La industrialización agrícola en el norte de México prioriza la producción sobre el desarrollo humano, dejando a comunidades jornaleras migrantes sin servicios básicos, con escuelas abandonadas y transporte riesgoso, en un ciclo de precariedad y desplazamiento forzado. Este es el rostro de la agroindustria más allá de los cultivos.
En medio de la costa de Michoacán hay un hotel que nunca abrió al público. Su esqueleto es la casa de quienes se quedaron sin hogar, personas que salieron huyendo de la violencia y ahora viven día a día tratando de robarle la sensación de seguridad a su entorno.
En los últimos años, la ciudad capital del estado de Yucatán, en México, se ha expandido, alcanzando a las comunidades mayas que viven en la periferia y desatando ventas irregulares de tierras que eran ejidales, a costa de los derechos y modos de vida de los pueblos.
No contar con una vivienda ni con los recursos para solventar un alquiler son dos condiciones que ponen en la indefensión a la población en Hermosillo, capital de Sonora, al noroeste de México. La violencia en contra de personas sin hogar, la mano dura contra asentamientos irregulares y la criminalización de la defensa de los espacios públicos forman parte del problema, todo mediado por una lógica que prioriza el lucro por sobre los derechos constitucionales.
Alrededor de cinco hectáreas del monte de Misnebalam, considerado el último pulmón verde de Chablekal, comisaría de Mérida, fueron deforestadas a pesar de que la zona estaba protegida por orden del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, bajo el cuidado de la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal, la cual exige a las autoridades ejercer acciones contundentes para detener los megaproyectos y el racismo que amenazan su territorio.
La población del ejido Nuevo Becal, en Campeche, entendió que necesitaba de la selva para sobrevivir. Diseñó planes de ordenamiento priorizando el cuidado de la selva y conjugando su vocación forestal y silvícola. En 2018 se convirtió en Área Destinada Voluntariamente a la Conservación y desde entonces ha resistido con autonomía el embate de megaproyectos y la ganadería y agricultura intensivas.
La crisis hídrica latente en Sonora motivó la elaboración de un plan del Gobierno del estado para amortiguar sus efectos por los próximos treinta años. La estrategia, sin embargo, involucra la construcción de un sistema de presas que ha sido ampliamente rechazado por las poblaciones de los lugares que se verían afectados por las obras.
Además de las consecuencias más obvias de la turistificación en torno a la Fiesta de las Ánimas, como son el incremento del costo de vida, el desplazamiento de la población local fuera de los centros urbanos y el colapso de los servicios públicos, habitantes de la ribera del Lago de Pátzcuaro denunciaron que esta problemática está destruyendo la esencia misma de la celebración y pisotea (a veces literalmente) sus tradiciones.
El pasado 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briceño, para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. Esto encendió las alarmas de organizaciones de la sociedad civil de la península de Yucatán: sospechan que es una estrategia para ampliar la corporativización militar y legitimar megaproyectos extractivistas en el sureste de México y Centroamérica.
