No es casual que el nombre de Alberto Baillères aparezca en los archivos de Jeffrey Epstein, ambos compartieron las estrategias financieras para consolidar sus negocios: usar la corrupción y los favores a la clase política como cimiento de sus fortunas, sin importar que en el camino cometieran crímenes en diversos ámbitos de la sociedad. Aquí una breve historia de algunas de las fechorías del empresario mexicano.

Por Ricardo Balderas, Alberto Duarte y Heriberto Paredes

México.- El nombre del empresario minero Alberto Baillères y el Grupo BAL aparece en un documento desclasificado –al que tuvo acceso Ceiba– de los archivos de Jeffrey Epstein, el magnate y asesor financiero estadounidense acusado de dirigir una red de pederastia.

Se trata de un listado de clientes “platinum” o de personas con posibilidad de serlo, en donde se pueden leer números de referencia, nombres personales y nombres de las razones sociales correspondientes a cada uno. El listado es para el banco Deutsche Bank, principal institución financiera de operaciones para Jeffrey Epstein y su entorno, es decir, la herramienta con la cual se abriría paso para conectar con las personas más ricas del mundo.

Esta entidad financiera es otra de las que se encuentran ligadas a los clientes del empresario estadounidense. Podría sumarse a las dos entidades financieras que, hasta ahora, han sido identificadas por las personas denunciantes que ya tienen juicios abiertos: el Bank of America y el Mellon Bank. Sin embargo, las investigaciones aún están vigentes.

Aparecer en estos documentos no configura un delito, pero sí demuestra que no se requiere operar en las sombras para cometer los ilícitos más crueles.  Sus empresas –mediante las cuales financiaba sus redes de pederastía – estaban legalmente constituidas y los bancos transnacionales facilitaban las transacciones. Todo ocurría a plena luz del día. 

Es en la intersección entre la legitimidad aparente y el poder fáctico donde germinan los grandes emporios, cuyas raíces, aunque expuestas a la luz pública, suelen permanecer ocultas bajo el manto del secreto fiscal y la discreción institucional. La normalidad con la que operaban las transacciones de Epstein encuentra un eco revelador en los orígenes de la fortuna de la familia Baillères, cuyos miembros hoy se codean con criminales convictos o acusados como Jeffrey Epstein.

Inicio y consolidación del emporio Baillères

Aunque el origen de las fortunas en México se encuentra protegido por las leyes fiscales, gracias a los sistemas archivísticos nacionales podemos tener una mirada cercana a lo que pudo ser el gran comienzo de una de las familias más poderosas del país.

El origen de la fortuna Baillères se remonta a los albores del siglo XX. Su consolidación se encuentra personificada en la figura del empresario Raúl Baillères Chávez, quien dedicó su vida a cimentar un conglomerado que, con el paso de las generaciones, dominaría la minería, las finanzas y el comercio en México, así como vínculos con los aparatos de poder político, próximos a la “policía secreta” del viejo régimen priísta, es decir, a la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Raúl Baillères inició su actividad empresarial enfocando su acción en el sector financiero, específicamente en el ramo de la minería. En la década de 1930 estableció las primeras sociedades de crédito, las cuales destinaron recursos al impulso de actividades mineras emergentes. Su expansión continuó con incursiones en procesos productivos; la fundación de empresas como Química del Rey marcó su entrada al sector industrial.

El siguiente paso de trascendencia ocurrió en 1941 cuando lideró un grupo de capitales mexicanos que compraron la participación mayoritaria en Cervecería Moctezuma S.A. (originalmente fundada en Orizaba, Veracruz, en 1896). Esta operación permitió que la familia asegurara un activo robusto en el mercado de consumo masivo, diversificando su base de negocios fuera de los metales y el crédito.

Para 1946, el grupo extendió su influencia al ámbito educativo con la fundación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Según señala María Eugenia Rodelo Sotelo, autora de Los orígenes del neoliberalismo en México. La Escuela Austriaca, la reforma neoliberal del Estado “apuntó su artillería contra las políticas nacionalistas del presidente Cárdenas y las instituciones que se crearon para regular las relaciones entre el capital y el trabajo a partir de la Revolución mexicana. Las medidas orientadas al bienestar social de los trabajadores fueron las que más se atacó. En su crítica [de Von Mises, investigador de la Escuela Austríaca] a la política económica se vinculó al grupo de empresarios mexicanos de la actividad bancaria, el líder de ellos fue Raúl Baillères”.

De esta forma, Raúl Baillères se convirtió en el noveno presidente de la Asociación de Bancos de México, aunque para entonces ya había creado el Banco de Comercio, que más adelante se llamó Bancomer, antes de ser vendido, en el año 2000, para transformarse en BBVA.

Sin embargo, Baillères ya había ganado poder al ser parte fundadora del grupo de empresarios conocido como BUDA, acrónimo formado por el primer apellido de sus integrantes: Raúl Baillères, Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto Amezcua. La influencia en la cosa pública por parte de los paladines del neoliberalismo consta en múltiples registros históricos.

El asesinato de Epifanio

La dirección del conglomerado pasó a la segunda generación en 1967, cuando el hijo de Raúl, Alberto Baillères González, asumió la conducción de las empresas tras el fallecimiento de su padre. Alberto concentró sus esfuerzos en el sector minero, entre otros, y consolidó el imperio familiar. Hasta ese momento, aquello que se reafirmaba como uno de los conglomerados más sólidos del país ya era considerado, además, uno de los más relevantes de su época.

En 1969, Alberto compró la exhacienda de La Begoña, la cual incluía la ganadería Begoña, fundada en 1955. Con esta compra, la familia se adentró en otra dimensión: la tradición taurina. Según el registro de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, la ganadería Begoña, bajo su propiedad, recibió una profunda mejora genética y técnica.

Pero, la propiedad ya no fue solo un activo empresarial: se convirtió en sitio de disputa, de apropiación de la tradición y de conflicto agrario. Aunque la adquisición formal no aparece plenamente en los registros públicos como conflicto agrario, el contexto de apropiación de tierras por grandes grupos económicos nos obliga a mirar las sombras que rodean estos hechos.

El 08 de octubre de 1980 espías del Gobierno priísta, adscritos a la DFS en su apartado de Investigaciones Políticas y Sociales (IPyS), iniciaron una investigación poco convencional. Los militares que conformaban este aparato reportaron el homicidio del líder ejidal Epifanio Vargas Pacheco, propietario de la exhacienda La Begoña ubicada en el entonces municipio de Doctor Mora, en Guanajuato. Según los reportes, el campesino había denunciado la toma de la hacienda a manos de la poderosa familia Baillères poco antes de haber sido ultimado en 1969. Al respecto, los espías anotaron: “Carece de veracidad ya que el occiso murió de un paro cardíaco”. Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso Ceiba relatan otra realidad.

Hasta ahora, el asesinato sin resolver del líder ejidal Epifanio Vargas Pacheco ha quedado en la penumbra. Según informes que circulan en el acervo del Archivo General de la Nación (AGN), la investigación fue encarpetada por la DFS en los años en que esa institución actuaba con impunidad, lo cual sugiere que las dimensiones políticas de la disputa iban más allá de una mera compra de ganadería.

De hecho, se observa en el expediente, que concentra más de 182 fojas, que los espías del PRI jamás investigaron el asesinato del campesino, jamás incluyeron copia del parte médico con el que podrían comprobar la presunta inocencia de la familia Baillères.

La información sobre Vargas Pacheco, el comisariado ejidal que se opuso a la compra de La Begoña y que habría sido asesinado por defender el derecho ejidal a la tierra que estaba en juego, terminó en el olvido. La supresión de la investigación genera la pregunta obligada: ¿qué tanto poder económico, empresarial y estatal se conjugaron para someter a un campesinado en resistencia?

Cuando hablamos de La Begoña, hablamos también del entramado que une el poder económico, la tierra, la tauromaquia y los silencios que se esconden detrás del brillo público de los toros. Desde ese punto, la historia adquiere otra profundidad: la del poder que se inscribe sobre el territorio rural, sus formas de apropiación y las resistencias campesinas que con frecuencia quedan invisibilizadas.

El arma de la tierra y el silencio del delito

La carpeta de investigación de Vargas Pacheco, según investigación del AGN, fue abierta, pero la DFS la archivó sin resolverse y sin que se supiera de su existencia durante cincuenta años. Ello indica la inserción de fuerzas del Estado en la dinámica agraria al servicio del gran capital. Aquí se abre un capítulo oscuro que permanece abierto hasta nuestros días: la tierra como arma y la impunidad como mecanismo de dominación.

En el universo de La Begoña, la compra, la ganadería brava, los toros indultados, el glamour taurino, conviven con terrenos que antes eran ejidales, con resistencias campesinas, con liderazgos agrarios que pagaron con su vida. Es esa dualidad la que ilumina la historia: la que une la grandeza pública con la injusticia estructural oculta.

Así, la compra de la exhacienda de La Begoña, sin duda un hito corporativo, también deberíamos verla como un hito de dominación territorial: un espacio rural que pasó de ser escenario de producción agrícola, posiblemente ejidal o de uso comunal, a formar parte integral de un patrimonio privado de alto nivel. Cuando Vargas Pacheco cayó, la carpeta se archivó, la investigación se detuvo, y los hombres que tenían acceso al poder económico y al aparato estatal salieron indemnes.

¿Qué tanto peso tuvo la DFS detrás del silenciamiento? ¿Por qué no se ha vinculado públicamente la muerte de Vargas Pacheco con la adquisición de la tierra que defendía? Estas preguntas permanecen abiertas. Y mientras la ganadería Begoña produce toros indultados (toro que ha sido perdonado y al que se le ha salvado la vida al final de una corrida debido a su excelente comportamiento, bravura y nobleza) los rastros del presunto homicidio y la desaparición de un líder campesino siguen sin repararse.

Al evidenciar este episodio de la historia del conglomerado empresarial y de la familia Baillères, abrimos un espacio de investigación y memoria que su corporativo y el Estado mexicano han preferido mantener fuera de la luz. Pero el pasado no desaparece: la tierra, los toros, los créditos, las minas y los ejidos forman un solo entramado que exige ser narrado completo, sin cortes, sin concesiones.

Corrupción e impunidad en vivo

La forma en que la familia Baillères construyó su patrimonio −la red de empresas, la absorción de industrias, la diversificación financiera− no puede disociarse de la forma en que ese patrimonio se asienta sobre un entramado territorial mexicano muy complejo: el de los ejidos, la minería, la ganadería brava, la movilidad de tierras, la apropiación de recursos y la represión de resistencias campesinas. Y aquí, la impunidad es el componente estructural que asocia poder económico, poder estatal y subordinación alimentaria.

Actualmente, la tercera generación de la familia asumió la conducción del grupo empresarial: en 2022, Alejandro Baillères Gual –hijo de Alberto y nieto de Raúl– dirige el Grupo Bal (conglomerado de las empresas de la familia Baillères) con intereses mineros, financieros, comerciales y de seguros.

Con el mismo gesto relajado de su abuelo y de su padre, usando un llamativo reloj de oro –muy posiblemente hecho con el mineral extraído ilegalmente de las tierras del ejido El Bajío– Alejandro se presentó en la asamblea anual de inversionistas, realizada el pasado 20 de mayo de 2025 en la ciudad de Londres, para dar cuenta de la situación financiera de sus negocios. Durante el tiempo que duró el evento protocolario, fue increpado en varias ocasiones respecto al incumplimiento de al menos sesenta sentencias emitidas por una resolución judicial y por el Tribunal Agrario correspondiente al lugar en donde funcionó ilegalmente una de sus minas. Al igual que su padre, Alejandro pretende saltarse la justicia y mantener la impunidad. “Ya gastamos mucho tiempo en este tema”, concluyó.

El caso del ejido El Bajío, en Sonora, es emblemático. Los ejidatarios llevaron sesenta y siete juicios agrarios contra la empresa minera de los Baillères, la multinacional Fresnillo PLC, y ganaron sentencias en donde una de ellas obliga al emporio a pagar una indemnización de más de 13 000 millones de pesos por extracción ilegal de oro entre 2005 y 2013. En ese conflicto murieron ejidatarios, hubo desapariciones y hostigamiento estatal para inhibir la lucha.

“Is different level of regulation and limitation of mining activities” respondió Octavio Alvidrez en la mencionada asamblea de inversionistas en Londres. En la sala se encontraban los inversionistas de Fresnillo PLC, empresa clave de la familia Bailleres, para la cual Octavio se desempeña como director ejecutivo desde el 15 de agosto de 2012. En español, la frase se traduce como “es diferente nivel de regulación que limitación de las actividades mineras”, una manera más para tratar de justificar sus intenciones extractivistas.

El CEO de la empresa minera trataba de responder a un cuestionamiento realizado por la economista mexicana Aideé Tassinari, quien preguntó acerca de los motivos para no descartar las tierras del ejido El Bajío como disponibles para seguir extrayendo mineral. El Bajío es el lugar en donde, por poco más de ocho años, operó ilegalmente una de las minas de extracción de oro a cielo abierto más grandes de México y del mundo. Ubicado en Caborca, Sonora, al norte del país, el ejido fue despojado de una cantidad de oro equivalente a los 13 000 millones de pesos, monto fijado en la indemnización; algo así como 515 millones de libras esterlinas.

Se trata de tierras sobre las cuales Fresnillo PLC nunca tuvo derecho, situación que fue juzgada por las autoridades agrarias en México, con un resultado favorable a los ejidatarios, hace más de una década. En 2023, las tierras ejidales codiciadas por la minera fueron declaradas Área Destinada Voluntariamente a la Conservación gracias a la iniciativa de la asamblea de El Bajío y a la certificación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Uno de los principales objetivos del ejido al tomar esta acción es restaurar la flora y la fauna, actores afectados por la presencia de la mina Dipolos, de la cual quedan aún restos de sus instalaciones, especialmente el tajo principal y la alberca de lixiviados. De manera cínica Alvidrez añadió: “Hemos tenido un gran éxito en la protección del berrendo sonorense (antilocapra mexicana) usando GPS para proveer agua y comida. Estamos orgullosos de que esta especie se multiplicó”.

“Sin embargo –arremetió el CEO– esta propuesta voluntaria se aplica siempre y cuando las autoridades estatales o federales lo acepten en una zona. Por lo que para nosotros es claro que aún podemos realizar actividades mineras en este lugar”.

Tassinari, tras ironizar que el empresario se expresaba en un inglés a medias, a pesar de que su lengua y la empresa a la que representa son mexicanas, reviró: “Probablemente entonces hay una interpretación equivocada de la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos], porque hubo una modificación constitucional en mayo de 2023 en donde queda absolutamente prohibida toda actividad minera en áreas naturales protegidas. La ley no dice que solo es cuando la autoridad federal en la materia designa el área. Igualmente con los sitios Ramsar, los humedales y muchas otras zonas del país”.

“Siguiendo –continuó la economista– esta modificación constitucional, se especifica que las especies animales tienen la necesidad de usar dichas áreas protegidas para vivir y reproducirse, lo que no es compatible con la minería, en donde se usan explosivos y cianuro”.

A dicha asamblea asistieron detractores de la minería como la London Mining Network, quienes manifestaron su rechazo a la situación de violencia que cubrió a la gente del ejido El Bajío a partir de que reclamaron su derecho a la tierra y lo ganaron en los tribunales, en contra de los intereses de la familia Baillères.

Esta violencia está conformada no solo por amenazas directas, sino por asesinatos, secuestros, hostigamiento y encarcelamientos de los que varios ejidatarios fueron objeto desde que comenzaron a organizarse las primeras estrategias en contra de la empresa minera. Para el ejido está claro que la ambición de la empresa es ilimitada, lo que la llevó a atacar directamente a personas del ejido al ver que había perdido su permiso de explotación –irregularmente conseguido. Este hecho, avalado judicialmente, ha significado una pérdida de miles de millones de dólares para Fresnillo PLC.

El caso del ejido El Bajío y de la adquisición de la exhacienda La Begoña: un mismo grupo económico actúa en distintos territorios, con un patrón de apropiación de tierras y patrimonialización de lo rural. La historia de los Baillères no es solo la de un imperio empresarial que abarca la minería, el comercio, los servicios y hasta la tauromaquia. Es también la historia de cómo ese imperio se fundó sobre una relación asimétrica con el territorio rural, con los ejidos, con la tierra que se privatiza, con los líderes que mueren al oponerse. Por una parte, el esplendor de la ganadería brava, el portento minero y el prestigio social; por otra, un crimen sin resolver, sentencias sin ejecutar y el silencio institucional que lo ampara.

La corrupción se convirtió en la escuela económica de México

La actuación de la empresa de Baillères –en su asamblea general de inversionistas– retrata un fenómeno bien documentado en México: la fortuna de las familias más ricas y poderosas del país se cosechó con el amparo de la corrupción y el engaño. El emporio de la familia para la que trabaja se sostiene sobre la certeza de la corrupción, entendida esta como la puesta de los bienes públicos al servicio del beneficio privado.

“Son muy pocas ocasiones cuando tienes oportunidad de hablarle de frente a estos criminales que en México se les conoce como empresarios, como gente de bien, pero que realmente son criminales, son saqueadores, viven del saqueo. Su negocio es devastar comunidades, contaminarlas, destruirlas, generar más pobreza, contrario a lo que generan las comunidades, ellos sí generan mucha riqueza para su bolsa. El que los puedas confrontar, verlos a la cara, que puedas ver lo idiotas que son, nos da cierta esperanza, porque gracias a que son bastante torpes en su actuar, en su forma de pensar, en su forma de procesar la información es que también hemos podido competir, porque no es fácil hacerlo con una empresa de esa envergadura, con ese capital político y económico, con casi todos los funcionarios a sus pies para servirles”, precisó, en entrevista para Ceiba, el representante ejidal de El Bajío.

Por su parte, el economista mexicano Gerardo Esquivel, en 2017, afirmó en el informe de OXFAM, titulado Desigualdad extrema en México, que “la constante desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. El mercado interno se ve francamente debilitado. Ante la escasez de recursos, se recorta el capital humano y se pone en juego la productividad de los pequeños negocios. La política social asimismo ha sido un rotundo fracaso: al día de hoy, esa lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas”.

El economista señala que los principales cuatro multimillonarios mexicanos podrían contratar hasta 3 millones de trabajadores con el equivalente al salario mínimo “sin perder un solo peso de su riqueza”. Carlos Slim en la telefonía, Germán Larrea y Alberto Baillères en la minería, Ricardo Salinas Pliego en la televisión y en su cadena de tiendas. Al menos dos de ellos están mencionados en los archivos de Epstein.

“Los cuatro han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”, argumenta el académico.

Otro ejemplo se encuentra en otros archivos desclasificados, también de la extinta Dirección Federal de Seguridad: para 1954, doce años después de haber presidido la asociación de banqueros, el grupo BUDA –aquel en que Raúl Baillères era el líder– era considerado como uno de los cuatro invitados principales a las convenciones de la organización. Los otros tres eran el Banco Nacional de México, los bancos independientes y los bancos oficiales.

Con este nivel de imbricación en el seno del Estado mexicano y sus instituciones económicas, la familia Baillères y sus congéneres se encuentran, desde hace más de setenta años, en una posición privilegiada para discutir la situación económica de México. La actualidad de esta situación se encuentra en el reconocimiento que el Senado de la República entregó a Alberto Baillères en el 2015, la medalla de honor Belisario Domínguez.

La justificación oficial para entregarle esta presea se centró en su “destacada trayectoria como empresario, su contribución al desarrollo económico, educativo, cultural y de salud en el país, así como por la generación de empleos a través de Grupo BAL”, tal y como lo expresó el Senado. No hay nada inocente ni accidental en este acto, es simplemente, el reconocimiento a uno de los máximos arquitectos del sistema capitalista en México, en el que las ganancias se generan a costa de la población sin importar la destrucción de la naturaleza o el asesinato de opositores a sus proyectos.