En entrevista, Carlos González, asesor jurídico de muchas luchas en defensa del territorio en México, apunta algunas importantes reflexiones sobre la relevancia del territorio y su defensa en el escenario de guerra actual, y sobre el comportamiento de los gobiernos, el crimen organizado y Estados Unidos. También emite una crítica contundente a la continuidad del capitalismo neoliberal en América Latina.

Fotografías: Heriberto Paredes

Michoacán, México.- Se podrían escribir miles –tal vez millones– de páginas respecto a la centralidad que tiene el territorio en la composición de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Esta posibilidad supera nuestros límites y capacidades; sin embargo, abre muchas interrogantes y tal vez sea en esa materia en donde podemos apuntar algunas reflexiones.

En Ceiba conversamos para ello con Carlos González, posiblemente el abogado agrario más relevante en todo México. Él encabeza la asesoría y la defensa jurídica de comunidades indígenas y pueblos campesinos que cuestionan –en su práctica de lucha y protección de la tierra– las premisas del Estado-Nación, forma que predomina aún en nuestro continente.

Gracias a esta labor tan relevante y a su participación activa en el Congreso Nacional Indígena (espacio nacido de la convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996), la experiencia desde la que nos comparte su análisis es abundante.

¿Qué papel juega la lucha por el territorio en México, en América Latina? 

Ahora existe todo un reordenamiento a nivel mundial. Hay un conjunto de guerras en el mundo que tienen como disputa central el territorio, la tierra y todo lo que está en ella. Creo que en el mundo, en América Latina y en México, la lucha por la tierra, en torno a la tierra, es fundamental. Específicamente en el horizonte de la lucha de los pueblos originarios, es central.

¿Qué es lo que determina esta centralidad?

Por un lado, para los pueblos, la lucha por la tierra, la tierra misma siempre ha sido central para toda su reproducción económica, social, cultural.

Por otro lado, para las grandes empresas, los grandes consorcios transnacionales, para las cúpulas militares de los distintos países de América y particularmente para Estados Unidos, el control territorial, la disputa por los recursos, lo que se encuentra en la tierra, es esencial. De hecho, hemos visto una parte importante de la agresividad que está teniendo Estados Unidos y la administración de Trump con el mundo entero, con Venezuela, con Irán, con Cuba, con México, con Colombia. Es justamente por la disputa de territorios, si lo observamos, ya no solo es el petróleo. Los minerales que llaman críticos y que están en buena medida, en el caso de México, localizados en territorios indígenas, son centrales.

Es una doble centralidad: para los pueblos en su lucha por reproducir su vida cotidianamente y, por el lado del capital, para garantizar negocios y ganancias que, finalmente, son los que permiten que este sistema exista.

¿Cuáles serían para ti los siguientes escenarios, las siguientes ofensivas que tendrían los gobiernos en América Latina en contra de los pueblos originarios? ¿Qué grandes conflictos ves que son inminentes o que están ya ocurriendo?

Creo que las ofensivas van a venir más que de los gobiernos latinoamericanos, del Gobierno de Estados Unidos, de grandes empresas de Estados Unidos y Canadá, incluso seguramente de la Unión Europea. Va a incidir en ellos la cuestión minera.

Es algo que va a crecer, va a crecer la presión. Por ejemplo, hace unas semanas apenas, hubo algunas reuniones entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno mexicano con relación al tema de la minería y de los minerales críticos.

Se están explorando, se están localizando depósitos de minerales críticos en tierras raras.  En el caso de México, para la explotación de las tierras raras no se cuenta con las tecnologías ni con los recursos económicos necesarios. Entonces, con toda seguridad, por la presión que está ejerciendo Trump (y en este momento en que se está negociando el Tratado de Libre Comercio, T-MEC) este va a ser uno de los frentes significativos.

¿Cuál podría ser la respuesta de los pueblos o de las comunidades? ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar para defender el territorio, para evitar este despojo?

La mayoría de los pueblos están claros en que no van a permitir y no han permitido la explotación minera. De hecho, en pueblos muy sólidos es algo que ni tan siquiera está en discusión si hay minería o no. Por ejemplo, en un caso que llevo y que conozco bien, en el pueblo wixárika, no está en discusión si se permite o no se permite, por lo menos en San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, que es la comunidad más grande del pueblo wixárika y que ahora tiene este conflicto en Bolaños para que se reconozca el autogobierno de ka comunidad a partir de sus usos y costumbres. 

Pero hay otros casos de pueblos como los ubicados en la Sierra de Manantlán (Jalisco) o de Aquila (Michoacán), que fueron despojados desde hace décadas por el Estado mexicano. Originalmente eran minas que impuso para la explotación de hierro, algo que era muy difícil de parar en ese momento, porque no había muchas fuentes de hierro para la generación de acero. Se impusieron esas de los modos más brutales. Eran minas paraestatales; ya luego se privatizaron, actualmente están en manos de transnacionales. Son procesos muy viejos, de muchas décadas.

Hay pueblos en los que se logra generar división. Logran disgregarlos, logran una cierta desintegración y división en los pueblos que permite entrar a las mineras. Entonces yo veo esa doble situación: pueblos que están muy expuestos a la minería y pueblos que están muy consolidados.

Dependemos de cuál sea el interés específico de los gobiernos y las empresas para explotar ciertos minerales. Por ejemplo, en algún momento el Estado mexicano, cuando estaba López Obrador, hizo mucho por promover la industria del litio. Ahora en apariencia está calmado, pero sabemos que han estado haciendo exploraciones geológicas para detectar litio. Y aquí hay un elemento que se conoce poco. Ahora que cayó el Mencho, platiqué con un ingeniero minero que trabaja en la zona minera de Jalisco; me dijo que el lugar donde trabajaba era del cártel. “Y pues como agarraron al patrón, pues se cerró todo”.

Me platicó que ahí tenían patios donde llevaban mineral de todo el país. Llevaban minerales muy estratégicos como el molibdeno o el antimonio. Él clasificaba todo, por eso sabía qué minerales había. Y todo se lo vendían a China. Entonces se chingaron al Mencho por estarle vendiendo a los chinos, se chingan a no sé quién porque negocia vender el petróleo en Venezuela o en Irán. Hacen lo mismo en cualquier lado.

Entonces son personajes tan disímbolos, Maduro, el Ayatola y el Mencho, pero todos son asesinados o secuestrados en una lógica idéntica. Es la del control de los territorios, la tierra y los recursos mineros. Ese es el otro elemento que debemos tener en cuenta.

Decir que son los gobiernos es quedarnos muy cortos, porque la relación entre cárteles, empresas y gobierno no es mecánica, no es de que se reúnan y tú vas a hacer esto y tú aquello. Es una relación muy compleja, en el mismo gobierno no es homogénea. En cuanto a la cuestión minera, no creo que sea homogénea, ni en cuanto a las relaciones con los cárteles es homogénea. Las mismas empresas están en esa situación, las corporaciones militares. Los que sí se me hacen puros en su maldad son los pinches trumpistas, esos sí están claros que son así, jodidos.

Todo esto lo estamos viviendo acá en Jalisco y en Colima, en la costa de Michoacán, en todos lados, en todo el continente: hay mucho interés por los minerales que llaman críticos, incluidas las tierras raras.

Pareciera ser que, frente a esta ofensiva, aún quedan algunas herramientas legales para frenar el despojo. En el caso de México la figura del ejido es clave, ¿podrías comentar un poco al respecto de ella?

Serían el ejido y la comunidad. Se trata de dos formas de propiedad social. La primera surge a partir de la Revolución mexicana; la segunda es reconocida a partir de ese momento. El antecedente más relevante es que en 1856 se da una ley muy significativa, la Ley de Desamortización. La expide Ignacio Comonfort, entonces presidente de México, aunque la elabora Sebastián Lerdo de Tejada, su secretario de Hacienda. Como nos la enseñan en la escuela, estableció la separación de los bienes del Estado y de la Iglesia.

Sin embargo, el elemento central de esa ley no es desamortizar los bienes de la Iglesia, sino desamortizar los bienes de las corporaciones civiles, es decir, de las comunidades indígenas. Un despojo enorme ocurre. Ya para 1916, 1917 se da la discusión en torno a la comunidad indígena y el artículo 27 de lo que sería la nueva Constitución mexicana, restablece el reconocimiento de la propiedad comunal. Junto con ello se da la cuestión de la creación del ejido, aunque desde antes de la Constitución, el 6 de enero de 1915, con una ley agraria que emite el jefe de una de las facciones revolucionarias en disputa, Venustiano Carranza, en Veracruz.

En diciembre de 1914 los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata toman la Ciudad de México y avientan a Carranza y a Álvaro Obregón a Veracruz como último reducto. Ahí emiten la ley del 6 de enero de 1915 en respuesta al artículo 6 del Plan de Ayala:

“Como parte adicional del Plan que invocamos hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados, por la mala fé de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se crean con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución”.

Entonces aparece la comunidad y el ejido.

Estamos hablando de aproximadamente 32 000 núcleos agrarios que existen en el país, alrededor de 3000 son comunidades. Básicamente la propiedad comunal está depositada en comunidades indígenas. Tanto el ejido como la comunidad –con todos los cambios que han sufrido a partir de la reforma constitucional de 1992 en materia agraria y de aguas– siguen siendo un elemento importante para la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades, de los pueblos.

Pero ese importante elemento de defensa es posible con la condición de que haya unidad, que haya cierto grado de organización. Por sí sola la propiedad agraria indígena, comunal o ejidal –indígena y no indígena– no es suficiente. No es suficiente porque hay mil modos de pasar por encima. Pueblos organizados, unidos, con asambleas fuertes, con una pertenencia territorial y cultural medianamente importantes, pesan mucho. En México y en el resto del continente.

Así la ley sí pesa porque les da un soporte jurídico significativo a los pueblos para defender lo que es de ellos. Si no hay unidad, la propia ley no sirve, no garantiza nada porque el capital es arrasador. Y eso ocurre en varias partes de América Latina.

Tengo la claridad de que la reforma agraria que hubo en México fue la más intensiva y la más profunda, la más grande que hubo en América. Es un ejemplo fundamental, porque millones y millones de hectáreas fueron incorporadas al régimen social. No ocurre de la misma forma en otra parte del continente. México se vuelve un referente en ese sentido.

El profesor y escritor veracruzano, Francisco Serratos, en su reciente libro Ecotopías, una crítica radical del futuro, señala que una de las líneas que hay que investigar más en la historia reciente de América Latina es el desarrollismo. Observa que “este modelo, en primer lugar, no ha funcionado plenamente; en segundo lugar ha servido como pretexto para perpetuar un capitalismo extractivista que despoja a los pueblos nativos de sus territorios y beneficia a los oligopolios de sectores mineros, energéticos, de telecomunicaciones y otros que lucran con la explotación de recursos”. No solamente en México, también ocurre y ha ocurrido en Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, no cambian mucho…

No, no cambia mucho. Difícilmente van a tocar el modelo económico, porque es también del interés crucial de Estados Unidos. Está en su doctrina de seguridad nacional. Para ellos, la propiedad agraria, la propiedad social y las comunidades indígenas son un elemento que juega en contra de su seguridad. En la actualidad, hay que estar claros en que con gobiernos de un signo y de otro, con terceras, cuartas y quintas transformaciones, el régimen, el marco jurídico, constitucional y legal en materia agraria neoliberal no se va a tocar para nada.