La integración latinoamericana soñada por Bolívar fue un eje central del proyecto bolivariano impulsado por Hugo Chávez, quien entendió la unidad regional como herramienta política de soberanía y justicia social. Iniciativas como ALBA, Petrocaribe, UNASUR y CELAC demostraron su potencial. Hoy, pese al debilitamiento institucional, los movimientos sociales mantienen viva la posibilidad de articulación. Analizamos las piezas principales de esa integración y entrevistamos a Laura Capote, miembro de la secretaría de ALBA Movimientos, para entender las claves.

Fotografías: Alba Movimientos, Mikel Moreno y Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI)

Caracas, Venezuela.- Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, la integración regional fue uno de los puntos clave en torno a la que se movió la estrategia bolivariana. No se trató solo de un gesto vacío, sino que fue una lectura concreta de la historia latinoamericana y de sus límites estructurales: sin unidad regional, los Estados del sur global quedan condenados a la subordinación económica, política y simbólica frente al norte global. Dejó de concebirse como un simple instrumento de facilitación comercial: el chavismo la entendió como una herramienta política fundamental para disputar soberanía, reducir dependencias históricas y construir márgenes de autonomía.

Esta visión no surgió en el vacío. América Latina arrastra desde el siglo XIX una tradición integracionista profundamente ligada a sus procesos de independencia. Simón Bolívar, San Martín, O’Higgins o Miranda comprendieron que la fragmentación heredada del orden colonial debilitaba a las nuevas repúblicas frente a las potencias externas. El subdesarrollo, la fragilidad institucional y la dependencia externa no podían abordarse eficazmente desde marcos estrictamente nacionales.

En el pensamiento bolivariano actual, como herencia del libertador venezolano, quedan decenas de citas al respecto, como las escritas en la Carta de Jamaica (1815): “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse”.

También queda la herencia de hechos concretos, como la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) con el objetivo central de crear una confederación de repúblicas recién independizadas para defender su soberanía y promover la cooperación regional.

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”, es una de las citas rescatadas de este encuentro, donde surgió el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que acordaba un marco de defensa común contra potencias extranjeras (especialmente España), arbitraje obligatorio para resolver conflictos entre Estados miembros, abolición de la trata de esclavos o ciudadanía común entre las naciones firmantes, entre otros temas. Lamentablemente, el acuerdo no prosperó, solo fue ratificado por la Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá actuales) y no se logró la integración política en aquel momento.

América Latina se convirtió en un conjunto de economías débiles, fácilmente condicionables por actores externos. Frente a ese escenario, la integración aparecía como una respuesta estructural, no coyuntural.

Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, los intentos de integración quedaron subordinados a esquemas tecnocráticos, fragmentados y, en muchos casos, funcionales a la lógica del mercado global antes que a las necesidades de los pueblos. Iniciativas como la ALALC (1960), organismo para establecer una zona de libre comercio, o la Comunidad Andina de Naciones (1969) y el MERCOSUR (1991) respondieron, en gran medida, a lógicas de apertura comercial, pero no tuvieron capacidad para incidir en los grandes problemas sociales de la región, que no eran prioritarios para los gobiernos del momento.

Del integracionismo liberal al giro bolivariano

El giro que introduce el chavismo –y que luego es acompañado por otros gobiernos revolucionarios y progresistas de la región– consiste en repolitizar la integración. No se trata solo de reducir aranceles o facilitar intercambios comerciales, sino de construir espacios comunes de decisión, cooperación energética, coordinación diplomática o defensa de la soberanía. En ese contexto surgen y se fortalecen mecanismos como el ALBA-TCP, Petrocaribe, UNASUR y la CELAC, cada uno con características distintas, pero unidos por una misma premisa: la integración como proyecto político.

ALBA-TCP: solidaridad frente al libre comercio

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que representa el intento más claro de romper con los modelos clásicos de integración neoliberal, hoy se compone de diez miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela.

Creada en 2004, fue concebida como una alternativa a los tratados de libre comercio promovidos por Estados Unidos: frente a la lógica de competencia, el ALBA propone la complementariedad, la solidaridad o la cooperación entre Estados con niveles de desarrollo distintos. Para Hugo Chávez supuso la actualización de un proyecto bolivariano postergado, y en las palabras de Nicolás Maduro podemos entender su importancia histórica: “El ALBA es el camino de la unión y la liberación de los pueblos de las Américas”.

Ha dado lugar a programas y misiones sociales compartidas, como la intervención quirúrgica de millones de personas de escasos recursos económicos, a través de la Misión Milagro; los acuerdos en salud, como la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), con sede en Cuba y Venezuela; acuerdos en educación, con programas de alfabetización para erradicar el analfabetismo en la región; o herramientas como el Banco del ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).

El ALBA introdujo una ruptura: los Estados podían coordinarse no para competir entre sí, sino para reducir asimetrías internas y regionales, demostrando que era posible construir otro tipo de unión regional, centrada en las necesidades sociales y no únicamente en balances económicos.

Petrocaribe: la energía como herramienta de soberanía

En una línea complementaria, Petrocaribe (creado en 2005) se convirtió en una de las iniciativas más importantes de integración solidaria, reuniendo a diecinueve países de la región. A través de acuerdos energéticos favorables, Venezuela permitió a numerosos países del Caribe y Centroamérica acceder a hidrocarburos en condiciones de pago flexibles, incluyendo pagos diferidos y compensación con bienes o servicios, liberando recursos para inversión social y fortaleciendo la autonomía económica de Estados históricamente dependientes.

Más allá de su dimensión energética, Petrocaribe funcionó como una plataforma política que reforzó la cooperación regional y redujo la vulnerabilidad de sus miembros. “Es un compromiso que tenemos independientemente de la situación internacional y del precio del petróleo”, afirmó Chávez en 2009.

Petrocaribe generó un entramado de cooperación que fortaleció vínculos políticos y permitió pensar la energía como un bien estratégico al servicio del desarrollo regional. Su debilitamiento posterior refleja, en buena medida, el impacto combinado de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, que produjeron la crisis económica en este país, y el reposicionamiento geopolítico de varios gobiernos que giraron hacia la derecha.

UNASUR y la autonomía geopolítica regional

Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) buscó en 2008 dar un salto cualitativo al articular la integración en clave geopolítica. UNASUR incorporó áreas como la defensa, la infraestructura, la salud y la resolución de conflictos regionales sin tutela externa. La creación del Consejo de Defensa Suramericano, por ejemplo, no buscaba ser una alianza militar clásica, sino un foro para consolidar la región como una zona de paz, apuntaba a reducir la dependencia militar y a generar confianza mutua entre países.

La actuación de UNASUR en episodios de desestabilización evidenció su potencial como espacio autónomo de resolución de conflictos: su actuación en momentos de crisis políticas, como en Bolivia o Ecuador, demostró que la región podía contar con mecanismos propios de mediación y estabilidad, sin recurrir automáticamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) o a actores extraregionales. Sin embargo, la falta de institucionalidad robusta y la retirada de varios Estados miembros terminaron por paralizar el organismo, revelando la fragilidad que lo sostenía.

CELAC: una voz propia sin tutelajes

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) representa el esfuerzo más amplio de integración política latinoamericana y caribeña: logró reunir a todos los países de la región sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá. Su creación en 2011 respondió a una necesidad histórica: contar con un espacio propio de concertación regional, capaz de expresar posiciones comunes en el escenario internacional.

Así, en su primera cumbre, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, la calificó como “la sentencia de muerte a la interferencia estadounidense en América Latina”, mientras que Chávez dijo que nacía “una unión política para constituir un mayor centro de poder en el siglo XXI excluyendo a los Estados Unidos”.

A través de ella, América Latina y el Caribe han sostenido diálogos formales con la Unión Europea, China, Rusia y otros actores internacionales, reforzando la idea de que la región puede actuar como comunidad política cuando existen consensos. Funciona como un mecanismo intergubernamental de diálogo político y toma de decisiones por consenso, lo que explica tanto su potencial como sus límites. Su dinamismo ha dependido en gran medida del impulso que le han dado determinados gobiernos, lo que ha generado períodos de mayor actividad y otros de relativo estancamiento.

El retroceso integracionista y sus causas políticas

Sin embargo, buena parte de estos mecanismos atraviesan hoy un período de debilitamiento o parálisis. Se han nombrado previamente algunas de las razones para este retroceso, pero los cambios de orientación política hacia la derecha en varios países, el retorno de agendas abiertamente alineadas con Washington, la judicialización de la política y las crisis económicas erosionaron los avances logrados durante la primera ola de integración del siglo XXI.

Muchas estructuras institucionales se debilitaron, unos procesos se estancaron y otros se paralizaron. Esa fragilidad está estrechamente ligada a una constante tensión entre soberanía nacional, integración regional y poder hegemónico externo: la integración en América Latina nunca alcanzó un carácter plenamente supranacional y dependió siempre de la voluntad política de los Estados.

Movimientos sociales y articulación continental

Frente a ese panorama institucional nos debemos fijar en otras estructuras que han aprovechado la integración para fortalecerse: las redes de movimientos sociales, que continúan sosteniendo articulaciones regionales activas. No son meros observadores:  organizan solidaridad, brigadas y canales alternativos de cooperación que, en muchos casos, han llenado vacíos donde la diplomacia estatal flaquea.

Para ilustrar cómo funcionan estas dinámicas desde la práctica –aprovechando su visita a Venezuela como parte de una brigada de solidaridad con Venezuela tras la agresión militar por parte de EE. UU.–, conversamos con una militante colombiana de la articulación continental que hace de puente entre la experiencia estatal del ALBA y los movimientos sociales. Laura Capote, de la Secretaría Continental de ALBA Movimientos, nos explica las estructuras, límites y prácticas operativas que ayudan a comprender por qué la unidad regional no ha desaparecido.

En primer lugar, Laura subraya que la debilidad de los organismos multilaterales se debe, en buena medida, a una construcción que nace de la relación entre gobiernos y no siempre incluye la participación de los pueblos:

«Precisamente las debilidades de lo institucional han sido más evidentes en los últimos meses, con toda la arremetida en contra de Venezuela. Siempre la política multilateral, los organismos multilaterales han tenido unas limitaciones, y es que se construyen a partir de una serie de élites de las relaciones internacionales que representan los distintos Estados, pero que realmente no construyen desde abajo la articulación, desde los pueblos».

Esa constatación es la base de una estrategia alternativa: la diplomacia de los pueblos. Laura explica cómo ALBA Movimientos ha trabajado para construir una articulación continental con el horizonte del ALBA, pero partiendo de las necesidades concretas de la gente:

«Nosotros, desde ALBA Movimientos, que es una de estas plataformas, aunque afortunadamente son muchas más, hemos tratado de construir una articulación en el continente con el horizonte del ALBA o ALBA-TCP, esos horizontes que construyeron los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, pero desde la perspectiva de los pueblos, como ellos mismos nos han convocado: pensar la integración desde las necesidades de los pueblos y construir a partir de esas necesidades concretas, pero desde la solidaridad específica, como la que actualmente vive Venezuela. Trabajamos para construir elementos que permitan que esa solidaridad vaya por canales más fáciles, que se articule de una manera más sencilla y que no dependa de los Estados».

En la práctica, esa diplomacia popular funciona a través de una estructura orgánica y descentralizada: ALBA Movimientos cuenta con representación en más de veinticinco países y una estructura permanente que permite, por ejemplo, canalizar solidaridad sin depender exclusivamente de los gobiernos. Esa capacidad operativa resulta estratégica cuando las instituciones estatales se encuentran debilitadas.

Laura no oculta que también hubo errores y limitaciones desde los propios Estados y sus proyectos integracionistas. Señala la distancia histórica entre la actividad institucional y los movimientos sociales como una debilidad política que dificulta la sostenibilidad de los procesos:

«Son muchas esas debilidades. Una de ellas es la propia debilidad del derecho internacional y de la construcción de los mecanismos multilaterales. Están encorsetadas en una lógica, que es liberal, que defiende el statu quo burgués, por lo que es muy difícil desde estos construir un espíritu revolucionario o realmente integracionista desde una perspectiva bolivariana. Tal vez haber mantenido durante tantos años una distancia entre los espacios de articulación de los movimientos o desde el pueblo organizado con los espacios más institucionales es una de las principales debilidades. Se ha tratado en los últimos años de acercar esa brecha».

Esa autocrítica apunta a una lección operativa clara: la integración estatal necesita anclaje social. Laura apunta también a problemas de diseño institucional que afectan la posibilidad de políticas estratégicas sostenidas.

«Otra dificultad es quién lleva la cabeza de estos organismos. En el caso de la CELAC, la presidencia pro tempore la tiene Colombia, pero ahí ha habido momentos en los que este papel lo tienen gobiernos que son de otro corte, y eso le baja el tono a la estructura. Ahí también habría que preguntarse sobre esta ‘rotatividad’, que es permanente y anual, o cómo se gestionan estos propios mecanismos. Tal vez tener una presidencia más larga podría permitir una política que se desarrolle en el tiempo. Porque hoy por hoy, por este motivo, no se permite una línea política clara».

La voz de los movimientos aporta además una lectura práctica sobre el valor recíproco de la solidaridad regional: Venezuela no solo recibió solidaridad; también fue fuente de cooperación. Laura recuerda el carácter bidireccional del vínculo solidario que se construyó durante la etapa de Petrocaribe y ALBA:

«La integración regional ha sido, precisamente, por principio de la Revolución bolivariana. El comandante Chávez, cuando construye la propuesta de la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, plantea que la integración de Venezuela con la región es un deber de primer orden. Eso permite que en momentos muy difíciles que ha vivido Venezuela haya un pueblo que a nivel continental ha respondido solidariamente a las necesidades de Venezuela. Y no solo pensando en la solidaridad desde afuera hacia Venezuela, sino que Venezuela ha sido un pueblo profundamente solidario y generoso con la región, en particular con los pueblos del Caribe. Obviamente es muy icónico el proyecto de Petrocaribe».

Ese enfoque multidireccional refuerza la idea de que la integración es un proceso de redes mutuas de apoyo, no una transferencia unívoca de recursos.

La movilización es otra dimensión clave. La experiencia de brigadas y de solidaridad directa demuestra la intensidad de la diplomacia de los pueblos. Laura cuenta cómo, desde Colombia, los movimientos respondieron de forma inmediata ante el reciente bombardeo en Venezuela, asesinato de decenas de personas, civiles y militares, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente y diputada Cilia Flores; no se trata de una diplomacia improvisada desde la cúpula, sino de respuestas construidas en los territorios, con conocimiento y arraigo:

«Nosotros construimos la Brigada respondiendo a la necesidad de nuestro propio movimiento: viendo el 3 de enero en la madrugada lo que estaba sucediendo en Caracas, nos encontramos con los propios compañeros en los territorios diciendo ‘¿qué vamos a hacer?’ No fue que los responsables internacionales dijéramos ‘a ver qué nos vamos a inventar’, sino que la misma gente en los territorios planteaba que debíamos hacer algo, que debíamos venir. Para saber qué es lo que necesita el pueblo venezolano, para que sepan de nuestra solidaridad, tuvimos que cruzar las cordilleras, atravesar el país y atravesar media Venezuela para llegar a Caracas para expresar justamente esa solidaridad que nos parece fundamental».

Finalmente, la interlocución entre movimientos y organismos intergubernamentales aparece como una demanda operativa urgente: los movimientos exigen que foros como UNASUR o la CELAC no se limiten a declaraciones formales, sino que adopten acciones concretas ante agresiones exteriores y que incorporen a los pueblos en sus instancias de diálogo. Laura sintetiza esa exigencia con contundencia:

«Es urgente que nosotros reforcemos y exijamos que desde espacios como UNASUR o la CELAC haya una política mucho más allá de la condenatoria solamente a través de comunicados contra las acciones de Estados Unidos y por la libertad del presidente Maduro. La CELAC tiene que hacerlo, aún no lo ha hecho, pero estamos a la espera de que eso suceda. Todos los mecanismos que existen, como la UNASUR o la CELAC, debemos reforzarlos, y debemos exigir que estos instrumentos tengan una política condenatoria real».

Esa petición es, en el fondo, demandar coherencia: que las instituciones no solo asuman la palabra, sino medidas diplomáticas, legales y políticas que respalden la soberanía y la autodeterminación frente a presiones externas.

Reconstrucción de la unidad

La historia reciente demuestra que los mecanismos estatales de integración (ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC) produjeron resultados palpables y sentaron bases estratégicas. Su debilitamiento responde a diversas causas internas y externas, pero no borra la experiencia ni las redes creadas. Al mismo tiempo, los movimientos sociales han mantenido vivo un tejido de solidaridad y diplomacia popular que opera como reserva estratégica y motor potencial para un relanzamiento.

En el camino de recuperar un proyecto de integración soberano y social, la reactivación no será simplemente la reescritura de esquemas institucionales anteriores: la institucionalidad estatal debe adquirir mayor continuidad, y la legitimidad social se debe convertir en parte constitutiva de la toma de decisiones. Las palabras de Laura Capote y la práctica de ALBA Movimientos muestran que este tejido existe y que la articulación entre lo institucional y lo popular es la llave para recuperar la integración en clave de justicia social y autonomía.