir que los pobres dejen de serlo. Pero tampoco se hacen preguntas sobre el trabajo: si será mano de obra barata, qué posiciones ocupará la población local. Preguntas que se tendrían que hacer no se hacen porque todo queda envuelto en el discurso del desarrollo”.

Autores como Arturo Escobar y Gilbert Rist afirman que “el desarrollo es una pesadilla y genera destrucción”, aunque actualmente se relacione con una idea positiva, indica Rodríguez. “Pareciera que no hay que revisar nada, que no hay nada malo, que todo es positivo y entonces eso enmascara lo que sí ha salido mal con el desarrollo”, abunda.

El modelo establece un juego de poder que conlleva a la desigualdad: una dinámica en la que unas personas deciden sobre otras. Esto es visible en los proyectos de turismo establecidos en algunos municipios de Yucatán, diseñados sin consulta previa o diagnóstico de las necesidades reales de la población, generando una folklorización de las comunidades.

Entonces, según el académico, el desarrollo solo beneficia a capitales privados, que son los que “sacan la mejor tajada”, y a quienes se considera para hacer modificaciones estructurales.

En el mejor de los casos el desarrollo puede ser sostenible, pero también ese modelo acarrea problemas, ya que es antropocentrista y no reconoce que el ser humano está en plena articulación con otros seres vivos y la naturaleza y por lo tanto, los territorios no deben ser considerados como mercancía ni la felicidad estar atravesada por lo económico, agrega el especialista.

Aunado a esto, especialistas y organizaciones han reiterado que a nivel ambiental Yucatán enfrenta serios problemas.

“Se está contaminando el agua, estamos devastando lo que queda de la selva y eso no es solo un tema ambiental, sino social. Si eso es un desarrollo, ¿qué clase de desarrollo? Porque al final eso lo que hace es deteriorar la calidad de vida, no mejorarla. A lo mejor habría qué preguntarnos qué es lo que queremos como sociedad en un desarrollo en Yucatán”, puntualiza Giraldo.

El falso desarrollo en Yucatán

De acuerdo con el ahora extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Yucatán sí hubo una reducción en la pobreza de 2016 a 2022: pasó de 45.5% a 38.8%. Sin embargo, hubo retroceso en temas de salud, por ejemplo: en 2016, 14.4% de la población no tenía acceso a servicios de salud, pero en 2022 la cifra aumentó a 35.1%.

Hasta ahora, ninguna política pública ha resuelto la problemática de la pobreza en la entidad, sentencia Giraldo: el mismo CONEVAL indicó que 50% de la población en Yucatán vive en pobreza, y 13% en pobreza extrema.

“¿De qué ha funcionado que tantas veces se enuncie que vamos a salvar o llevar el desarrollo a las poblaciones, que ahora sí los vamos a escuchar, a generar proyectos que impacten y transformen la realidad social de la población?”, apunta Rodríguez.

Aunque a nivel federal algunas políticas sí representan un avance, también se perdió democracia. Esto, debido a que las políticas públicas centralizaron el poder otra vez: los procesos de toma de decisiones son verticales y no cuentan con suficiente participación ciudadana. Y las consultas en comunidades dejan sinsabores porque no es claro si se realizan en las condiciones adecuadas.

Además, se extinguieron los organismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas. Esto contradice los principios del concepto de vida digna, que enfatiza la activación de la participación ciudadana, la creación de ciudadanía, de brindar a las personas la posibilidad de intervenir en las decisiones, de acuerdo con Giraldo.

Respecto al dinamismo económico, la investigadora advierte que esto, en realidad, es engañoso, pues el motor económico de la región depende de los inversionistas extranjeros o nacionales, no de la población. Además, con el déficit en temas de participación social, tampoco hay una posibilidad real de que las personas participen en las políticas que se han implementado.

“Puede que Yucatán llegue a tener un repunte en crecimiento económico, pero esto no se traduce en mejores condiciones de vida para la población. A lo mejor unos segmentos de la población sí se ven beneficiados, como la población urbana que está profesionalizada y tiene acceso a mejores empleos, pero las comunidades rurales están muy lejos y persiste una idea de exclusión, de desigualdad”, señala.

En Yucatán, aunque 65.2% de la población se auto adscribe como indígena y casi una cuarta parte habla maya, no se le involucra en los procesos de toma de decisiones ni hay una visión de interculturalidad en las políticas públicas.

“Cuando se participa en Yucatán, son pocos los grupos representados, son las personas o amigos del partido en turno o los que tienen más voluntad económica para hacer una marcha, y no están realmente quienes más se ven afectados por los problemas”, detalla Giraldo.

La vida digna contra el mal vivir

Las posturas desarrollistas son contrarias a la perspectiva de la vida digna, pensada desde lógicas culturales distintas, como la maya, que habla del ma’alob kuxtal (buen vivir). Esta puede ser una buena alternativa, precisa Rodríguez, porque evidencia que hay otras formas de pensar el bienestar, lejos del rubro económico.

Las consecuencias de estas políticas de desarrollo son “un mal vivir”. Por ejemplo, Yucatán es atractivo para los capitales privados por la disponibilidad de recursos, gracias al discurso oficial que promociona al estado como el más seguro en contraste con el resto del país, y a la desregulación del mercado laboral, que permite que exista mano de obra barata.

Esto ha expuesto a la entidad a procesos que desgastan a personas y naturaleza: deforestación, químicos, pesticidas, desechos de las industrias, islas de calor, sobrepoblación, de acuerdo con el académico. A la par, las afectaciones son directas y diferenciadas, porque un sujeto de la clase media o media alta no experimentará el mal vivir como alguien de la clase baja.

Un ejemplo es Santa Gertrudis Copó, comisaría de Mérida que ha reportado desabasto de agua después de que se construyeron proyectos residenciales que usaron su cárcamo de agua sin consulta previa. Otro son las megagranjas porcícolas instaladas en los municipios sin el consentimiento informado de la población. Probablemente ambos casos representan algo positivo para algunos sectores, pero para las poblaciones ignoradas históricamente, representan contaminación, afectaciones a la salud y falta de acceso a servicios básicos.

La apuesta, de acuerdo con ambos especialistas consultados por Ceiba, es generar políticas públicas interculturales. “La población maya no es una etnia, es una mayoría, sobre la cual se gobierna sin su voz, aunque ella lo que hace permanentemente es defender la tierra de proyectos de explotación”, sostiene Giraldo.

Y agregó que es necesario incrementar la participación de esas poblaciones históricamente excluidas, invisibilizadas e ignoradas y entender desde sus propios marcos culturales cuál es su objetivo de estar bien.

Para Rodríguez, la profunda discriminación, sobre todo hacia la población maya, deriva en paternalismo y en abuso. Si se reconocen estas situaciones, entonces se podrían proponer políticas interculturales que no sean “a modo”, es decir, que involucren al lado opresor, al que no ha reconocido que reproduce las relaciones de poder, a los tomadores de decisiones: a las cámaras de comercio, el empresariado, entre otros.

Otra idea es fomentar la idea del cooperativismo, de una economía solidaria que brinde a las personas más capacidad de participación en sus propios proyectos, más allá de las políticas asistencialistas. Habría que empoderar los pequeños emprendimientos ecoturísticos o agroecológicos, sin la intención de que se conviertan en grandes proyectos masivos.

Lo que debemos entender, añade Rodríguez, es que el discurso del desarrollo ya está agotado y debemos dar paso a otras categorías que permitan organizar nuestra vida social: la idea de la felicidad, el buen vivir o la comunalidad podrían derivar en una búsqueda de políticas públicas que atiendan de raíz los problemas de carácter social.