Tras dos años de ofensiva israelí, la comunidad internacional concluye que se han cometido actos de genocidio en Gaza. El saldo supera los sesenta y siete mil civiles asesinados y la destrucción del 92 % de los edificios residenciales. Esta destrucción masiva ha sido posible gracias al financiamiento de países como EE. UU. y la participación de corporaciones como Lockheed Martin, Google y BlackRock en una «economía del genocidio».

Fotografías: Themba Linden/OCHA

México.– Han transcurrido dos años desde el 7 de octubre de 2023, cuando el Estado de Israel intensificó la más brutal de sus ofensivas históricas contra el pueblo palestino residente en la Franja de Gaza. Estos ataques, enmarcados en un proceso de ocupación que se ha extendido por más de setenta y seis años, han marcado un periodo de profunda oscuridad para la humanidad. Dicho periodo se caracteriza por el asesinato masivo y sistemático de un pueblo, sumado a la destrucción total de su territorio, el desplazamiento forzado de sus habitantes y la inducción de la hambruna entre hombres, mujeres, niños y niñas.

El mundo entero, incluyendo organismos internacionales y gobiernos de todos los continentes, ha condenado este proceso bajo el término de genocidio. Este señalamiento se basa en el recuento oficial proporcionado por el Ministerio de Salud de Gaza, y que ha sido corroborado por agencias de la ONU y otras entidades, indicando que el Ejército israelí ha asesinado a más de sesenta y siete mil civiles en estado de indefensión.

A pesar de las alarmantes cifras, esta estadística es considerada una «estimación muy conservadora», como declaró Fathi Nimer, analista de Al-Shabaka. Expertos y académicos advierten que el número real es considerablemente mayor, si se incluye a miles de cuerpos que se presumen enterrados bajo los escombros de los edificios destruidos. La relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, llegó a estimar, a partir de estudios de expertos, que la cantidad de palestinos exterminados fácilmente podría situarse entre 600 mil y 800 mil. De forma paralela, el exjefe del Ejército israelí, Herzi Halevi, reconoció que más de doscientas mil personas han sido asesinadas o heridas en la Franja de Gaza, una cifra que equivale a uno de cada diez habitantes del territorio. Estudios independientes también han calculado que la cifra total de muertes por lesiones traumáticas podría superar las setenta mil para octubre de 2024 y ascender a unos ochenta mil para enero de 2025.

El alto al fuego acordado entre el Estado de Israel y Hamás el 10 de octubre no puso fin a los crímenes de lesa humanidad. El acuerdo, mediado por Donald Trump, no ha significado el cese total del genocidio, ya que los ataques han continuado. Un ejemplo de esto fue el bombardeo israelí registrado el 20 de octubre contra una escuela de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en Nuseirat, que servía de refugio a familias palestinas desplazadas, lo que resultó en la muerte de cuatro personas.

La arquitectura de la ocupación

La pausa en los combates se enmarca en la intención de Washington y Tel Aviv de conseguir por medios políticos la victoria que la fuerza militar israelí no ha logrado obtener a través de la muerte, forzando un ultimátum a la resistencia palestina para su rendición y desarme. El plan de 20 puntos de Trump busca establecer a Gaza como un protectorado norteamericano, supervisado por una junta internacional de paz presidida por el propio Trump. La propuesta condiciona la retirada israelí al desarme completo de Hamás, permitiendo a Israel mantener el control de la mitad del enclave palestino a través de un “perímetro de seguridad” permanente. La presencia del Ejército israelí estaría justificada indefinidamente bajo el pretexto de «impedir la reconstrucción de las capacidades de Hamás», asegurando así la continuación de la ocupación.

La iniciativa de Trump posee un claro matiz colonial, manifestado en la imposición de una gobernanza tecnocrática controlada por actores externos, y la exigencia de la «desradicalización» de Gaza, lo cual implica la renuncia total a la identidad y narrativa palestinas. Hamás ha valorado positivamente los esfuerzos que buscan el fin de los ataques, la retirada israelí y el intercambio de prisioneros, pero ha criticado el plan por considerarlo un marco que, aunque se presente como un acuerdo de paz, opera como un ultimátum de rendición.

El consenso ineludible del genocidio

A estas alturas, el debate sobre si los actos de Israel cumplen con la definición de genocidio se considera un punto de partida superado o incluso anacrónico. La comunidad internacional y los expertos han alcanzado un consenso abrumador. El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó oficialmente que Israel ha perpetrado cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención de 1948. La Comisión basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2025.

Días antes, la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS), la principal asociación mundial de expertos en este crimen, aprobó con un 86 % de los votos una resolución que declara que la conducta de Israel cumple con la definición legal de genocidio. Juristas y catedráticos de derecho penal internacional de todo el mundo afirman que «hay un genocidio en marcha» y que las acciones israelíes «ya no dejan lugar a ninguna duda acerca de la intención de los responsables israelíes» de destruir total o parcialmente al grupo palestino.

El componente de la intención genocida se ha hecho explícito en la retórica de altos funcionarios israelíes. El exjefe de inteligencia militar, Aharon Haliva, llegó a declarar que el hecho de que ya hubiera cincuenta mil muertos en Gaza era “necesario y requerido para generaciones futuras” y que por cada persona víctima del 7 de octubre, cincuenta palestinos deben morir, sin importar si son niños. El presidente de Israel, Isaac Herzog, culpó a «toda la nación» palestina por el ataque del 7 de octubre, afirmando que la narrativa de que los civiles no participaron es «absolutamente falsa». Además, el entonces ministro de defensa, Yoav Gallant, impuso un asedio total (sin electricidad, comida, agua ni combustible) y declaró que estaban luchando contra «animales humanos» y que actuarían en consecuencia.

El macabro balance de la destrucción incesante

El balance humano de los dos años de ofensiva es desolador. Los datos del Ministerio de Salud de Gaza, validados por organismos de la ONU, indican que 67 200 seres humanos han sido exterminados por el Ejército israelí, todos en estado de indefensión. Una tercera parte de las víctimas, más de veinte mil, son niños y niñas, una estadística que UNICEF ha calificado como «una generación perdida».

El balance del genocidio muestra que los niños y niñas han sido desproporcionadamente afectados. Más de veinte mil de los asesinados eran menores. Al menos quince mil de ellos eran menores de doce años. Se ha documentado que más infantes han sido asesinados en los primeros cuatro meses del ataque israelí que en todos los conflictos del mundo en los últimos cuatro años.

La tragedia se extiende a los heridos, que superan los ciento setenta mil seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que veintiún mil niños y niñas palestinos han quedado discapacitados desde octubre de 2023, y que más de dieciocho mil menores han sido asesinados y muchos más heridos, dejando cuerpos que, en muchos casos, son poco más que esqueletos debido a la desnutrición.

El genocidio también se ha cobrado vidas a través del hambre, deliberadamente utilizada como arma de guerra. Han muerto cerca de quinientas personas por desnutrición y hambre, incluyendo a 151 niños y niñas. La situación se agrava por los asaltos en los puntos de distribución de ayuda, donde, según algunos medios de comunicación, alrededor de 2 300 y 2 600 palestinos (niños, mujeres, hombres y abuelos) han sido abatidos por soldados mientras hacían fila en busca de comida.

La ofensiva ha generado un alto número de víctimas entre el personal esencial para el funcionamiento de Gaza. Aproximadamente mil setecientas personas dedicadas a labores sanitarias, como médicos y enfermeros, han sido asesinadas. Cayeron doscientos setenta periodistas y aproximadamente quinientos setenta trabajadores humanitarios de la ONU y varias ONG, incluyendo unos trescientos diez trabajadores de la UNRWA.

La ofensiva se ha caracterizado por la destrucción sistemática de la infraestructura, una política calificada de «urbicidio» y de herramienta de genocidio. La destrucción busca volver el enclave inhabitable. Se estima que el 92 % de los 436 000 edificios residenciales y el 91,8 % de las escuelas y universidades han sido destruidos total o parcialmente. El uso de armas de destrucción masiva, como bombas incendiarias cargadas de fósforo blanco (prohibidas por la ONU) y bombas cargadas de metralla que causan múltiples amputaciones, ha sido una práctica común en esta operación de limpieza étnica.

Hambruna y limpieza étnica como armas de guerra

La hambruna ha sido activamente utilizada como arma de guerra. Israel ha mantenido un cerco militar infranqueable que ha impedido la entrada de por lo menos seis mil camiones cargados con ayuda humanitaria durante los dos años del asedio. La negación deliberada de acceso a alimentos y agua ha sido señalada por Human Rights Watch como uso de la hambruna como arma de guerra.

El impacto de esta política fue confirmado el 22 de agosto de 2025, cuando la ONU declaró oficialmente la existencia de una hambruna generalizada en Gaza, algo inédito en la historia de Medio Oriente.

El desplazamiento forzoso también ha sido una estrategia clave para la limpieza étnica. Casi la totalidad de la población gazatí, cerca de 1,9 millones de personas, ha sido obligada a huir múltiples veces, encontrando cada vez menos territorio disponible para escapar. El 82 % del enclave está bajo control militar israelí o sujeto a órdenes de traslado forzado.

Complicidad internacional y la respuesta del sur global

El genocidio ha contado con un financiamiento significativo por parte de los países del norte global. Estados Unidos ha proporcionado hasta agosto de 2025, además de apoyo militar directo, veintidós mil millones de dólares en «ayuda militar» y solicitado treinta y cuatro mil millones de dólares. El senador Bernie Sanders ha denunciado que Estados Unidos ha financiado el 70 % del genocidio.

Por otro lado, el informe de la ONU titulado «La economía del genocidio», publicado por Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, revela cómo diversas entidades corporativas, tanto israelíes como internacionales, están sosteniendo activamente la ocupación ilegal y, por ende, el genocidio en Palestina. Se ha documentado que esta “economía del genocidio” ha estado operando desde octubre de 2023 hasta junio de este año. Los sectores empresariales implicados son cruciales e incluyen el armamentístico, tecnológico, de construcción, de servicios y financiero, y sus actividades abarcan el negocio de la eliminación, la vigilancia, la destrucción del territorio, la provocación de muertes por hambre, el turismo y el financiamiento directo de la ocupación. Ante esta profunda estructura de implicación corporativa que se beneficia de los crímenes en los territorios palestinos, el informe resalta la urgencia de un proceso de rendición de cuentas para las empresas y sus ejecutivos, en el marco de las normas internacionales de derechos humanos.

Entre las corporaciones señaladas, se encuentran fabricantes de armas clave como Lockheed Martin (EE. UU.), cuyos jets F-35 y F-16 han arrojado una cantidad sin precedentes de bombas sobre Gaza, y Elbit Systems (Israel), que coopera estrechamente en operaciones militares y desarrolla sistemas para expulsar a los palestinos. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Alphabet (Google) y Amazon han obtenido contratos millonarios (Proyecto Nimbus) para proporcionar infraestructura de inteligencia artificial y tecnología central para la vigilancia y la toma de decisiones militares israelíes. En el sector de la construcción, Caterpillar Inc. (EE. UU.) ha suministrado equipos utilizados para demoler hogares palestinos, y su excavadora D9 se ha transformado en un armamento central del ejército.

Dentro de este radar de multinacionales, se destaca la empresa Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, que ha permitido la explotación intensiva de agua y tierra en Cisjordania, contribuyendo al desplazamiento de agricultores palestinos. Netafim es, a su vez, propiedad en un 80 % de Orbia Advance Corporation, una empresa de capital mexicano, vinculada a la familia Del Valle, que cuenta con un oscuro historial en México, incluyendo el desastre por negligencia en la Planta Derivados Clorados III en 2016.

La implicación financiera también es vasta, con bancos y gestoras de activos como BNP Paribas, Blackrock y Vanguard, las cuales invierten masivamente en empresas de armas y bonos del tesoro israelíes, financiando así el presupuesto militar y el asalto a Gaza.

Mientras tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto el 21 de noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de guerra Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya había determinado en enero de 2024 que Israel estaba cometiendo «de manera plausible» un genocidio.

Ante la complicidad global, el Gobierno de Colombia se ha destacado en América Latina por su acción contundente, siguiendo los pasos de Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Israel en 2009. Colombia condenó la situación como genocidio, cortó relaciones diplomáticas, prohibió la compra de armas, decretó un embargo energético total sobre el carbón (que representaba más del 50 % de las importaciones israelíes de carbón antes de la prohibición) y anunció la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Israel. Otros países latinoamericanos como México, Chile, Bolivia, Cuba, Belice y Brasil se han sumado a la demanda presentada por Sudáfrica ante la CIJ.

El balance de dos años de ofensiva israelí en Gaza es macabro e ineludible, marcado por el consenso internacional de que se está perpetrando un genocidio, un señalamiento que se basa en la destrucción total, el desplazamiento forzoso y el uso deliberado de la hambruna como arma de guerra. A pesar de que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de guerra Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y la Corte Internacional de Justicia determinó un genocidio «de manera plausible,» la masacre ha continuado.

Este exterminio cuenta con el vasto financiamiento militar de países como Estados Unidos y está siendo activamente sostenido por una «economía del genocidio» que implica a entidades corporativas globales en sectores armamentísticos, tecnológicos y financieros. Mientras naciones del sur global, como Colombia, rompen relaciones y embargan energéticos en protesta, la realidad en el enclave es la de una población en estado de indefensión, con más de sesenta y siete mil vidas exterminadas y la intención de los responsables israelíes, sin dejar lugar a ninguna duda, de destruir total o parcialmente al grupo palestino.