Desde fines del siglo pasado y comienzos del actual, el agro uruguayo presenta importantes transformaciones vinculadas a la presencia de nuevos actores: el capital transnacional, cambios en la organización empresarial y dinámicas ligadas a la expansión de la forestación y la agricultura. Esto ha implicado un continuado proceso de desaparición de los productores familiares.

Fotografías: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Archivo MLN Tupamaros

Caracas, Venezuela.- Ese rincón del sur del continente americano llamado Uruguay –una esquina entre Brasil y Argentina– siempre fue un país dependiente de los precios internacionales. Su base es una economía de producción ganadera que ha tenido como destino la industria frigorífica, nacional y extranjera, así como el sector dedicado a la lechería.

Desde principios del siglo XVIII, la producción ganadera para carne era primaria y se estructuraba en la crianza de los animales en grandes superficies. Predominaba el latifundio, expansión territorial que desplazaba poblaciones, generando una suerte de éxodo rural. Las familias expulsadas pasaban a colonizar las orillas de las ciudades, en condiciones de extrema pobreza.

A principios del siglo XX, el Gobierno de José Batlle y Ordoñez tenía en el horizonte la necesidad de industrialización del país. Decide fomentar la repoblación del campo, como una suerte de contención para el avance del latifundismo. Crea colonias agrícolas con la población migrante venida de Europa (españoles, portugueses), que poseía experiencia en el labrado de la tierra, la siembra y la cosecha de oleaginosas y otros granos.

Uruguay llega a fines del siglo XX manteniendo su producción de carne vacuna, lácteos y arroz, fundamentalmente para exportación, dependiendo de las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional.

El desarrollo tecnológico en la agricultura va a imponer, además de nueva maquinaria de labranza y cosecha, sistemas de riego y de conservación, y cambios en la producción de semillas, fertilizantes y herbicidas. En este contexto, van a expandirse hacia Uruguay la producción sojera, la forestación para pasta de celulosa y el engorde de ganado a corral, sistema conocido como Feedlot.

Sin embargo, por detrás de la imagen de empresarios agricultores y ganaderos, el verdadero poder del agronegocio lo componen los bancos, las financieras y los escribanos, conocidos en otros países del continente como notarios.

Son los productores familiares quienes van a sufrir las consecuencias de estos cambios en la estructura agraria uruguaya. Son ellos las víctimas de la concentración de tierras, la extranjerización de la producción, la nueva estructura productiva y el control de territorios.

Soja, protagonista del agronegocio

Desde comienzos del siglo XXI, en el sector agrario uruguayo se desencadena una serie de cambios, asociados a un fuerte avance del modelo del agronegocio, que generaron una etapa de crecimiento productivo sin precedentes. Este modelo tiene su mayor representación, por un lado, en la producción agrícola de granos, con la soja como objeto emblemático; por otro, en la producción forestal, asociada al desarrollo de la industria celulósica.

El agronegocio se estructura con las grandes empresas nacionales y multinacionales productoras en los distintos rubros del agro y sus cadenas productivas, con los exportadores, los transportistas, los acopiadores de granos, los frigoríficos, los importadores de insumos agrícolas y raciones, los estudios de abogados y notarios, la banca y grupos financieros.

Los cambios que se verifican en la agricultura de granos y oleaginosos están estrechamente vinculados a innovaciones tecnológicas que se incorporan a la producción y a las formas de organización empresarial.

Las innovaciones tecnológicas requieren de mayores escalas de producción y mayor productividad, asociadas a costos de gestión más elevados. Las principales innovaciones se refieren al uso y desarrollo de la biotecnología y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas tecnologías, que llegaron asociadas a la presencia de inversores argentinos, son adaptadas a las condiciones locales. En esa implementación las grandes empresas juegan un rol preponderante.

Las condiciones que favorecieron este proceso corresponden a un contexto macroeconómico nacional favorable al ingreso de capital extranjero, a un clima de negocios desfavorable en Argentina para los granos y a una coyuntura de precios de commodities agrícolas en ascenso a nivel internacional. Todo esto, unido a reducidos valores de la tierra en Uruguay, propició la llegada de los nuevos actores de origen extranjero a la agricultura local.

La intervención de estos actores, principalmente argentinos, promovió que la agricultura, y en especial la soja, pasara a ser uno de los principales productos de exportación del país. Ocupó, en su momento de mayor expansión, más del 10 % del área productiva nacional.

Según estadísticas oficiales, la soja pasó de ser un cultivo que, en el año 2000, prácticamente no registraba superficie sembrada en Uruguay, con menos de 10 000 hectáreas, a ser el principal cultivo agrícola. Llegó a superar los 1.3 millones de hectáreas en el año 2014.

El crecimiento de la producción forestal junto a la aparición de empresas extranjeras, comienza a desarrollarse en los primeros años de la década del noventa. El área ocupada por la forestación era entonces de menos de 100 000 hectáreas, pero pasó a los 1.2 millones de hectáreas en la actualidad, de las cuales 840 000 están efectivamente forestadas.

En este contexto, tres empresas (Montes del Plata, UPM y Lumin), todas de capital extranjero, controlan el 58 % del área forestal y dos de ellas poseen plantas elaboradoras de celulosa, uno de los principales rubros de exportación del Uruguay.

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

Atahualpa Yupanqui, el cantautor y guitarrista argentino, inmortalizó en esta frase de su milonga la realidad que predomina en la ganadería del sur del continente.

La ganadería bovina siempre fue una de las actividades económicas principales de Uruguay. Su sistema productivo sustentable, basado en animales que viven al aire libre durante todo el año, y alimentados con pasturas naturales, genera una carne natural, segura, altamente nutritiva, extramagra y de sabor distintivo, perfecta para mercados exigentes. El sistema productivo implementado cuenta con gran prestigio internacional, exportando a cerca de cincuenta naciones, lo que posiciona a este país como uno de los diez principales exportadores de carne bovina del mundo. El sector cuenta con un sistema de trazabilidad productiva que permite conocer toda la información del producto, desde el nacimiento del animal hasta que llega al consumidor final, logrando certificar calidad e inocuidad del alimento. Así, Uruguay se posiciona como un referente mundial.

Además, se vienen haciendo bien los mandados en cuanto a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y colocar bonos verdes en la transacción de la huella de carbono.

La faena de animales presenta una tendencia creciente desde 2013. En la última década, el stock de vacunos se ha mantenido prácticamente constante entre 11.5 y 12 millones de cabezas. En tanto, la faena sigue creciendo y alcanzó los 2.36 millones de cabezas en el 2018, un 15 % superior a la que se produjo en el año 2011.

Pero, en razón de los cambios impulsados desde la agricultura y la forestación, la producción ganadera también sufre sus transformaciones, las cuales son diferenciales según la etapa del proceso productivo. En cuanto a la producción de engorde, se generaliza la incorporación de dos métodos nuevos: la suplementación estructural con alimentos concentrados (ración, maíz, sorgo, entre otros) en forma casi continua y el uso de corrales de encierro permanentes o coyunturales en muchos de los centros agropecuarios.

La fase de terminación de los animales o engorde queda reservada al agronegocio con capacidad y tamaño. En este periodo, la propia industria frigorífica comienza a montar sus megacorrales (de hasta 10 000 animales estáticos) para facilitar la obtención de su materia prima en tiempo, forma y calidad, a fin de aumentar su capacidad de negociación con el proveedor de animales.

La lechería en Uruguay, históricamente, fue desarrollada por productores de tipo familiar y por pequeños y medianos empresarios. A mediados de la primera década del 2000 ocurre otro fenómeno particular: la aparición de los llamados megatambos, los cuales actualmente llegan a concentrar cerca del 10 % de la producción lechera del país.

La consecuencia inmediata es alarmante: los productores lecheros de tipo familiar van disminuyendo en número, desapareciendo. No tienen las condiciones para disputar en un mercado cada vez más competitivo.

Producción familiar

La producción familiar agrícola en Uruguay sufrió una caída del 47.5 % al 48 % entre 2006 y 2023, según informes de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (Opypa) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Este fenómeno, marcado por el envejecimiento de los productores y la falta de relevo generacional, amenaza la sostenibilidad del modelo e indirectamente concentra la propiedad de la tierra. La mayor disminución ocurrió entre productores que emplean asalariados, bajando un 43.5 % en agricultura y un 63.3 % en ganadería.

La cantidad total de productores familiares ha bajado, con una reducción notable de quienes viven en localidades de más de 5000 habitantes, pasando de unos 8000 en 2006 a 5000 en 2023.

A nivel global y según el Censo Agropecuario del 2011, el número total de explotaciones agropecuarias entre el 2000 y el 2011 se redujo un 21.4 %, descenso explicado en un 91 % por las explotaciones menores de cien hectáreas. En términos de concentración, en la actualidad un 2. 5% de las explotaciones disponen del 34 % de la tierra. Tal como indican las estadísticas, la expansión del agronegocio ha generado disminución y desaparición principalmente de productores familiares, vinculados a la lechería y ganadería familiar.

En el caso de la lechería que compite por los suelos de mayor aptitud productiva, las altas rentas que paga la soja obligan a los productores familiares, en su gran mayoría arrendatarios, a abandonar su producción. En el caso de la ganadería, la forestación con contratos de arrendamiento de largo plazo o compra de tierra actúa sobre los productores criadores, básicamente familiares. Tal desplazamiento de la producción familiar atenta sobre la sostenibilidad de actividades básicas del sistema agroalimentario.

Escribanos y terratenientes: aliados históricos

Según el Censo Agropecuario 2011 a nivel del país, un 46 % del área era explotada por sociedades y empresarios extranjeros, fenómeno que en agricultura y forestación se agrava, ya que los porcentajes suben al 71 % y 95 %, respectivamente.

Por tanto, resulta que en la agricultura y forestación pocas empresas, enormes, llevadas adelante por decisiones que se toman, muchas veces, en otros países, con sistemas productivos que generan deterioro de los recursos naturales que son de baja sustentabilidad, controlan el mayor porcentaje de la producción.

Al respecto, el sector agropecuario en Uruguay refleja claramente la evolución del precio de la tierra. En base a los datos de compraventa de tierras para uso agropecuario de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, se considera que el precio promedio de las transacciones realizadas en 2002 fue de $385 dólares por hectárea, mientras que en 2017 ascendió a 3716, siendo el segundo más alto en la historia.

De esta forma, en quince años el precio de la tierra prácticamente se multiplicó por diez. Si adicionalmente se considera que Uruguay cuenta con 16.42 millones de hectáreas de uso agropecuario, el valor total estimado de la tierra en Uruguay pasó de 6.322 millones de dólares en 2002 a 61.017 millones de dólares en 2017.

Entre el año 2000 y el primer semestre de 2017 se realizaron 36 362 operaciones de compraventa de tierras que involucraron 8.1 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente un 50 % de la superficie del país –aunque es preciso considerar que muchas explotaciones se vendieron más de una vez en el periodo−. Del total de la tierra vendida, un 62 % fue adquirida por extranjeros y/o sociedades, y solo un 38 % por productores nacionales.

El arrendamiento siguió una evolución muy similar a lo ocurrido con las ventas y precio de tierra. Destaca que el valor de renta agrícola en el año 2017 representaba en promedio 3.4 veces el valor de renta ganadera, y la renta forestal 2.33 veces la renta ganadera. Queda demostrada de esa manera la fuerte competencia que tenía la producción tradicional de Uruguay frente a la agricultura y forestación, en especial para los productores de menor tamaño de tipo familiar.

La reforma agraria bancaria

Los cambios producidos en la producción agrícola han modificado el paradigma de los años sesenta. Si en esa etapa histórica la consigna era “Tierra para quien la trabaja”, el agronegocio la vació de contenido.

Acceder a la tierra es una parte la actividad agrícola; pero, a diferencia de lo que ocurría en aquellos años, lo determinante hoy es contar con el capital de inversión para poder producir. Y ese capital de inversión nace y muere en el sistema financiero, que finalmente termina convirtiéndose en propietario de tierras. Una reforma agraria al revés.

La banca en Uruguay, principalmente el Banco República (BROU), financia la compra de tierras agropecuarias con plazos de hasta treinta años y cobertura de hasta el 90 % para pequeños productores. El mercado ha sufrido una financiarización, con alta concentración de tierras en Sociedades Anónimas (SA) y fondos de inversión, quienes controlan más del 20 % del suelo.

El proceso de concentración de tierra se ha intensificado desde el siglo XXI, impulsado por fondos extranjeros de inversión y propietarios institucionales como Estados Unidos y Finlandia. Las SA controlan una parte significativa de la tierra productiva y han realizado solicitudes que superan el 50 % de las tierras cultivables. La tierra se utiliza como activo seguro, atrayendo capitales financieros y cambiando la estructura del propietario tradicional por grupos empresariales.

En la cúspide del negocio financiero en Uruguay se habilitó la inversión en cabezas de ganado bajo un sistema Ponzi, es decir, un engaño financiero donde se pagan rendimientos a los inversores actuales con fondos de nuevos inversores, en lugar de ganancias reales. Promete altas rentabilidades con poco riesgo. El esquema colapsa cuando no hay nuevos inversores, impidiendo pagar a los antiguos y esto ha terminado en gigantescas estafas.

Se ofrecía a gente con cierto capital comprar cabezas de ganado para engorde y el capital se acrecentaba cuando los frigoríficos faenaban el supuesto animal.

El gancho del negocio era poder adquirir ganado sin tener que criarlo y sin tener campo para poder hacerlo. La verdad es que se mostraba a los supuestos animales al momento de la compra, y luego había que esperar dos años para el engorde y faena. Miles de inversores nunca cobraron ni recuperaron su capital por los animales que no existían.

El cambio climático, palanca del agronegocio

El agronegocio enfrenta una encrucijada crítica ante el cambio climático: es responsable de entre el 19 % y el 29 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), mientras sufre la disminución de rendimientos por sequías, inundaciones y plagas.

La adaptación busca producir más con menos, impulsando la agricultura inteligente con el clima. Sequías e inundaciones dificultan la planificación, las altas temperaturas aumentan la prevalencia de plagas y enfermedades. Estas son consecuencias que obligan a pensar en las estrategias de asegurar la sostenibilidad alimentaria; sin embargo, el agronegocio ha priorizado los seguros sobre las cosechas, jerarquizando las transacciones comerciales para reducir los riesgos de inversión, por encima de la alimentación humana.

Territorios en disputa

La expansión del latifundio ganadero y la especulación de los terratenientes fueron enfrentadas a mediados del siglo pasado con la creación del Instituto Nacional de Colonización y con el retorno al gobierno de una visión industrializadora del país. Entre otras medidas, entendía la importancia de radicar familias rurales en el interior del país, generando cooperativas de productores.

El Instituto enarbolaba el histórico antecedente de la Reforma Agraria Artiguista. Pasado el impulso inicial, el Instituto cayó en prácticas de clientelismo y corrupción, hasta que el primer Gobierno del Frente Amplio le hizo retomar su objetivo.

Desde principios del siglo XX, pequeños productores ya se encontraban organizados en torno a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Aunque fue una institución muchísimo más débil que la organización de terratenientes −Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural− cumplió un importante rol de contención y denuncias de las condiciones de las familias rurales.

En los años sesenta, recorrió América Latina una corriente de movimientos que cuestionaban la estructura agraria y el carácter privado de su propiedad, exigiendo el acceso a la tierra y leyes de reforma agraria.

Estos movimientos fueron duramente reprimidos por los gobiernos de la época, y los cambios introducidos por la tecnología, debilitaron sus planteos, en tanto la capitalización de la producción cobró más importancia que la propiedad de la tierra.

Algunas medidas tomadas por los gobiernos del Frente Amplio, entre 2005 y 2019, no han sido suficientes para detener el avance del Agronegocio, el cual, además, ha sido favorecido por la concepción de conveniencia de la inversión directa extranjera.

Eso ha llevado a tomar medidas erráticas; por ejemplo, tratar de gravar la expansión territorial mediante impuestos a extensiones mayores a 2500 hectáreas, al tiempo que se exonera a las grandes empresas forestales para la producción de pasta de celulosa.

Las cooperativas de producción agrícola también han jugado un rol de contención y disputa territorial frente al agronegocio, al igual que todo el movimiento agroecológico y la creación del Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas.

Hay una cuestión cultural ligada al consumo, que forma parte de esta disputa; sin embargo, por el momento obra a favor del agronegocio, en tanto ha logrado crear la matriz de las características de forma y sabor de los alimentos.

En definitiva, el avance del agronegocio en Uruguay, especialmente en el sector agrícola y forestal, ha generado cambios en la estructura agraria, con concentración productiva, aumento de las escalas y reducción del número de empresas. Los productores agrícolas que logran permanecer en la producción han debido reconvertir su sistema productivo para asimilarlo al de las nuevas empresas.